CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Los grupos armados que operan en la Sierra y las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente, vinculados por el gobierno de Héctor Astudillo Flores con el narco, lanzaron un reto al Estado mexicano al anunciar que no van a deponer las armas, tampoco se replegarán de las comunidades que mantienen tomadas y advirtieron que van a detener al obispo de la diócesis Chilpancingo - Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. De acuerdo con una nota publicada en la edición de este día del periódico El Sur, el grupo armado de Tlacotepec que dirige Humberto Moreno Catalán –primo del actual secretario de Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos– anunció que el prelado católico “será detenido” porque lo acusan de asumir una actitud parcial en el conflicto de los desplazados de la sierra y lo vinculan con el bando antagónico de Chichihualco. Además, advirtieron que no se van a retirar de los poblados del municipio de Leonardo Bravo que mantienen tomados desde el mes pasado. Mientras, los líderes de la autodefensa de la Costa Grande y Tierra Caliente, recién surgida en el municipio de Tecpan de Galeana, expresaron su rechazo a deponer las armas y anunciaron que van a instalar retenes sobre la carretera federal que conecta los balnearios de Acapulco y Zihuatanejo, así como en la franja serrana de Petatlán como parte de su confrontación con la banda denominada Guardia Guerrerense por el control de esta plaza emblemática en la geografía del narco en la entidad. Al respecto, Astudillo admitió en una entrevista con el diario local El Sur que el gobierno estatal no cuenta con suficientes policías para impedir enfrentamientos entre los grupos de civiles armados y dijo que espera la creación de la Guardia Nacional, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Las policías comunitarias representan y defienden intereses muy locales (…) su motivación principal no es cuidar a la generalidad, sino intereses particulares en el lugar donde se mueven. A todos los tenemos identificados, sabemos en cada aparición, quién las mueve, quién está atrás”, afirmó Astudillo. “Estamos en un proceso de construcción de la Guardia Nacional, que está en manos del Congreso federal y en una semana se definirá. Conforme salga la Guardia Nacional, seguramente se notará, pero a nadie se le ordenará realizar acciones drásticas como lo dice el presidente, pero sí con un mayor número de elementos podrán actuar en el estado, porque con lo que tenemos de la Policía de Estado, no nos es posible actuar cuando se nos arman 200 o 300 gentes”. En tanto, el vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, que aglutina al grupo armado de Tlacotepec, Salvador Alanís, acusó al obispo católico Salvador Rangel de asumir una postura parcial en el conflicto de la Sierra y de tener nexos con el bando antagónico de Chichihualco. Alanís aseguró que tienen evidencias de que el prelado “se ha reunido con líderes de la delincuencia y no precisamente para buscar una tregua, esa es una pantalla. Específicamente se ha sentado a convivir con el líder criminal de Chichihualco y sabemos que le dan prebendas monetarias”, sentenció en la entrevista con el periódico local. Exigió al gobierno de Astudillo que detenga a Rangel Mendoza por su presunta complicidad y nexos con el narco. Relató que en una asamblea comunitaria se planteó la posibilidad de detenerlo y acusarlo por sus nexos con la delincuencia, aunque luego se acordó solicitar una mesa de trabajo con el gobierno para pedirle que sea puesto a disposición de las autoridades por sus presuntos vínculos con líderes de la delincuencia. “Pero si no lo detienen las autoridades, lo vamos a detener nosotros para llevarlo a un proceso de reeducación”, expresó el vocero del grupo armado de Tlacotepec. La postura del frente que aglutina grupos armados de Tlacotepec, Apaxtla, Teloloapan y Tlapa se dio luego de que el obispo católico  declaró que los civiles armados que irrumpieron en los poblados del municipio de Leonardo Bravo son sicarios al servicio del narco.