OAXACA, Oax. (apro).- En medio de denuncias, incumplimiento de amparos y una solicitud de juicio político en su contra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Bolaños Cacho Guzmán, renunció hoy a su cargo. Por unanimidad de votos, el Pleno del TSJ designó a la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján como presidenta interina del órgano colegiado y del Consejo de la Judicatura, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar el cargo desde 1824, cuando se constituyó esa institución del Poder Judicial. En sesión ordinaria, los magistrados conocieron el oficio de renuncia de Bolaños Cacho Guzmán a la presidencia interina del Poder Judicial del estado, luego de cumplir su mandato constitucional de ocho años y tras su reincorporación como magistrado jubilado. Este mismo jueves se dio a conocer la renuncia definitiva del magistrado Alfredo Lagunas Rivera a la presidencia del TSJ y al pleno de la Judicatura, lo cual fue aprobado por los magistrados. Al conocer la dimisión, el doctor en Derecho Rafael García Zavaleta, quien promovió un juicio político en la Cámara de Diputados y una demanda de amparo en el Poder Judicial de la Federación contra Bolaños Cacho por el delito de “ejercicio indebido de funciones”, advirtió que continuará los trámites para que éste sea inhabilitado. Enfatizó que el 13 de septiembre de 2017 también presentó una denuncia contra Bolaños Cacho Guzmán en la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, sin embargo, apuntó, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, “paró el tema”. García Zavaleta consideró que la renuncia “no es suficiente. No me apellido López Obrador, conmigo ni perdón ni olvido. Ya hizo lo que quiso con el viejo (José) Murat y continuaré con el juicio político que volví a presentar hace 10 días en la LXIV legislatura, porque quedaré conforme hasta su inhabilitación”, soltó. De igual manera, insistió que “la justicia en Oaxaca no sólo está vendada de los ojos, sino amarrada de las manos, porque con Bolaños Cacho Guzmán se permitió que se violaran las leyes y se rompió el equilibrio de poderes”. En este caso –subrayó-- hay responsabilidad del Poder Legislativo por omisión de los diputados y del propio Ejecutivo, porque el gobernador Alejandro Murat Hinojosa no hizo valer las facultades que tiene y permitió que Bolaños Cacho Guzmán fuera impuesto como presidente del TSJ. También recordó que el 4 agosto de 2017 dieron a conocer una carta abierta donde denunciaron “que el nombramiento ilegal del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, es una barbaridad cometida por el pleno”. Y si bien su renuncia no resuelve la ilegalidad cometida con su designación, “al menos sí se despeja el camino para que el imperio de la ley que regrese al Tribunal y en general al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, retornando a su independencia, autonomía y libertad, y restaurando el roto equilibrio de poderes que, de por sí delicado, fue humillado y roto por Raúl Bolaños Cacho Guzmán”. Cacho Guzmán, a quien el 11 de diciembre de 2009 se le autorizó su petición de jubilación de forma voluntaria como magistrado, regresó como presidente interino el 13 de marzo de 2017. Además, enfrentó una acusación de los propios magistrados que le exigieron transparentar alrededor de 70 millones de pesos que retiró sin su consentimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Se trató de recursos retenidos a los trabajadores en los años 2012, 2013 y 2014. De igual forma, entabló un litigio con el Consejo de la Judicatura (CJ) que llegó a los tribunales, y en agosto pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto promovido por 12 magistrados contra actos del Poder Ejecutivo estatal y de la LXIII Legislatura local para desaparecer el CJ. Y es que el pasado 31 de julio el Congreso local aprobó el decreto 1539 (publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial) que desaparece el CJ y crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Al final, el Poder Judicial federal precisó que el Consejo de la Judicatura no puede desaparecer y, además, la Junta de Administración no puede operar hasta que el juez analice la constitucionalidad y legalidad de la reforma. El pleito continúa.