MONTERREY, (apro).- Las campañas para la primera elección de la alcaldía regiomontana en el 2018 iniciaron el pasado 29 de abril y terminaron el 29 de junio. Pero luego de la celebración de los comicios del 1 de julio, todo el proceso fue repuesto, por las impugnaciones y la anulación ordenada por el Tribunal electoral federal. Ahora, la elección extraordinaria para elegir alcalde de Monterrey, del 23 de diciembre, contempla una minicampaña de 15 días, que inició este 5 de y terminará el 19 de este mismo mes. Al momento de llegar a la veda electoral, los tres días de silencio de los candidatos, previos a los comicios navideños de la capital de Nuevo León, los aspirantes habrán cumplido 235 días ininterrumpidos de campaña, la mayor parte fuera del calendario electoral, pues todo el proceso se mantuvo judicializado y con pronunciamientos permanentes de autoridades de los tres niveles de gobierno, que mantuvieron a los nominados en el candelero. Son nueve los candidatos apuntados para la elección de Monterrey: Felipe de Jesús Cantú, PAN; Adrián de la Garza, PRI; Patricio Zambrano, PT; Adalberto Madero, Verde; Sandra Pámanes, Panal; Iván Garza, MC; Jesús Abascal, RED; Ana Villalpando, PRD; y Pedro Alejo Rodríguez, Fufito, independiente. El desaseo que llevó a la anulación En la confusión postelectoral, no queda claro quién fue la autoridad que falló en la elección de la ciudad capital, la más poblada de la entidad, pues las acusaciones fueron lanzadas en todas direcciones. El 1 de julio por la tarde, cuando se cerraron las casillas, con un total de 524 mil 377 sufragios emitidos, la elección comenzó a sangrar de inmediato. Como era de esperarse, hubo impugnaciones de la parte perdedora. En territorio regiomontano, el PAN, con Felipe de Jesús Cantú como gallo, se había impuesto por 153 mil 035 votos sobre el PRI, que obtuvo 148 mil 356. La diferencia fue del .89%. El priista Adrián de la Garza, alcalde que busca la reelección, se inconformó con el resultado a causa de los que llamó “trinquetes” del PAN, y en el Tribunal Estatal Electoral (TEE) sorpresivamente consiguió que se revirtiera el resultado. Los magistrados alegaron que hubo irregularidades en el cómputo de las casillas y en la cadena de custodia, como se le llama al procedimiento que inicia cuando se integra el paquete electoral, hasta que llega a la sede de la Comisión Estatal Electoral. El TEE determinó eliminar los resultados de decenas de casillas impugnadas lo que, en un nuevo conteo, les dio la victoria a los priistas. La dirigencia panista acusó a los magistrados del Tribunal local de operar a favor del PRI a cambio de favores previos que representaban conflicto de interés. Denunciaron penalmente a los magistrados Gastón Enríquez y Eduardo Bautista, por votar el dictamen revocatorio sin haberlo discutido. Cantú Rodríguez denunció que Adrián de la Garza, cuando era Procurador en tiempos de Medina, contrató a la esposa de Enríquez, lo que representa un conflicto de interés. Pero en el enredo, el PAN no se fue limpio. Se señaló que el tercer magistrado, Carlos Leal Isla, quien había propuesto dejar el triunfo en manos de Cantú, tenía nexos de afinidad con el entonces senador Raúl Gracia, uno de los personajes con mayor poder en el azul en la entidad. Sin embargo, ninguna de las acusaciones fue legalmente válida, por lo que se ordenó darle constancia de mayoría a de la Garza. La Sala Regional de Monterrey del TEPJF, la instancia siguiente a la que fueron llevadas las inconformidades, deparaba otra sorpresa, con tintes de sainete político. Los magistrados determinaron el 18 de octubre que el PRI no pudo solventar, con pruebas, las irregularidades alegadas, por lo que la victoria se le restituía al PAN. Quedaba cuestionado el criterio del TEE. La inconformidad priista dio un salto final hacia la Sala Superior, donde se toman decisiones que son inatacables. El suspenso se mantuvo hasta el último momento. En Nuevo León, los alcaldes electos rinden protesta el 30 de octubre pues toman posesión del puesto en el primer minuto del día siguiente. Llegado el plazo final, el colegiado no había tomado una determinación. La sesión programada para las 18:00 horas dio inicio a las 20:00 horas. En el pleno de la Sala Superior hubo una discusión sobre los méritos para anular la elección, como lo propuso el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, que argumentaba que, tras los comicios, se había violado el principio de certeza y autenticidad, pues hubo 177 casillas impugnadas de las cuales 105 habían sido protestadas por violación de la cadena de custodia. Su homólogo José Luis Vargas Valdez hizo comentarios severos hacia las instancias jurisdiccionales previas, a las que calificó de desaseadas, al señalar que el TEE y la Sala Regional afectaron los parámetros de certeza de la elección, pues hubo marcadas inconsistencias de criterio entre un tribunal y otro, pues no hay congruencia entre la revocación y la