Dos exnarcotraficantes colombianos fueron utilizados por la fiscalía para convencer al jurado de que Joaquín Guzmán era, en efecto, un capo multimillonario, jefe de jefes del Cártel de Sinaloa. Los dos sudamericanos –amparados en la figura de testigos protegidos– impactaron al jurado con sus relatos, no así los agentes y exagentes federales estadunidenses que fueron llevados para hablar de los métodos de transporte de droga entre Colombia y Estados Unidos, con El Chapo como intermediario... sus testimonios fueron echados por tierra por la defensa del sinaloense. NUEVA YORK (Proceso).- La cuarta semana de audiencias del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera se destaca porque se dieron a conocer otros detalles de las alianzas del capo mexicano. Los narcotraficantes colombianos Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, y Germán Rosero, El Barbas, rindieron testimonio y con sus declaraciones juradas expusieron la importancia del Cártel de Sinaloa para la exportación a Estados Unidos de centenares de toneladas de cocaína. En el interrogatorio al que la fiscal federal Andrea Goldbarg sometió a Chupeta, el colombiano –exjefe del Cártel del Norte del Valle (CNV)– no dejó lugar a dudas respecto a los negocios del trasiego de drogas que en la década de los noventa y hasta el 2007 entabló directamente con Guzmán Loera. –¿Entre 1990 y 1996 cuántas toneladas de cocaína envió a México para el Cártel de Sinaloa? –preguntó la fiscal a Chupeta. El capo colombiano –que ahora coopera con el gobierno de Estados Unidos– volteó a ver directamente al Chapo y respondió: “Aproximadamente 200 toneladas… De esa cantidad, entre 80 y 90 toneladas fueron directamente para el señor Guzmán Loera”. El Departamento de Justicia, que acusa al Chapo de 11 delitos federales –cuatro de ellos relacionados con lavado de dinero–, sostiene que el exlíder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa posee una fortuna de por lo menos 14 mil millones de dólares, algo que debe demostrar al jurado. Con experiencia en procesos para incriminar a narcotraficantes, Goldbarg preguntó a Chupeta en cuánto se vendía, en esos años, la tonelada de cocaína una vez puesta en las calles de ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Sin inmutarse, Ramírez Abadía sostuvo que el precio en el mercado negro de Estados Unidos “de mi cocaína” era de entre 30 mil y 36 mil dólares por kilogramo. “El acuerdo que hice directamente con el señor Guzmán Loera para que transportara mi cocaína a Estados Unidos consistió en que él se quedaría con 40% del producto y yo con 60%. De 32 toneladas colocadas en Estados Unidos, al señor Guzmán le correspondían 640 millones de dólares”, asentó Chupeta. Los miembros del jurado en la sala del juez Brian Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, miraban incrédulos al acusado. Poco a poco los 18 jurados, siete hombres y 11 mujeres, han ido corroborando que el negocio del tráfico de narcóticos es una empresa multinacional que genera miles de millones de dólares al año para criminales como El Chapo o Chupeta. Rosero, abogado y enlace del CNV con los narcotraficantes mexicanos de 1998 a 2008, y que luego se entregó a las autoridades estadunidenses para cooperar e incriminar a sus exsocios, corroboró con otros pormenores lo que su exjefe había contado al jurado sobre la relación criminal que tuvieron con Guzmán Loera. “Para arreglar lo de varios envíos de cocaína por alta mar en barcos pesqueros viajé unas ocho o diez ocasiones (entre 2002 y 2003) a la Sierra Madre Occidental, entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, a la zona que se conoce como el Triángulo Dorado”, reveló El Barbas. Gracias a su disposición de contar “bajo juramento” lo que sabe del Chapo, el testigo protegido no ha pasado ni un día preso pese a haberse declarado culpable de narcotráfico y lavado de dinero y de amasar una fortuna de unos cuatro millones de dólares durante más de una década de carrera delictiva. En su testimonio, abundó en varios incidentes que vivió en la sierra mexicana. “Iba en avionetas Cessna a los lugares a donde me citaba en la sierra; aterrizábamos en pistas clandestinas en medio de los