CUERNAVACA, Mor. (apro).– El debate sobre la solicitud del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para destituir al fiscal general y al fiscal anticorrupción, terminó en un enfrentamiento verbal entre diputadas del Partido del Trabajo y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La solicitud del mandatario fue discutida en la sesión de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, presidida por la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz. La legisladora propuso aprobar un dictamen para destituir a los fiscales, nombrados durante la anterior legislatura. Sin embargo, la coordinadora de la bancada de Morena, Keila Figueroa Evaristo, se negó a aprobar el dictamen tras considerar que el proceso de destitución está “viciado” de origen y es improcedente por carecer de las causales suficientes. Aseguró que, en caso de que el dictamen fuera presentado ante el pleno, los legisladores de Morena se abstendrían de votar. “Es un tema que tristemente se ha politizado y, con ello, el nivel de argumentación y debate ha decaído enormemente. Recalcamos, Morena no está protegiendo a los fiscales, ya que incluso ellos, si así lo estiman, deberán acudir a las instancias que consideren para pronunciarse al respecto. Por nuestra cuenta no queremos exhibirnos en el momento que una instancia jurisdiccional tire el procedimiento de remoción por no tener sustento”, sostuvo. En respuesta, Tania Valentina Rodríguez Ruiz calificó a los fiscales de “abogados del diablo” y calificó a Figueroa Evaristo como su “abogada defensora”. Luego se levantó de la mesa y dio por concluida la sesión de la Junta. Su compañera la increpó a grito y le exigió que no la concluyera y que fundamentara su petición. Sin embargo, ésta fue cerrada.   Los argumentos de Cuauhtémoc Blanco El documento enviado al Congreso por Cuauhtémoc Blanco, postulado a la gubernatura por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social (PES), pide la remoción de los dos fiscales designados por la anterior Legislatura a solicitud del entonces mandatario, Graco Ramírez. En el texto se afirma que el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, recibió una notaría pública del entonces mandatario, mientras que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, fue abogado personal y consejero jurídico del entonces gobernador. El gobierno del exfutbolista señala también que el fiscal general no está registrado ni certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual viola el artículo 21 de la Constitución. Además, asegura que no aprobó los exámenes de control de confianza. De acuerdo con el artículo 194 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, “los titulares, mandos superiores y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, las corporaciones de seguridad pública municipal se considerarán personal de seguridad pública; serán de libre designación y remoción, sujetándose para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza”.   Familiares de víctima reprochan a morenista En la sesión de la Junta Política y de Gobierno del Congreso estaban presentes María y Amalia Hernández, madre y tía, respectivamente, de Oliver Wenceslao, quien fue levantado y asesinado, y cuyo cuerpo fue depositado en las fosas clandestinas localizadas en Tetelcingo durante el anterior gobierno. Al observar la oposición de Morena a destituir a los funcionarios, ambas mujeres reprocharon a la diputada Keila Figueroa Evaristo su falta de voluntad y le exigieron que cumpliera con su responsabilidad. Reiteraron su acusación contra el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, de haberlas amenazado y de dar carpetazo al caso de Tetelcingo. Hace unas semanas, el funcionario declaró que las fosas no eran ilegales y que sólo se trató de “faltas administrativas”.