confirmación de Cantú. Con decisión dividida, al final, la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, quien votó a favor de la propuesta, ordenó a la CEE que repusiera el proceso electoral en Monterrey debido a que la deliberación no permitía dilucidar categóricamente, quien debía ser nombrado presidente municipal de Monterrey en el trienio 2018-2021. Al día siguiente, 31 de octubre, Monterrey amaneció sin alcalde. El secretario del Ayuntamiento, Genaro García se quedaba encargado del Ayuntamiento. Posteriormente fue designado presidente del concejo municipal Bernardo González, quien era secretario de seguridad Pública del Estado. Estará en el puesto hasta que sea nombrado el nuevo alcalde. No se descarta que tras las próximas impugnaciones que se avecinan permanezca en el puesto hasta marzo del año entrante. En entrevista con Proceso el magistrado presidente del TEE de Nuevo León, Gastón Julián Enríquez Fuentes, señala que revirtió el resultado en la elección de Monterrey luego de que fueran detectadas irregularidades graves que, sumadas en todas sus causales, ocasionaron una revisión que cambió el resultado. La otra opción, que rechazaron fue la anulación. “Se pudo anular aquí por completo la elección, como lo hizo la Sala Superior. La ley electoral local nos marca la pauta de que debe ser esto en un 20% de irregularidades del total de las casillas. Pero vimos que la irregularidad grave se daba en el 11%, por lo que vimos la opción de anular solo las casillas con evidencias graves, principalmente en la cadena de custodia”, expone Enríquez Fuentes. Sin embargo, si determinaban invalidar la jornada regia por completo debían explicar por qué no aplicaron el criterio del 20%, y sustentar sus argumentos por razón de toda la complejidad que implica ordenar la realización de una elección extraordinaria. Por eso, abunda, se apegaron más a la jurisprudencia con la que se podían invalidar las casillas con irregularidad grave, lo que generó un re cómputo que derivó en un cambio en el ganador, dice en la comunicación telefónica. “Lo que se determinó en la Sala Superior está convalidando lo que nosotros habíamos dicho porque si bien es cierto que no confirma la sentencia del Tribunal Electoral Local, en el sentido de la nulidad en algunas, también están reconociendo que hubo una serie de violaciones graves en ese número de casillas, pero la consecuencia no iba a ser el cambio de ganador si no que, a juicio de ellos, se tiene qué hacer otra jornada electoral para dar certeza al resultado de la elección”, expone. Enríquez Fuentes reconoce que, inicialmente, el proyecto del magistrado ponente Carlos César Leal Isla García invalidaba el resultado que había arrojado el cómputo inicial, con lo que el PAN conservaba la victoria. Sin embargo, él, como presidente del Tribunal local y el otro magistrado, Jesús Eduardo Bautista Peña estaban en desacuerdo, pues estaban suficientemente acreditadas las irregularidades. Y al final se impusieron, por mayoría, con lo que se eliminaron del nuevo conteo las casillas cuestionadas por el PRI, el PAN y otros partidos. Luego de que el nuevo resultado le diera la victoria al PRI, la apelación subió a la Sala de Monterrey del TEPJF, que revirtió la decisión del TEE y le regresó la mayoría al candidato albiazul, una decisión que Enríquez no comparte. “Respeto el fallo, pero son dos puntos de vista distintos. Con lo que me quedo es que, tanto en Monterrey como en Guadalupe, utilizamos el mismo criterio de nulidad de casillas por violaciones a la cadena de custodia, lo que fue confirmado en este último municipio en la instancia de la Sala Superior donde certifican que se rompió la cadena de custodia, lo que se traduce en violación a los principios de certeza y legalidad”, señala. Por mayoría, los magistrados del también llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación optaron anular la elección por el “desaseo” con el que fue llevado el proceso regiomontano, lo que se observó en las irregularidades que evitar que fuera imposible saber con certeza quién fue el ganador. Enríquez rechaza el señalamiento y se concentra en la nueva posibilidad que tendrán las autoridades para prevenir los actos que ocasionaron el inédito proceso electoral de diciembre. “Respeto las opiniones de todos los actores, pero yo no llamaría esto supuesto desaseo, en términos de impartición de justicia. Los órganos tenemos criterios, los adaptamos y existe la garantía de revisión en siguiente instancia por parte nuestra”. “Más bien creo que tenemos que identificar las áreas de oportunidad que existieron en la jornada electoral pasada. Tratar de trabajar con mayor intensidad, evitar que esas prácticas se vuelvan a reiterar porque a nosotros nos toca resolver lo que está en el expediente, porque no organizamos la elección. Respeto esa opinión, pero no la comparto”, concluye. “Yo no fui, fue él” Adrián de la Garza Santos alega, en entrevista, que Felipe de