El grave problema de la impunidad

Carlos Castresana. Foto: Miguel Dimayuga Carlos Castresana. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La impunidad se define como la falta de aplicación de las leyes en el ámbito de la jurisdicción penal. No se carece de normas: existen, pero no son aplicadas. Usualmente el término impunidad se ha utilizado para hacer referencia a la falta de respuesta a la delincuencia del Estado, porque los crímenes los cometían servidores públicos y eran encubiertos por los mismos u otros servidores públicos mediante la corrupción o la coacción o por intereses corporativos. Sin embargo, el concepto se ha expandido modernamente, bien porque muchas de las actividades criminales se han encomendado a grupos paraestatales, bien porque otros grupos de poder político o económico, o grupos criminales autónomos y poderosos, son igualmente capaces de impedir que les sea aplicada la ley en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía: reciben un trato de favor porque ellos también son capaces de eludir el cumplimiento de las normas, y de cooptar o de otro modo condicionar la actuación de las autoridades. Los instrumentos de que se sirven son los mismos: influencia, infiltración, plata o plomo.

América Latina tiene un problema grave de impunidad. Crecientemente, grupos de poder político, económico o criminal imponen su actuación al margen de la ley frente a instituciones débiles e ineficientes que no aciertan a impedirlo. La insuficiente implantación del estado de derecho en la región proviene posiblemente de los procesos de independencia del siglo XIX. Se aprobaron constituciones democráticas que sancionaban formalmente los derechos fundamentales y la división de poderes a imagen y semejanza del modelo estadunidense, pero las élites criollas herederas del imperio español que controlaron el proceso de emancipación, mantuvieron sustancialmente sus privilegios y no permitieron desarrollar sociedades verdaderamente libres e igualitarias. La rendición de cuentas ha sido en muchos casos una quimera, a cargo de poderes judiciales carentes de independencia, incapaces de asumir su responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. En la historia más reciente, la impunidad en la región proviene de los conflictos armados de la época de la guerra fría, y en los países que no padecieron conflictos armados, es consecuencia de conflictos sociales, a veces tan agudos o más que las guerras, derivados de una desigualdad extrema y de la exclusión social de algunos grupos humanos. Se trata de sociedades violentas, con los índices de homicidios más altos del mundo, donde apenas existe el estado de derecho, las instituciones son incapaces de interponerse entre los grupos enfrentados y estos recurren a la violencia para resolver sus controversias. Son países, además, crecientemente armados.

El desafío es transformar la ideología de confrontación por otra de coexistencia: hay que desarmar, literalmente, a la sociedad y atribuir el monopolio del uso de la fuerza a instituciones públicas eficientes y confiables. Pero para hacerlo hay que erradicar primero el conflicto, abordando y dando respuesta a sus causas y sus consecuencias; hay que arbitrar mecanismos para que las instituciones del Estado se interpongan entre los ciudadanos enfrentados y lograr que éstos resuelvan las controversias pacíficamente mediante la aplicación de la ley. El divorcio endémico entre los ciudadanos y las autoridades de la región, derivado de una desconfianza ancestral sustentada por la experiencia, hace inviable el contrato social, reflejado en las constituciones pero inexistente en la vida cotidiana.

Para que el sistema de seguridad y justicia funcione, sin embargo, no bastan actos de fe. Las autoridades deben demostrar a los ciudadanos, con hechos, con resultados, que están a su servicio. Sólo entonces dejará de imperar la ley del más fuerte y los latinoamericanos dejarán de tomarse la justicia por su mano.

Los actores

l. La delincuencia que padece América Latina es, en primer lugar, delincuencia común, muy vinculada a la pobreza y al subdesarrollo, y, como estos factores, muy extendida. Los tribunales de justicia son tan ineficientes que no tienen capacidad disuasoria alguna –la prevención general, fundamento de la potestad punitiva del Estado–, y por el contrario se erigen en un factor criminógeno. Cada vez que un hecho delictivo queda impune, representa para el victimario una invitación a la repetición y empuja a la víctima hacia la venganza privada.

2. Una variedad particularmente grave de este fenómeno criminal transversal es la delincuencia estructurada en tomo a las pandillas juveniles. Esa violencia desmedida tiene consecuencias particularmente negativas para la convivencia, y elimina y desintegra socialmente a la infancia y a la juventud. La delincuencia juvenil elimina el principal factor de futuro en cualquier sociedad.

3. La delincuencia organizada. Los cárteles nacionales, las relaciones entre estos cárteles domésticos y los de los países vecinos, y la supra organización y los negocios transnacionales delegados por los cárteles, principalmente mexicanos y colombianos. Es el fenómeno que más se ha agravado en los últimos años y el que representa una amenaza más grave para la seguridad y la gobernabilidad por su violencia y corrupción. De unos años a esta parte, los capos de la droga ya no sobornan ni amenazan a los políticos: se hacen políticos ellos mismos.

4. Otro problema grave de la impunidad es el de la actividad delictiva de los servidores públicos: grupos estatales y paraestatales que infiltran y cooptan el Estado, la policía, el ejército, los servicios de inteligencia, el sistema penitenciario, las fiscalías o procuradurías, y los organismos judiciales; los agentes de empresas de seguridad privada, los grupos de tareas que se dedican a brindar protección y combatir los secuestros por cuenta del sector privado.

