A Sedena y PGR peñistas, recomendación de la CNDH por detención ilegal y tortura de nueve personas

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Germán Canseco El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció patrones de violaciones a derechos humanos cometidos por personal militar durante la “guerra contra el crimen organizado”, y también de la impunidad en que se mantienen las denuncias contra el personal militar tramitadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En la recomendación por violaciones graves a derechos humanos RVG16/2018, notificada el 28 de noviembre al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, la CNDH tomó los casos de nueve víctimas que interpusieron quejas entre 2014 y 2016.

En ellas acreditaron violaciones graves a derechos humanos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura atribuibles a elementos del Ejército mexicano, agravios que fueron del conocimiento de las autoridades federales que violentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

El documento recomendatorio está relacionado con la detención de nueve hombres –cuatro de ellos militares– en los estados de Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, en las que se documentó que los elementos del Ejército ejecutan las capturas “alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos”.

De las quejas presentadas, una fue presentada por un Juzgado de Distrito y dos por parte de la Defensoría Federal; el resto por las propias víctimas.

Según la investigación del organismo, basada en seis quejas, se acreditaron actos de tortura en los nueve hombres, y en dos de las víctimas hubo violencia sexual.

Por la aplicación del Protocolo de Estambul, la CNDH documentó actos de tortura consistentes en “amarre de extremidades (manos y/o pies), golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas (dos personas), golpes con objetos (en glúteos y plantes de los pies), intentos de asfixia y actos violentos”.

En los cuatro casos de militares, acusados de colaborar con el crimen organizado, destaca que fueron detenidos con engaños por otros integrantes del Ejército, y torturados en instalaciones castrenses, hasta donde habría llegado personal de la PGR para tomar declaraciones y atestiguar los actos de tortura.

De la misma manera, el organismo demostró que en tres casos en que hubo intervención del agente del Ministerio Público Militar, y en los otros seis de los agentes del Ministerio Público Federal, se violentó “el derecho de acceso a la justicia en agravio de las nueve víctimas, en virtud de que las personas servidoras públicas que conocieron de manera individual los casos de la recomendación tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal por probable comisión del delito de tortura”.

Pese a lo anterior, sólo se iniciaron averiguaciones previas por tortura en cinco de los nueve casos, sin que se haya sancionado a responsables, toda vez que “ha trascurrido un término que oscila entre 11 meses y cuatro años y ocho meses desde el comienzo de su integración”, además de que en un caso no hay claridad en si fue iniciado el trámite de investigación.

Dos días antes de que dejara el cargo, la CNDH recomendó a Salvador Cienfuegos “reparar el daño a los nueve agraviados conforme a la Ley General de Víctimas e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar con el organismo en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que se formule, respectivamente, ante la PGR y la instancia competente en la Sedena contra los elementos involucrados en los hechos, y si la facultad de sanción ya prescribió se incorpore copia de la recomendación en el expediente personal y laboral de los elementos militares responsables”.

De igual manera, se instruye a capacitar a los elementos en materia de derechos humanos y aplicación efectiva del “Manual del Uso de la Fuerza –de aplicación a las tres Fuerzas Armadas”– en todos los operativos, en relación con el uso de cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio, e implementar políticas públicas que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración de los derechos humanos cuando la Sedena coadyuve en funciones de seguridad pública a través de un plan institucional”.

En el caso de la PGR, el organismo pidió realizar las diligencias pertinentes para concluir las averiguaciones previas por tortura integradas, y colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que promueva, respectivamente, ante la instancia competente de la PGR contra los agentes del Ministerio Público que incumplieron su deber.

También realizar una investigación eficaz e imparcial para identificar a la persona que intervino en las agresiones de tres de las víctimas, que lo identifica como El Licenciado o El Lic, quien se encontraba adscrito a la desaparecida SIEDO.

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