Migrantes en la frontera: La ilegal lista de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La situación de los más de 6 mil migrantes centroamericanos varados en Tijuana es cada vez más deses­perada: en medio de un clima frío y lluvioso y sin albergues adecuados, tienen que someterse a un procedimiento tachado de ilegal por la organización Al Otro Lado, que incluso ya demandó a la titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tal procedimiento consiste en inscribirse en una lista de petición de asilo. Pero el gobierno estadunidense no piensa atender favorablemente ninguna de esas peticiones, en tanto que las autoridades migratorias mexicanas se pliegan a los dictados de Washing­ton y “oficializan” la elaboración de esa inútil lista.

Cada día la situación se vuelve más desesperada para los integrantes del éxodo centroamericano varados en Tijuana: lluvia, frío y más de 6 mil personas en la lista de espera para pedir asilo en Estados Unidos; los primeros que llegaron a esta ciudad fronteriza aún tardarán meses en tener una cita con las autoridades estadunidenses.

Esa lista de espera no sólo es inmensa, sino ilegal, según la organización binacional Al Otro Lado.

Forma parte de una serie de medidas –ilegales todas, según la organización– que tomó el gobierno de Donald Trump dentro de sus políticas “Vuelta” y “Tolerancia Cero”, diseñadas para impedir que los integrantes de las caravanas entreguen su solicitud de asilo a Estados Unidos.

Al Otro Lado planteó estos argumentos en una demanda colectiva interpuesta ante una corte de California contra Kirst­jen Nielsen –titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos– y dos responsables de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el pasado 12 de octubre.

En ese documento, del que Proceso tiene copia, la organización sostuvo que “estos métodos ilegales incluyen la cooperación con las autoridades migratorias de México y otras terceras partes para implementar un sistema de ‘dosificación’ o lista de espera que genera demoras irrazonables y peligrosas para la vida de los solicitantes de asilo”.

“Es una táctica para que la gente se deses­pere”, denunció ese día David Abud, uno de los integrantes de la organización Pueblos Sin Fronteras, que acompañó la caravana durante su cruce por México.

Dicha “táctica” está funcionando, pues con el tiempo se agudiza la exasperación y se disipa la esperanza. Además, la noche del 28 de noviembre y a lo largo del día siguiente cayó una lluvia intensa sobre el campamento, que lo convirtió de nuevo en un inmenso lodazal; los más de 6 mil integrantes del éxodo amontonados ahí –entre ellos mil 147 mujeres y mil 68 niños– se empaparon, pasaron frío y, por si fuera poco, la comida escaseó. Hasta mitad de la semana pasada, 453 personas pidieron su retorno voluntario. 

El pasado 29 de noviembre, integrantes del éxodo centroamericano anunciaron el inicio de una huelga de hambre –cuyos participantes se turnarán por grupos de 25 en la garita de El Chaparral– para que el gobierno de Estados Unidos reciba a más solicitantes de asilo por día –sean mexicanos o centroamericanos– y que el de México agilice el otorgamiento de visas humanitarias.

Condiciones inhumanas

La demanda contra Nielsen señala que, además de la lista de espera, los agentes “obligan a los solicitantes de asilo a esperar en el puente, en el área de preinspección o en un albergue, hasta que se abra un espacio adecuado en el puerto de entrada, o simplemente dicen a los solicitantes de asilo que no pueden procesar sus casos porque el puerto de entrada está ‘lleno’ o ‘en su capacidad’”.

Al Otro Lado, presente en Los Ángeles y Tijuana, sostiene que “con base en la información disponible y nuestra opinión, el pretexto de que existe una falta de capacidad es falso”.

“Es el gobierno de Estados Unidos, uno de los más poderosos y más ricos en el mundo, que puede instalar una base militar en Irak en dos semanas, y ¿no puede averiguar con tantos recursos cómo procesar un grupo de refugiados tan grande de manera digna? ¿Los soldados están en la frontera y no pueden ayudar? La CBP es la agencia de la policía federal más grande del país. ¿Cómo es que no tiene suficiente personal?”, pregunta la abogada Nicole Ramos, directora del proyecto de derechos fronterizos de Al Otro Lado, en entrevista con este semanario.