5. El sector privado, nacional e internacional ha sucumbido también en no pocas ocasiones a la tentación de recurrir a métodos ilegales para hacer negocios en un entorno donde la seguridad jurídica es inexistente y las inversiones son por ello de muy alto riesgo. La violencia y la corrupción, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, y el alto beneficio correlativo al riesgo de la inversión son en este caso los motores de los emprendedores.

En estas condiciones, los derechos humanos quedan reducidos a proclamaciones solemnes sin contenido efectivo. En América Latina, los derechos humanos se han privatizado: los disfruta quien puede pagar por ellos. Todos los demás están desprotegidos. De la misma forma, la represión penal se ceba con el colectivo social más desfavorecido. No hay más que visitar un centro penitenciario para comprobar la extracción social de las personas en prisión. Más allá del hecho concreto que haya provocado su ingreso, los presos en América son pobres, miembros de minorías étnicas, migrantes, analfabetos: los desposeídos.

Las acciones

l. Entre los delitos más graves y frecuentes se encuentran los cometidos contra la vida, a saber, el asesinato, el homicidio, y su actividad organizada y profesional: el sicariato. Igualmente, grupos estatales y paraestatales se dedican habitualmente a la “limpieza social”: el asesinato de prostitutas, mareros, pequeños narcotraficantes e individuos de otros colectivos considerados “dispensables”. La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son igualmente una constante.

2. Siguen los delitos contra la libertad: el secuestro de personas de alta capacidad económica a cambio de rescate sigue siendo una actividad rentable y reiterada. Grupos organizados de antiguos policías suelen dedicarse a esta actividad y también a la opuesta, la encargada de recuperar a los secuestrados. Tiene además una alta cifra negra de criminalidad.

3. En tercer lugar, los delitos contra la propiedad: los robos en todas sus modalidades, con fuerza, con violencia, con arma de fuego, arma blanca, etcétera. Los fraudes, las estafas, los delitos contra la hacienda pública, el contrabando. La falta de controles y de transparencia operan como factores criminógenos.

4. Otro cáncer del estado de derecho en los países de la región es la corrupción, tanto pública como privada. Es raramente castigada. Particularmente grave resulta la corrupción pública, la que distrae del erario fondos que estaban destinados a atender necesidades básicas de la población, que quedan por ello sin satisfacer. Esta corrupción, muy arraigada, coexiste con la corrupción privada, la de los negocios; y ésta a su vez engarza con la corrupción política, que es la que hace que los gobiernos y las campañas electorales se compren y se vendan.

5. Una modalidad particularmente grave de la corrupción pública y privada está vinculada a la explotación ilegal de los recursos naturales. Las comunidades indígenas y rurales se ven desposeídas de sus tierras y cursos de agua ancestrales, son desplazadas por industrias nacionales o multinacionales de la minería, explotaciones hidráulicas, y empresas dedicadas a los cultivos intensivos; el expolio se acompaña a menudo de graves confrontaciones sociales y el recurso final es la violencia contra sindicalistas, medioambientalistas, defensores de los derechos humanos y líderes de las comunidades y de los movimientos populares.

6. También tienen una actividad criminógena extraordinariamente grave los delitos contra la salud pública: el tráfico de drogas impregna crecientemente las sociedades americanas en todos sus estamentos, y en sus actividades públicas y privadas. Estados Unidos es incapaz de reducir la demanda, los demás no aciertan a detener la oferta. Todas esas actividades generan además una actividad muy importante de blanqueo de dinero. Los sistemas financieros de la región, particularmente los servicios bancarios de Panamá y las Antillas, operan con un nivel de opacidad que les convierte legal o virtualmente en paraísos fiscales.

7. De la misma forma, tienen una incidencia muy grande –y una particularmente elevada impunidad– las conductas de violencia de género: los delitos contra la libertad e integridad sexual, las agresiones y abusos sexuales intra y extra familiares, y los que se dirigen contra las personas que se sitúan al margen de la corriente general (prostitutas, colectivos LGBT) están muy extendidos.

8. Otros delitos contra la integridad física y moral: la tortura y los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes son endémicos en centros penitenciarios y establecimientos policiales y militares. Los centros de reclusión están mayoritariamente bajo el control de los grupos criminales.

9. Los grupos de la delincuencia organizada han encontrado; especialmente en Centroamérica, un oasis de impunidad para sus negocios ilícitos: se dedican al tráfico de drogas, mujeres, niños, y migrantes, en incesante tránsito del sur productor al norte consumidor.

10. Tráfico de armas: el único tráfico ilícito que transita de norte a sur, en dirección opuesta a los demás. Suelen estar involucrados los ejércitos y la policía, y las autoridades aduaneras. Las armas proceden de los países productores, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Se importan enteras o por piezas –como recambios, para ser ensambladas al llegar–. En ocasiones son armas vendidas o donadas a los ejércitos o policías por los Estados que cooperan con los de la región en seguridad y defensa, y desviadas después al mercado ilícito. Los destinatarios adquirentes de la mercancía son los grupos armados ilegales y los de la delincuencia organizada.

* Fragmento de la ponencia “Estado de derecho y lucha contra la impunidad en América Latina”, leída el pasado septiembre por Carlos Castresana al recibir el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El jurista español fungió como fiscal del Tribunal Supremo de España, ha tomado parte en la investigación y ejercicio de acciones penales en decenas de casos de alto impacto relacionados con actos represivos de Estado en diversos países latinoamericanos, y fue quien llevó a juicio al exdictador chileno Augusto Pinochet.

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