GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) revisará el ejercicio presupuestal del trienio del exalcalde de Salamanca, el panista Antonio Arredondo, actualmente Subsecretario de Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano estatal. La actual alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz –quien luego de renunciar al PAN ganó la elección bajo las siglas de Morena- denunció en días pasados que el proceso de entrega-recepción realizado arrojó la existencia de adeudos con proveedores, más de 70 “aviadores” en distintas áreas del gobierno municipal, equipo como videocámaras adquirido sin licitación y guardado en bodegas, sin utilizar, así como otras adquisiciones que no fueron localizadas. Hernández Cruz habló de 59 millones pendientes de pagar al cierre del 30 de septiembre –ella inició su periodo el 10 de octubre- a proveedores, contratistas de obras públicas, servicios personales y contribuciones. Mientras que en el rubro de servicios personales y convenios de seguridad pública encontró adeudos por 90 millones de pesos, más otros 116 millones de deuda financiera. Del personal, se detectó que 72 empleados no fueron ubicados físicamente en las áreas donde supuestamente estaban desempeñando sus funciones y tampoco se encontró evidencia de su trabajo. Además, se encontró un descuento en nómina a los trabajadores por un monto total de 53 mil pesos mensuales que se entregaban a una mujer de nombre Ana María Rangel Frías, al menos desde el 2017, mismos que, según regidores del PAN, corresponden a aportaciones de militantes panistas al partido, aunque la mujer era colaboradora del exalcalde y diputado federal Justino Arriaga y empleada del comité municipal del blanquiazul. También se encontraron paquetes que debían asignarse a policías municipales y que fueron adquiridos por casi un millón de pesos desde el 2016, pero nunca fueron entregados; tampoco aparecen en los inventarios que conoce la actual administración municipal. El gobierno de Arredondo también habría adquirido cuatro computadoras de escritorio, pero cada una se pagó en 45 mil pesos; 20 sillas que se facturaron en 140 mil pesos. En el 2017, según la denuncia pública de la alcaldesa de Morena, el gobierno del panista adquirió software y una aplicación para multas, así como 18 impresoras con mochilas por poco más de un millón de pesos, pero el equipo nunca fue utilizado y se encontró guardado. En la sesión del Congreso de este jueves, fue la fracción del Partido Acción Nacional la que solicitó la auditoría a la administración del actual funcionario del gobierno estatal, entre fines del 2015 y octubre de 2018. Según lo expresó el diputado del PAN Juan Antonio Acosta Cano, “es necesario aclarar si es verdad que se generaron compromisos que rebasaron con mucho la capacidad financiera del municipio, si hubo despilfarro…tal como lo presume la actual alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz”. “Los ciudadanos y la opinión pública merecen respuestas claras”, dijo el legislador al presentar la petición, que fue turnada a la Comisión de Hacienda del Congreso.