Al igual que su antecesor, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador negocia con la administración de Trump un acuerdo para que México se convierta en un Tercer País Seguro, confirmó The Washington Post el pasado 20 de noviembre. Según el rotativo estadunidense, dicho plan se llamaría “Quédate en México”.

Con este acuerdo, un solicitante de asilo permanecería en México hasta que una corte de migración determine si le otorga protección o no, como lo había revelado previamente Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.

Marcelo Ebrard Casaubón, ahora canciller, dijo el 27 de noviembre que “no podemos determinar el ritmo con el cual están siendo entrevistados”, y añadió que “esto no es una negociación bilateral”. Declaró que, por una “disposición legal en Estados Unidos”, las personas que pretenden pedir asilo no pueden internarse a ese país, por lo que México debe “prepararse para asumir que parte (del éxodo) va a estar aquí durante meses”.

De manera extraoficial, un integrante del equipo de transición dijo a Proceso que no recibió ninguna propuesta formal del acuerdo –afirmó que se enteró del nombre “Quédate en México” en The Washington Post–, pero que se han explorado “opciones” con la administración de Trump.

En el gobierno actual hay miedo de que las autoridades estadunidenses cierren el paso a las entrevistas, lo que complicaría más la situación en Tijuana; además, Trump ya amagó con cerrar de nuevo la frontera en esa ciudad, el cruce fronterizo más transitado del planeta, en caso de que los integrantes del éxodo se atrevieran a cruzar.

Escasas esperanzas

La demanda de Al Otro Lado contiene 11 casos de solicitantes de asilo mexicanos y centroamericanos –mujeres en su mayoría– que fueron víctimas de las acciones ilegales de la CBP; el motivo de la demanda de cuatro de ellos fue por haber sido replegados hacia Tijuana bajo amenazas de detención y deportación.

Sus nombres se sumaron a los cientos que cada día anotan migrantes en un libro, debajo de una pequeña carpa azul instalada en las afueras de la garita de El Chaparral; a cada grupo de 10 personas le asignan un número que definirá la fecha de su cita con las autoridades estadunidenses, meses después. “Trabajamos con el Grupo Beta” –una rama del Instituto Nacional de Migración (INM)–, indicó uno de los voluntarios a Proceso el 20 de noviembre.

“No es una lista que tenga alguna autoridad propiamente: la CBP informa al Grupo Beta sobre el número de solicitudes que puede recibir, lo usual es un promedio de 50 personas, pero depende del espacio que tiene la CBP”, dice a este semanario Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, titular del Consejo Estatal de Atención al Migrante.

Esta práctica informal se inició en el verano de 2016, cuando miles de haitianos llegaron a Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos. En ese entonces el INM asumió la labor de entregar “fichas” a los migrantes para determinar la fecha de su turno. Cesó unos meses, hasta que se instauró de manera permanente a principios de este año.

“El gobierno mexicano y el de Estados Unidos dicen que no están encargados de la lista, que los migrantes se organizan entre ellos para hacerla, pero es obviamente una mentira. La lista va cada noche con Grupo Beta y cada mañana se la dan a los voluntarios”, señala Ramos.

La demanda de Al Otro Lado no es la única en cuestionar la legalidad de la lista: Cuatro familias centroamericanas enviaron una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que denunciaron una “práctica peligrosa e ilegal actualmente implementada conjuntamente” por México y Estados Unidos (Proceso 2192).

La colaboración del INM para impedir el ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos forma parte de la amplia lista de acciones diseñadas por el gobierno de Trump contra las caravanas, como el despliegue de cerca de 6 mil militares en la frontera –por un costo de 200 millones de dólares y con la instrucción de usar la fuerza letal “en caso de considerarlo necesario– o la instalación de alambres de púas en la barda fronteriza.

