TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura mexiquense solicitó al secretario de Comunicaciones de la entidad, Luis Gilberto Limón Chávez, un informe -que deberá ser remitido en un plazo de 10 días- sobre el estado que guarda el proceso para multar con 38.3 millones de pesos a la empresa Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., subsidiaria de Aleatica, por las irregularidades detectadas en la auditoría del despacho externo PriceWaterhouseCoopers en 2016. El punto de acuerdo promovido por Morena, fue rechazado por los 12 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y avalado por 60 votos del resto de las bancadas, a excepción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos dos legisladores no se pronunciaron. El informe debe especificar si ya inició el nuevo procedimiento administrativo de sanción contra el Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. para el cobro de la multa por 38.3 millones de pesos, impuesta por las 163 irregularidades detectadas en la obra equivalentes a mil 94 millones de pesos, señalando la fecha de la notificación a la empresa. También incluirá detalles sobre si ya disminuyó el monto de inversión del Viaducto en una cantidad igual a las irregularidades detectadas (mil 94 millones), y las razones por las que no se han dejado sin efecto los incrementos extraordinarios de tarifa autorizados en 2011, a partir de una supuesta sobreinversión que resulta, parcial o totalmente, de las 163 irregularidades. Derivado del escándalo desatado por la filtración de las llamadas en las que el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, “gestiona” vacaciones para su familia en un complejo hotelero de la Riviera Maya, propiedad de OHL, el gobierno estatal encomendó a la consultora externa Price WaterHouseCopper una auditoría técnica, legal y financiera de la obra. Modificaciones no autorizadas El 19 de agosto de 2016, el gobierno del Estado de México hizo público el Reporte Único que revela ausencia de evidencia sobre las autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones o del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem) para modificar los Proyectos Ejecutivos y/o trabajos adicionales, como lo obliga el Título de Concesión, para ampliar el plazo de vigencia de la concesión por inversión adicional (sobreinversión). El título de concesión además especifica que las modificaciones al proyecto o al trazo, así como las sobreinversiones y obras adicionales que no hubieran sido previamente autorizadas por la Secretaría o por el Saascaem, “no constituyen un motivo válido para ampliar el plazo de vigencia de la concesión” y tampoco pueden ser incluidas con cargo al proyecto financiero. “El Título de Concesión no faculta a la Secretaría y/o al Saascaem a autorizar incrementos extraordinarios de la tarifa, sólo permite los incrementos anuales, a ser realizados en el mes de enero de cada año calendario en función de la inflación, y una ‘actualización anticipada’ de la tarifa, en caso de que el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor entre el último incremento anual y el siguiente, fuera mayor al 5%”, especificó la diputada Monserrat Ruiz. Pese a ello, recordó que “en mayo de 2011 la Secretaría modificó la concesión a partir de unas supuestas sobreinversiones y trabajos adicionales por dos mil 766 millones de pesos” que no fueron autorizados. En el Acuerdo 01/2011, dijo, el gobierno del Estado de México autorizó cuatro incrementos extraordinarios de 25% más inflación, en cada uno de los años comprendidos en el período 2013-2016, “lo que representa un incremento extraordinario de 144% más inflación, si tomamos como base la tarifa aplicable en 2012”. El 22 de agosto de 2016, recordó la morenista, el gobierno estatal anunció su determinación de sancionar a VB con 38.3 millones de pesos, que representan apenas 3.5% por ciento del excedente adicional del monto de la inversión. El 12 de abril de 2018 Miguel Ángel Burguete García, juez octavo de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan, amparó a Aleatica contra la sanción, al considerar que el Saascaem no tenía facultades para iniciar un procedimiento administrativo sancionador en su contra. El Saascaem promovió un recurso de revisión, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en Materia Administrativa confirmó la sentencia del juez el 9 de agosto de 2018. Sin embargo, todas las sentencias dejan a salvo el derecho del gobierno mexiquense para iniciar un nuevo procedimiento administrativo de sanción en contra de VB por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, y ninguna resolvió de fondo el asunto, ni exoneró a Aleatica y/o a VB. “Inexplicablemente, en su comparecencia de fecha 8 de octubre de 2018, ante esta Soberanía, el secretario de Comunicaciones manifestó no saber qué había pasado con la multa impuesta a VB”, puntualizó.