Jesús Cantú debe pagar las consecuencias de intentar secuestrar los comicios, pues fue pillado al orquestar irregularidades en el día de los hechos, como, alega, denunciaron con él otros candidatos por los mismos motivos. “Todas las artimañas que intentaron usar para robarse la elección del equipo de Felipe y Raúl Gracia establecieron condiciones para que se anulara la elección, lo que no nos toma de sorpresa, pues los demás candidatos nos dimos cuenta de lo que quisieron hacer”, dice. El ex alcalde señala que una de las principales irregularidades fue el robo, que él atribuye al PAN, de 90 paquetes electorales precisamente en casillas donde, dice, es sabido que no iba a ganar el albiazul. Añade que nunca antes, en la historia reciente de los comicios en Monterrey, se había extraviado una casilla y que, en todo México, no hay precedente de un robo de esa cantidad de paquetes. Algunos llegaron a la CEE hasta tres días después de las votaciones, asegura. Expone que hubo descuidos en el trabajo de los funcionarios de casilla, pues además de que se rompió la transmisión de la custodia, con robos de paquetes, hubo flagrantes inconsistencias en los cómputos, como se comprobó en la revisión de las actas. “No solamente la ruptura de la cadena de custodia nos arroja una falta de certeza, si no que hay un elemento más: que las sumas en las actas no corresponden lo que afecta la certeza de cada paquete. Hay cerca de 180 casillas en estos problemas”, señala. Por su parte, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez califica de “robo” el dictamen del TEPJF que ordenó reponer el proceso electoral pues, sostiene, de la Garza Santos operó para alterar el proceso electoral, aunque al final los ciudadanos le dieron al PAN la victoria en las urnas, que luego fue revertida por instancias posteriores. De cualquier manera, dice, el ganón fue el PRI, pues ya tenía perdida la contienda y ahora es resucitado, al recibir otra oportunidad. “Lo que ocurrió en Monterrey fue que el PRI perdió y para ello pidió que no se tomaran en cuenta los votos. Y esto ha sido toda la vida: cuando pierden, arrebatan y si no es posible, buscan anular. Y lamentablemente un tribunal lo concedió y decidió anular los votos de más de 500 mil ciudadanos que salimos ese día, lo que ha generado mucha molestia”, dice irritado. Hasta ahora, de la Garza no ha presentado una sola prueba de las acusaciones de robo que ha lanzado, alega Cantú, lo que demuestra que su discurso es una serie de señalamientos en abstracto pues, por ejemplo, cuando habla de inconsistencias en el conteo de actas, la falla pudo haberse solventado con una simple verificación de números y nombres que, supuestamente, fueron inscritos con errores. “Adrián de la Garza ha mentido al decir que faltan 90 paquetes. No hay en ninguna parte eso. Hasta ahora no se ha establecido, nunca, cuál es el causal de la nulidad, porque, a medida que entren a detalle es la medida en que se les caerá el teatro abstracto en el que alegan que alguien cometió alguna irregularidad”, dice. Alega que fue una decisión política del TEE concederle la razón a Adrián, pues Gastón Enríquez había recibido favores por el lado familiar, lo que ocasionó que la cadena impugnativa llegara a las más altas instancias. Señala que además de la contratación de la esposa del magistrado, el hermano de este había hecho negocios de carácter editorial con el hermano del candidato. Alega que en la sesión del día 30 de octubre, en la Sala Superior del TEPJF hubo, por lo menos, una argumentación falsa. “Lo que te puedo decir es que la magistrada (Mónica) Soto mintió cuando dijo que el porcentaje de votos que cambiaría el curso de la elección estaba en un porcentaje de casillas que es superior al porcentaje de la votación diferencial entre el primero y segundo lugar. El PAN saca .89% por encima, y ellos dicen que fue el 1.48% de casillas no computadas, que son 28”. “Lo que no dijeron es cuántos votos correspondieron en el total de la votación. Confunden gimnasia con magnesia. El .89 es poco menos de 5 mil votos y esas 28 casillas no son el 1.48%. Esto distorsiona totalmente para justificar la nulidad. Es vergonzoso lo que ocurre en la sala Superior, cuando hacen esta explicación ridícula. ¡No mamen!”, dice. Cantú Rodríguez dice que la desesperación del PRI se debe a la derrota total que sufrió el 1 de julio en Nuevo León. Tan solo en casillas de Monterrey perdieron la presidencia de la República, las senadurías, diputados federales y locales y ahora, al intentar el rescate de la capital quieren conservar algo de nómina para mantener con vida al partido. Un día antes de que iniciaran las campañas, fueron convocados los candidatos para firmar un “’pacto de civilidad”. Solo Faltó Felipe de Jesús Cantú quien acusó a Adrián de la Garza de haber sido el que llamó a los partidos. El panista dijo que el PRI había llamado a los demás aspirantes, porque le tiene miedo a la candidatura albiazul.