CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial y los organismos autónomos permeó Palacio Nacional, donde la distinción a un connotado constitucionalista derivó en esgrima discursiva entre el mandatario y el ombudsman mexicano. El Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 fue conferido al doctor Héctor Fix Zamudio, uno de los más prolíficos juristas mexicanos, reconocido en el ámbito internacional y frecuentemente invocado en la doctrina jurídica. La presea la recibió su hijo, Héctor Fix Fierro. En el contexto de la promoción de una “política de austeridad” que implica reducir percepciones de la alta burocracia de los tres poderes y los organismos autónomos, suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fin de semana, la ceremonia fue el lugar elegido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, para abordar el diferendo. El ombudsman se refirió, primero, a la necesidad de cambios, pero, adujo, éstos deben basarse en la Constitución. Celebró la austeridad, pero rechazó que se intente vulnerar la independencia y menoscabar la autonomía de la CNDH; inclusive dijo que quien lo haga “siembra la semilla de un autoritarismo despótico”, contraviniendo la esencia de la Constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador repuso más tarde que durante su gobierno se respetarán los derechos humanos y se cumplirán todas las recomendaciones del ombudsman, a quien garantizo su autonomía. Y admitió las diferencias, pero insistió en la apología de su plan de austeridad. Además, se refirió a los cambios, a garantizar que se cumpla el Estado de derecho, al hecho de que se elimine el fuero presidencial y a convertir la corrupción en delito grave. “Desde luego hay diferencias, hay discrepancias, pero nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir”, soltó. González Pérez había lanzado ya su arenga, quizás la más crítica que se recuerde de un ombudsman hacia un titular del Poder Ejecutivo, declarando que la CNDH defiende derechos y no privilegios –como les recriminó en días pasados López Obrador--, para luego llamar a revisar, más allá de cuestiones salariales, las causas de la ineficiencia y los problemas relativos a la institucionalidad del país. “No debe estigmatizarse el servicio público”, dijo, para abundar en la necesidad de profesionalizarlo. Agregó: “Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de ajustar tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas, como aquellas que son insuficientes. Pero tal cuestión debe hacerse siguiendo estándares internacionales, bajo parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público. “Y más allá de que utilicemos un discurso que nos polarice y divida, asumiendo la virtud o los vicios de una persona, en razón del tipo de cargo que desempeña, empecemos a hablar de méritos, capacidades y profesionalismo”. Si hasta ahí la disputa de estos días alcanzaba un clímax discursivo, el mensaje continuó con una crítica a los dichos de López Obrador respecto de la justicia. González Pérez recordó entonces las violaciones graves a derechos humanos como Aguas Blancas, Acteal, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán e Iguala, sobre los que –subrayó-- impera la impunidad. “La reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la paz no pueden legitimar la impunidad o promover medidas que desvíen o condicionen la verdad y el que se concrete la justicia”. Insistió que las víctimas en México no olvidan y luego abundó en las condiciones en que podría implementarse una justicia transicional. Siguió: “No podemos engañar a la historia. El olvido no trae verdad, ni es sustituto de la justicia. Sólo si alcanzamos la verdad, podemos aspirar a que la justicia deje de ser una aspiración y se materialice en la práctica. Sin verdad, no habrá verdadera justicia, sólo una aplicación parcial y condicionada de las normas, que más que justicia, legaliza la impunidad y la preserva”. El presidente de la CNDH ya estaba encarrerado, y si bien saludó diferentes aspectos de la política de paz y seguridad de López Obrador, como los temas de carácter preventivo, un enfoque social de la problemática, una política inclusiva, repensar el consumo de drogas, entre otras, remató con sus consideraciones sobre la Guardia Nacional. “Los riesgos implícitos de privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito”. Ya metido en el tema, consideró indispensable que se garantice la implementación de fiscalías autónomas, otro tema en el que el presidente López Obrador no parece estar de acuerdo. Además de la presea otorgada a Héctor Fix Zamudio, se eligió a Tita Radilla para recibir una mención honorífica que, con el Caso Radilla, ejemplar en el derecho internacional derecho-humanista, se convirtió también en una voluntaria en la lucha de las familias de las víctimas de desaparición forzada en el país. En su caso, la presea fue recibida por Jocelyn López Pérez, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.