Un análisis publicado el 29 de noviembre por el Instituto para las Políticas de Migración –con base en Washington– recordó que en meses recientes Trump trató de rechazar a más solicitantes, intentó eliminar la violencia doméstica o de las pandillas como motivos de petición de asilo y ejerció una “presión enorme” sobre México para “detener, disuadir y retornar extranjeros que cruzan hacia la frontera con Estados Unidos”.

Una de las opciones, planteó el estudio, sería que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denunciara las violaciones al derecho internacional de Trump, pero observó que “Estados Unidos provee más de 40% de su financiamiento, lo cual implica que el ACNUR debería pensar de manera cuidadosa antes de sancionar a su mayor contribuidor”.

Ramos comenta que, tras acudir con un agente, los solicitantes de refugio son encerradas entre dos y 10 días en las “hieleras” –los centros de detención migratoria–, donde “las condiciones no son para personas ni para animales: están durmiendo en colchonetas en el piso, al lado de los baños, y con cobijas térmicas, solo reciben tres burritos delgados por día, no hay atención médica. Representé a dos mujeres embarazadas que perdieron sus bebés porque no recibieron asistencia”, dijo.

Las esperanzas de obtener protección son escasas, como lo repite el gobierno estadunidense. El 26 de noviembre, Nielsen recordó que “la enorme mayoría” de los integrantes del éxodo no conseguirán asilo, pues “históricamente menos de 10% de los solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador son elegibles por un juez federal”.

De acuerdo con la demanda de Al Otro Lado, las prácticas ilegales de la CBP obligan a “muchos solicitantes de asilo desesperados” a buscar otras maneras de entrar a Estados Unidos, ya sea cruzando el río Bravo, pagando “sumas exorbitantes” a polleros o brincando la barda.

Disparos

Así ocurrió el 25 de noviembre cuando un grupo de integrantes del éxodo –entre ellos mujeres y niños– trató de saltar la barda para entregarse a las autoridades estadunidenses. Agentes de la CBP los replegaron con violencia. Dispararon sobre el grupo con gases lacrimógenos y balas de goma, y ello mientras los centroamericanos se encontraban en territorio mexicano.

El gobierno mexicano no condenó la violación a su territorio: se limitó a entregar una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos en México –que no tiene titular formal–, en la que solicitó al gobierno de Trump que realizara una “investigación” sobre el uso de armas no letales hacia México.

Lejos de arrepentirse, Nielsen aplaudió la respuesta “admirable y responsable” de los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes “bajo una presión tremenda usaron su profesionalismo y moderación para asegurarse que nadie saliera herido”, y advirtió que se preparan para “el siguiente ataque”.

La CBP aseguró que sus agentes fueron “atacados” con piedras y botellas; el gobierno estadunidense cerró durante más de cinco horas la garita fronteriza y Trump advirtió, vía Twitter, que clausurará la frontera “de manera definitiva” en caso de considerarlo necesario.

La Unión Americana para las Libertades Civiles, poderosa organización defensora de los derechos humanos, denunció por su parte que “el uso de gases lacrimógenos contra personas no armadas que huyen de la violencia en un país –muchos de ellos en búsqueda de asilo– es cruel e inhumano y viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Al emplear gases lacrimógenos en su contra, nuestro gobierno se mofa de nuestra obligación de proteger a los más vulnerables del planeta”.

“Si los soldados mexicanos hicieran lo mismo, el Congreso y el presidente (Trump) interpretarían esto como un acto de guerra”, opina Ramos.

Y no sólo eso: el repliegue violento de los centroamericanos ocurrió unos días después de que una corte declarara la inocencia de Lonnie Swartz, un agente de la Patrulla Fronteriza que en 2012 asesinó a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, mientras éste se encontraba en territorio mexicano. Le disparó 11 veces a través de la barda fronteriza, con el pretexto de que el joven le aventó piedras.

Este reportaje se publicó el 2 de diciembre de 2018 en la edición 2196 de la revista Proceso.

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