CUERNAVACA, Mor. (apro).- La extitular de la Secretaría de Obras Públicas durante el gobierno de Graco Ramírez, la perredista Patricia Izquierdo, solicitó el amparo de la justicia federal ante la presentación de denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el sexenio anterior. De acuerdo con la información que ha publicado Apro en su oportunidad, existen al menos 17 denuncias en su contra por su presunta participación en irregularidades cometidas en obras públicas durante el sexenio pasado. Según la información disponible, la exfuncionaria obtuvo una suspensión provisional contra actos de la Fiscalía Anticorrupción, misma que quedó asentada dentro del expediente 2035/2018, del Juzgado Primero de Distrito. El documento establece: “Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal y con fundamento en los artículos 110 y 128 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda de amparo promovida por Patricia Izquierdo, por su propio derecho, contra actos de Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, con residencia esta ciudad y otras autoridades, se forma por separado y duplicado este incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia incidental, se concede la suspensión provisional solicitada”. El pasado 5 de octubre, cinco días después de la llegada de Cuauhtémoc Blanco Bravo, se anunció la presentación de las primeras denuncias contra funcionarios del anterior gobierno encabezado por el perredista Graco Ramírez, por un faltante de 300 millones de pesos e irregularidades en algunas obras. El nuevo secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdez, señaló irregularidades en obras como la nueva sede del Congreso del Estado, el edificio del Tribunal Superior de Justicia ubicado en las inmediaciones del penal de Atlacholoaya, así como la nueva sede del Tribunal Unitario de Justicia para Menores, lo que constituye algunos de los “focos rojos” de lo que está investigando para luego tomar las medidas que establezca la ley. “Una información de primera mano, es que hay un adeudo de alrededor de 300 millones de pesos en estimaciones, ya hemos tomado conocimiento a problemas en algunas obras importantes como es la del Congreso del Estado, la del Tribunal Superior de Justicia en Atlacholoaya y del Tribunal Unitario de Justicia para menores Adolescentes, que tienen algunas problemáticas y cuestiones que estamos investigando, hemos pedido los expedientes únicos y los auditores ya están trabajando en ello”, manifestó el funcionario. “Esas auditorías van a consistir no sólo en la revisión de la entrega-recepción, sino que vamos a hacer la revisión física y financiera de cada una de las obras que se ejecutaron en los últimos seis años, y a partir de ahí tendremos un diagnóstico pero ahorita, ese es el estatus”, señaló. Negó que hubiera proceso de entrega-recepción, pues aseguró que sólo se le entregó una “tarjeta informativa”: “No hubo un proceso de transición, sólo una tarjeta informativa de parte de la anterior secretaría. Sin embargo, en términos de Ley, a partir de la toma de posesión del cargo -el día primero de octubre- citaron a la extitular de la secretaría y se presentó a las diez de la mañana para efectuar el acto formal de entrega-recepción, mismo que hicimos ante la presencia de un notario público. Cumplimos la formalidad documental, me entregaron la oficina y a partir de ese momento tenemos el acompañamiento de auditores, especialistas en obra pública y especialistas también en la normatividad que rige el tema de administración y empezamos a trabajar en las auditorías”, explicó. Esto dijo, es “lo más lamentable”, que “no hubo proceso de transición, no hubo proceso de entrega-recepción, sólo una tarjeta informativa de parte de la anterior Secretaría de Obras”, Patricia Izquierdo Medina. Dijo más bien que sólo fue “una formalidad” que incluyó la entrega de la ficha, la oficina y ya. Las auditorías no serán sólo para la revisión del proceso de entrega-recepción, sino que incluirán revisiones físicas in situ y financiera de cada una de las obras que se supone se ejecutaron en el gobierno de Graco Ramírez, los últimos seis años, para poder tener un diagnóstico completo. Además, aseguró que ha estado recibiendo desde el primer día a grupos de personas que tienen demandas en materia de infraestructura a lo largo y ancho de la entidad. “Hemos estado recibiendo a una gran cantidad de personas por diversos motivos, algunos comisariados ejidales que tienen algunas quejas, en fin, hemos estado abiertos a la gente y tratar de ser cercanos y sencillos como lo es nuestro gobernador”, concluyó.