CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a la petición que hicieron 11 organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán en enero próximo algunos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos, para documentar la atención que se da al tema migratorio en el marco del llamado éxodo centroamericano. Durante una sesión del 170 periodo de audiencias del organismo interamericano --realizada esta tarde en Washington--, las organizaciones también pidieron a los comisionados que exhorten al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a transparentar y hacer públicas las negociaciones con la administración estadunidense sobre un acuerdo relativo al tema migratorio. Claudia León, integrante del Servicio Jesuita de Migrantes, insistió en la necesidad de que el gobierno mexicano no aplique acuerdos susceptibles de violar los derechos humanos de los ciudadanos centroamericanos que pretendan pedir asilo a Estados Unidos, como lo sería un pacto para convertir a México en “Tercer País Seguro” u otra forma de filtro migratorio. Las organizaciones extendieron ese llamado a López Obrador el pasado sábado 1 --día en el que tomó posesión como presidente--, dado que el gobierno de Donald Trump les pidió que los solicitantes de asilo permanezcan en el país hasta que concluya su trámite, como parte del plan llamado “Quédate en México”, según el diario The Washington Post. De igual manera, pidieron a la CIDH que realice visitas a los centros de detención migratoria en México, que emita medidas cautelares e insista ante los Estados de la región que asuman sus obligaciones en materia de protección integral frente a la emergencia humanitaria. En la sesión de este jueves se dio un repaso a la odisea que vivió el éxodo centroamericano en México, destacando las distintas violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus integrantes en el último mes y medio. Todos los ponentes criticaron las expresiones de odio y de rechazo que se escucharon a lo largo del paso de la caravana migrante, tanto de parte de autoridades –el gobierno de Trump o el alcalde de Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, por ejemplo--, como de algunos sectores de la sociedad (como ocurrió en Tijuana el 18 de noviembre pasado). “La caravana identifica lo que ocurre en los países latinoamericanos cuando estornuda el mandatario del Colosio del norte: enferma a todo el mundo, los contagia con estos discursos de odio; no sólo afecta a las personas del Triángulo Norte, también afecta a los otros contextos de movilidad humana, como de Venezuela”, deploró el comisionado Luis Ernesto Vargas. Añadió: “Estos discursos de odio, de xenofobia, tan dañinos para los derechos humanos, los utilizan para sacar provecho de carácter electoral”. A su vez, Marlene Alejos, representante en Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que integrantes del éxodo centroamericano sufrieron por los gases lacrimógenos que les lanzaron en las frontera sur y norte de México, primero cuando entraron al país y la Policía Federal los replegó, y luego cuando agentes estadunidenses les impidieron cruzar la barda fronteriza. Asimismo, enfatizó en la necesidad de que los gobiernos de la región dejen de considerar el tema migratorio desde el enfoque de la seguridad nacional y de militarizar sus fronteras, pues eso lleva a los migrantes –dijo-- a recurrir a situaciones de clandestinidad. De igual manera, deploró que la policía municipal de Tijuana entregara al Instituto Nacional de Migración (INM) a personas del éxodo que detuvo por faltas administrativas. Y observó algunas medidas de “obstaculización” de la llamada caravana, como la larguísima lista de espera en la que las personas varadas en Tijuana anotan sus nombres para conseguir una cita con las autoridades estadunidenses, y a la que organizaciones del vecino país consideran ilegal. Edgar Corzo Sosa, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien acompañó la caravana desde Chiapas hasta Tijuana, afirmó que ante la “alta probabilidad” de que seguirán llegando caravanas a México, se necesita elaborar lineamientos para que los Estados tengan claras las medidas humanitarias que aplicar.