Por mala atención médica, dos mujeres quedaron estériles; CNDH pide indemnizarlas

La CNDH pidió al gobierno de Tamaulipas, que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, indemnizar a las víctimas. Foto: Octavio Gómez La CNDH pidió al gobierno de Tamaulipas, que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, indemnizar a las víctimas. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Tamaulipas deberá indemnizar conforme a la ley, inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, brindar atención médica y psicológica y proceder penalmente contra el personal médico y los servidores públicos que intervinieron en la inadecuada valoración y atención del embarazo de dos mujeres –una de ellas adolescente—y que derivó en la muerte de sus bebés y en la extracción de la matriz de ambas mujeres.

Así lo ordenó hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 55/2018 emitida al gobernador de aquella entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En dicha recomendación, la CNDH consideró que en ambos casos las autoridades del sector salud del estado incurrieron en violencia obstétrica, por lo que recomendó a la autoridad estatal tomar las medidas de carácter legal, administrativo y financiero para que el Hospital General de Altamira y el Centro de Salud Villa Cuauhtémoc cuenten con infraestructura y personal médico especializado para brindar atención integral y de calidad en los servicios de salud.

Asimismo, solicitó designar a un funcionario de alto nivel que sea enlace con la CNDH para dar cumplimiento a la recomendación y emitir las constancias correspondientes que acrediten su cumplimiento.

Los casos

De las investigaciones realizadas por la CNDH, se determinó que hubo violaciones a los derechos a la protección a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva hacia las víctimas, al interés superior de la niñez –en agravio de la mujer adolescente embarazada– y violencia obstétrica hacia la otra mujer de 32 años.

En su declaración, la adolescente manifestó que acudió al Hospital General de Tampico, debido a que su bebé estaba a punto de nacer.

Sin embargo, dijo que la ginecóloga que la revisó le dijo que todavía le faltaba una semana para dar a luz.

Como los dolores en el vientre no cesaban, la adolescente decidió ir al Centro de Salud Villa Cuauhtémoc, donde le indicaron que el corazón del bebé latía lento, por lo que fue canalizada al Hospital General de Altamira, donde le informaron que el bebé había fallecido, por lo cual fue ingresada a quirófano para extraerle el producto de gestación. A consecuencia de una infección, posteriormente le fue extirpada la matriz y parte del apéndice.

En la recomendación, la CNDH estimó que la mala atención médica colocó a la adolescente en una situación de máxima vulnerabilidad.

“La inadecuada valoración y vigilancia de embarazo de alto riesgo por personal médico del Centro de Salud y el Hospital General de Altamira aumentó el riesgo de las complicaciones obstétricas que presentaba y la situación del producto, que derivó en la muerte fetal intrauterina”, concluyó.

En el segundo caso, la mujer refirió sentir dolores de parto, por lo que acudió al Centro de Salud de Villa Manuel y de ahí la canalizaron al Hospital de Altamira, donde le diagnosticaron probable choque séptico, óbito fetal y anemia, y al hacerle un ultrasonido se detectó que el bebé falleció.

Debido a su estado de salud, la mujer fue trasladada al Hospital Civil de Madero, en el que se le practicó operación cesárea para extraer el producto y la matriz.

En este caso, personal médico de la CNDH determinó que hubo una inadecuada atención médica en el Hospital General de Altamira al omitirse el cuadro de preeclamsia que presentaba la paciente y en la inducción de trabajo de parto, se aplicó de manera injustificada una dosis de misoprostol y oxitocina, práctica de medicación que no se encontraba sustentada medicamente; además, en el documento del consentimiento no se estableció el acto autorizado, riesgos, beneficios, nombre de un familiar responsable y médico.

Según los expertos de la CNDH, la inducción del trabajo del parto a las pacientes fue inadecuada, al no tomar en cuenta la gravedad de su estado de salud, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de la matriz para ambas, siendo de mayor impacto para la mujer adolescente, que no ha tenido hijos, lo que evidencia la vulneración al derecho a la libertad y autonomía reproductiva de las agraviadas.

La recomendación

Con base en lo anterior, la CNDH recomendó al gobernador de Tamaulipas reparar integralmente el daño a las víctimas, indemnizarlas conforme a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas e inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas; proporcionarles atención psicológica hasta que alcancen su total sanación psíquica y emocional; atención médica especializada, proporcionar medicamentos de manera gratuita, incluir cualquier tratamiento, rehabilitación, atención paliativa que sea necesaria para que puedan alcanzar el disfrute del nivel de salud más alto posible.

También, colaborar en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como en la integración de la denuncia y queja que presente la CNDH en esa Procuraduría y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, respectivamente, contra los responsables y servidores públicos que sean identificados; anexar copia de la Recomendación a sus expedientes laborales y personales; capacitar al personal médico en derecho a la protección de la salud materno infantil, con énfasis en el interés superior de la niñez; conocimiento y manejo de las normas en materia de salud referidas en la Recomendación, sobre el derecho a una vida libre de violencia obstétrica y adecuada integración del expediente clínico.

Asimismo, tomar las medidas de carácter legal, administrativo, financiero para que el Hospital General de Altamira y el Centro de Salud Villa Cuauhtémoc cuenten con infraestructura y personal médico especializado para brindar atención integral y de calidad en los servicios de salud, así como designar a un funcionario de alto nivel que sea enlace con la CNDH para dar cumplimiento a la Recomendación y emitir las constancias correspondientes que acrediten su cumplimiento.

 

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