árboles… el señor Guzmán Loera estaba en fincas, en casas sencillas, sin lujos… siempre rodeado de su gente y de pistoleros… En una ocasión estaba el señor Guzmán Loera armado con un rifle AK-47, chapado en oro, que en las cachas tenía incrustaciones de piedras preciosas”, aseguró Rosero en respuesta a las preguntas de Goldbarg. Visitas en la cárcel Aunque acotados por la decisión del juez de considerar “irrelevante” para el caso que se hable de casos de corrupción de las autoridades mexicanas, testigos de la defensa, como Chupeta, expusieron ante el jurado otros incidentes de soborno en los que incurrieron El Chapo y su gente. El capo colombiano detenido en Brasil en 2007 y extraditado ese mismo año a Estados Unidos mencionó un incidente ocurrido en los noventa, cuando El Chapo lo llevó –junto con Ismael, El Mayo, Zambada, entre otros capos del Cártel de Sinaloa– a escuchar el consejo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. La relevancia de este encuentro, como lo manifestó Chupeta al jurado, fue que se llevó a cabo en el Reclusorio Sur, donde en ese momento El Azul estaba preso por delitos relacionados con el tráfico de drogas. “Llegamos a la prisión en un auto, no fuimos sometidos a ninguna revisión y en el lugar donde se encontraba el señor Esparragoza había armas, drogas, celulares y comida de la que quisiéramos”, dijo Chupeta. Ambos colombianos –que durante la cuarta semana concluyeron su participación en el juicio como testigos de la fiscalía– coincidieron en subrayar los métodos que usaron con El Chapo para enviar a la cocaína a Estados Unidos. Primero por avión, barco y lanchas rápidas de Colombia a las costas mexicanas o a alta mar y en otras ocasiones con semisumergibles. Cuando la droga ya estaba segura en México y bajo el control y protección del Cártel de Sinaloa, El Chapo hacía llegar la mercancía a su destino final por medio de tractocamiones, por túneles, en vehículos particulares, aviones pequeños y tanques de ferrocarril que se suponía transportaban aceite de cocina. El estupor causado por las estrategias del Chapo Guzmán para el trasiego de drogas se veía en los rostros de los jurados. Los defensores del sinaloense –Jeffrey Lichtman, William Purpura y Eduardo Balarezo– intentaron minimizar el daño tildando de mentirosos a los testigos de la fiscalía y acusándolos de ser delincuentes interesados en decir lo que les pidan a cambio de recibir clemencia y olvido por parte de la justicia estadunidense. Tres de los cuatro días de audiencias de la semana pasada tomó a fiscales y defensa cuestionar a los dos narcos colombianos. Balarezo, el único de los tres abogados que habla español y por lo tanto se comunica directamente con El Chapo, quiso sacar ventaja de lo que había dicho Rosero respecto a sus encuentros con el acusado en casas sencillas de las fincas donde se escondía el sinaloense. Con las mismas fotografías de prueba de la parte acusadora, Balarezo le mostró al Barbas tres imágenes de bienes incautados en Brasil en la casa donde fue arrestado Chupeta. –¿En las fincas donde dice que visitó al señor Guzmán Loera vio obras de arte como éstas? ¿Colecciones de relojes como ésta? –preguntó el abogado del Chapo a Rosero, mostrando las fotos de dos pinturas del artista colombiano Fernando Botero, con valor de más de un millón de dólares entre las dos, y otra imagen de la colección de costosos relojes que los brasileños le incautaron al exjefe del CNV. –No –respondió. La jefa del equipo de siete fiscales del Departamento de Justicia esperó a que Balarezo terminara su interrogatorio a Rosero sobre las obras de arte, que al jurado y los presentes en la sala les daba la sensación de que nada tenían que ver con el Chapo, excepto para hacerlo pasar como un hombre humilde. Goldbarg le pidió al juez Cogan permiso para interrogar nuevamente a Rosero. Con unas cuantas preguntas la fiscal derrumbó la estrategia de Balarezo. –En las fincas en la Sierra donde visitó al acusado no vio las obras que le mostró la defensa, ¿cierto? –preguntó la fiscal. –Correcto –reviró Rosero. –Pero vio al acusado portar un rifle AK-47 chapado en oro que tenía incrustaciones de piedras preciosas. –Correcto. –No más preguntas, su