El Tren Maya, por el impulso al desarrollo comunitario

La construcción de la ruta es apreciada tanto por los inversionistas turísticos como por las comunidades originarias, por lo cual, a decir de Jorge A. Franco, especialista en el estudio del impacto de desarrollos turísticos e inmobiliarios en la zona maya, debe hacerse un análisis muy profundo, porque el tren “viene a romper la norma de los anteriores sexenios, en donde los megaproyectos mineros, petroleros, iban contra todo y contra todos, no importaba ni lo medioambiental, ni lo cultural, ni lo social”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con Tren Maya o sin él, el régimen de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de romper con la norma de los anteriores sexenios que depredaron el patrimonio natural y cultural beneficiando con sus megaproyectos sólo al turismo y las oligarquías. Debe solucionar los problemas de marginación de los pueblos mayas, poniendo a su alcance los beneficios económicos y sociales de este proyecto de infraestructura.

Creador y responsable de la Red de Uso del Suelo Marino y Costero de la Península de Yucatán y especialista en el estudio del impacto de desarrollos turísticos e inmobiliarios en la zona maya, el antropólogo social Jorge A. Franco señala lo anterior y destaca que es momento de ponderar el pasado prehispánico de la región sin discriminar e ignorar a la población actual.

En opinión del investigador, muchas de las críticas al proyecto no pueden soslayarse, como el hecho de que las oligarquías regionales tratarán de beneficiarse con su construcción; pero también debe considerarse que otros cuestionamientos hechos por medioambientalistas no van al fondo pues no presentan estudios sustantivos sobre planificación avanzada o investigación científica que los respalden, son “muy limitados”.

También es verdad, puntualiza, que si bien el tren utilizará vías ya existentes –lo cual implica un daño medioambiental mínimo–, abrirá otros tramos en zonas selváticas y con ello se tendrá acceso a diversos recursos naturales como madera, piedra de cantera e incluso el agua.

El temor es que se repita el pasado: el saqueo y el despojo a los patrimonios culturales ha sido la norma de los megaproyectos de los diferentes sexenios –desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón– sin haber aportado ningún beneficio a la población maya que se mantiene sin acceso a la educación, a la seguridad médica, marginada de los servicios, con empleos no calificados, mientras se lleva al turismo a ensalzar su pasado precolombino.

“Se debe analizar muy bien todo lo concerniente al Tren Maya porque viene a romper la norma de los anteriores sexenios, en donde los megaproyectos mineros, petroleros, iban contra todo y contra todos, no importaba ni lo medioambiental, ni lo cultural, ni lo social, lo único que importaba era que las calificadoras estuvieran contentas y que los inversionistas dieran su dinero.”

Vía telefónica desde Mérida, apunta entonces que la llamada Cuarta Transformación debe modificar esa mecánica de saqueo y despojo a los pueblos, porque han sido demasiados años de abandono de los derechos sociales, las tradiciones y el manejo de esos entornos sociales y culturales. Dice que no quiere usar la palabra “naturales” porque se ha prestado para campañas medioambientalistas que no han servido para nada, ni a nivel local ni internacional.

Pero habrá que prestar atención, pues el Tren Maya seccionará entornos paisajísticos que por años se han preservado bajo los usos comunitarios, sobre todo de los mayas, y se tendrá que manejar adecuadamente ese cambio tan drástico que se le vendrá a esos pueblos con la apertura de las vías. Y ver cómo funciona el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas:

“Lamentablemente no creo en nada en México que sea indigenista o indígena, a final de cuentas son pueblos y naciones con nombres propios, pero los colonialistas seguimos imponiéndoles nombres impropios.”

A decir suyo, llegó ya el momento en que se negocie directamente con las comunidades, y el problema es que existen “un montón de mediaciones oportunistas, de grupos católicos, ambientalistas… que están gritando ‘estos proyectos no, estos sí’, y sólo están tratando de allegarse el dinero del gobierno, son vividores de los recursos públicos: 

“Son tantos años de brega inútil, no se necesita más de intermediaciones, si van a trabajar en serio las cuestiones de la discriminación social, del abandono económico, de sus derechos, de sus usos ancestrales, de los paisajes culturales, entonces el Tren Maya tiene muchas posibilidades de ser un proyecto distinto, consciente, considerado para esas comunidades e incluso con el medio ambiente.

“Pero eso está por verse porque, lógicamente, aunque el proyecto va porque ya tiene todo el respaldo no solamente social sino político, falta que se autoricen los presupuestos y se programen las obras. Y hay que concientizar al nuevo gobierno y a los diputados de Morena de los asuntos en que se están metiendo para que no terminemos diciéndoles que hicieron las cosas de manera no muy distinta a Peña Nieto, Calderón y Fox.”

Olvido ancestral

Franco pondera que los estados por donde pasará el tren han estado olvidados por sexenios. La gente vendió y vivió de la milpa y de los productos que obtenía de su trabajo en el monte. Por el lado contrario, hay muchos negocios vinculados al manejo de contenedores de mercancías de altos volúmenes, que tienen “mucho que ver con el saqueo de los recursos naturales y de los productos manufacturados que se hacen en la región”. 

Las facciones partidistas del PAN, PRI y PRD, señala, están tratando de incidir para que la inversión del gobierno federal en el Tren Maya se dirija a esos negocios, cuando lo que debe hacerse es canalizarlo a programas sociales, que abran la posibilidad de empleo. Apuesta a que en la consulta los “occidentales” yucatecos, quintanarroenses y campechanos dijeron “sí” por sus intereses económicos y turísticos. Pero cree que igual cuando se consulte a las comunidades mayas que han estado tan abandonadas y necesitadas de una oportunidad, no dirán que no:

“Hay muchas cuestiones que entran en juego. No se le puede negar a la gente que durante sexenios ha estado abandonada, la oportunidad de ir a trabajar en unas vías del tren, tampoco se le puede negar que si durante años ha estado pagando cualquier cantidad de dinero para transportarse de sus pueblos a la ciudad de Mérida para trabajar como albañil o empleados de servicios en alguna casa o empresa, tenga ahora un tren que le va a abaratar el traslado y a posibilitar que tenga un poco más de ingreso que sea favorable para sus gastos familiares.”

Lo que existe en la actualidad, explica, es un transporte “organizado para saquear a la gente los pobres ingresos que tiene”. Pone como ejemplo que muchas mujeres deben pagar hasta 500 pesos para trasladarse en taxi de un pueblo a la ciudad para recibir atención médica durante el parto. El Tren Maya peleará a esas oligarquías regionales, no obstante que esas oligarquías también están en favor del tren porque transportará más turismo y carga. Y al final de cuentas, “las comunidades yucatecas quieren todo lo que les pueda servir”.

Por eso, insiste, en el contexto regional y particular de cada uno de los estados (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas), el proyecto del tren “tiene aristas muy delicadas, muy finas de abordar”. Y por eso la consulta resulta favorable en ambos sentidos.

Expresa su beneplácito porque el gobierno de López Obrador realizará la consulta a los pueblos originarios –como lo anunció el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, el pasado 23 de noviembre–, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Habrá que ver también, dice en este sentido, qué tanta sensibilidad tiene tanto el ejecutivo como el grupo parlamentario de Morena en el Congreso en las cuestiones relacionadas con los pueblos originarios:

“No sólo es preguntarles si quieren o no el tren; saldrán muchos aspectos: si el tren les sirve para algo más que ir a trabajar de Mérida a Cancún o a las zonas arqueológicas. Se trata de que las comunidades cercanas a las vías tengan mejores servicios de salud, de higiene, de alimentación, que es una cuestión gravísima en toda la península. Las carencias alimentarias son terribles… con deficiencias de hierro. Y si hay un tren que haga posible que los servicios médicos estén al alcance, va a ser de gran ayuda.”

Se le pregunta su opinión sobre la intervención en el Consejo de Empresarios –que asesorará a López Obrador– de Carlos Hank González (nieto del político lopezportillista del mismo nombre), con quien en 2012 el gobierno yucateco de Ivonne Ortega Pacheco se endeudó con 143 millones de pesos por 20 años, con el proyecto del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Asimismo, en 2011 Franco y su hermano, el también antropólogo Iván Franco, comentaron a Proceso (1813) sobre las inversiones de la familia Hank en el proyecto Maya Zamá, nacido cuando Carlos Hank González era secretario de Turismo en el gobierno de Salinas de Gortari.

Considera que son como “una piedra en el zapato” y dice que hasta Donald Trump llegó a señalar cómo toda la gente del grupo Atlacomulco, como el propio Peña Nieto, se dedicaron no a gobernar sino a alentar negocios relacionados con el saqueo, el contrabando y hasta la migración.

“Están metidos en la cuestión del agua, de mineras, de petroleras, en todo lo que significa extraer y extraer, y lógicamente tienen mucho capital.”

En su opinión “no se les debería dar entrada en ningún proyecto ni ningún negocio”, pero implicaría que la candidatura de López Obrador no hubiera levantado “ni para diputado de un distrito marginal”.

Agrega que han estado metidos en los circuitos turísticos del Mundo Maya y los grandes negocios de infraestructura:

“Por eso digo que este gobierno de AMLO es un gobierno de prueba, porque hay tantos problemas, tantas broncas acumuladas sexenio tras sexenio, de despojos patrimoniales, saqueos de bienes nacionales… Si no acaba con ciertas secretarías como las de Semarnat (Medio Ambiente y Recursos Naturales) y la famosa Sedesol (Desarrollo Social), y no crea una Secretaria de Patrimonio Cultural vinculada al desarrollo sostenible, no habrá hecho nada radicalmente distinto o con posibilidad, por lo menos, de modificar en algo la tendencia de darles oportunidades a estos saqueadores y oportunistas como los del Estado de México.”   

Este texto se publicó el 2 de diciembre de 2018 en la edición 2196.

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