señoría –concluyó Goldbarg. Agentes federales Como ya había ocurrido en audiencias previas, la fiscalía presentó como testigos de prueba a agentes y exagentes federales. El jueves 6 la sesión –que concluyó dos horas antes de lo previsto– se centró en los testimonios de Steven Demayo, exagente del Buró de Inmigración y Aduanas (ICE); Robert Johnson, agente de la Administración Federal Antidrogas (DEA), y de Tod James Bagetta, supervisor de grupo de la Guardia Costera. A preguntas del fiscal Michael Robotti, Demayo estableció detalles de una investigación que llevó a cabo desde septiembre de 2000 hasta finales de 2006. El exagente del ICE habló de la pesquisa relacionada con el tráfico de cocaína colombiana transportada en tanques de ferrocarril desde la Ciudad de México a bodegas en Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Los Ángeles. El asunto, bajo las manos del entonces agente de ICE, implicó directamente a los presuntos narcotraficantes Tirso Martínez Sánchez, El Centenario; El Futbolista, Juan Bugarín, y José Gudiño Silva, El Notario. En las ciudades mencionadas, los tres personajes rentaron bodegas a nombre de empresas fantasma –como Azteca Imports–, presuntamente dedicada a importar de México aceite comestible que otras empresas fantasma mexicanas importaban de California. Demayo explicó ante el jurado que sólo en un año los implicados llevaron de México a las ciudades señaladas más de 20 tanques de ferrocarril con varias toneladas de cocaína cada uno. Los tanques estaban acondicionados (como mostraron las radiografías que se toman a los furgones de carga comercial al ingresar a Estados Unidos) con compartimentos secretos. Por su parte, el agente de la DEA mencionó la investigación que encabezó en septiembre de 1999 en El Paso, Texas. Johnson especificó que, como parte del seguimiento que hacía un agente encubierto al ciudadano estadunidense Benjamin Harrow, se confiscó un cargamento de cocaína de mil 97 kilos que iba a ser transportado, junto con mil 587 kilos de mariguana, de esa ciudad fronteriza a unas bodegas en Nueva York relacionadas con El Centenario. La cocaína y la mariguana serían transportadas en un tractocamión que manejaría el agente encubierto de la DEA contratado para ello por Harrow. La droga iba escondida en cajas de zapatos. Balarezo y Lichtman preguntaron a Demayo y Johnson si en sus investigaciones encontraron documentos u obtuvieron declaraciones en las que se mencionara el nombre de Guzmán Loera. Ambos respondieron que no. Por último, en la audiencia del jueves 6 tocó el turno al oficial de la Guardia Costera. Bagetta, respaldado por una videograbación y por fotografías, demostró al jurado la sofisticación de los narcos colombianos para enviar cocaína a sus socios mexicanos. Así, el guardacostas revivió lo ocurrido la noche del 15 de septiembre de 2008 en aguas internacionales, a 350 millas de San José, Guatemala. “Mi fragata detectó un objeto sospechoso que navegaba en la zona”, expuso Bagetta. El oficial añadió que por la experiencia que tenía sobre situaciones similares determinó que se trataba de un submarino semisumergible, comúnmente fabricado por narcotraficantes para transportar cocaína. La orden de Bagetta a sus subalternos fue aproximarse por la retaguardia al submarino para que sus tripulantes no se dieran cuenta. Tuvieron éxito. “Es muy difícil interceptar estos submarinos… En nueve de cada 10 casos se pierde el contrabando porque los tripulantes, al darse cuenta de que serán interceptados, abren una escotilla especial del sumergible y se salen de él. Un submarino de éstos se hunde muy rápido; tarda entre tres y cinco minutos en llegar al fondo del mar”, enfatizó el guardacostas. El video mostró cómo los guardacostas estadunidenses se pararon sobre la plataforma superior del submarino. De éste salieron cuatro tripulantes, que fueron detenidos y esposados. Bagetta resaltó que, por las leyes marítimas, es prioridad el rescate de las personas, a las que lanzan salvavidas mientras se hunde el contrabando. Sin evidencia, los tripulantes del semisumergible no son acusados de nada. Este reportaje se publicó el 9 de diciembre de 2018 en la edición 2197 de la revista Proceso.