CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hay países que de milagro no implosionan, y Líbano es uno de ellos. Con una inestabilidad política arrastrada desde la guerra civil (1975-1990), un intermitente riesgo de confrontación bélica con Israel, una división sectaria atizada por las pugnas de poder regionales y la presencia activa del yihadismo islamista, la pequeña nación árabe parece ahora doblegarse bajo el peso de 1.5 millones de refugiados sirios, que se asientan ahí desde 2011. Los efectos se observan sobre todo en la ya precaria infraestructura socioecónómica, que de golpe se vio sobrecargada con un 25% más de población (6 millones en total, incluidos los refugiados), y que arrojan situaciones de incomodidad y tensión en el día a día entre locales y foráneos, y a la postre, protestas y enfrentamientos políticos. Un caso que afloró desde 2015 fue el de la basura, cuando en pleno verano 3 mil 500 toneladas de desechos se acumularon durante semanas en las calles de Beirut a raíz de la saturación del principal vertedero, provocando un hedor insoportable y una contingencia sanitaria. En un hecho insólito, esta crisis desató multitudinarias y reiteradas manifestaciones ciudadanas, sin ninguna filiación política o sectaria y sólo aglutinadas bajo el lema #Apestan, jugando con los fétidos olores de los desperdicios y la endémica corrupción que caracteriza a la clase gobernante del país. Presionado, el entonces gobierno interino –que duró más de dos años por falta de acuerdos para nombrar a un primer ministro que convocara a elecciones legislativas– prometió abrir más vertederos y apoyar a los municipios para que pudieran tratar con mayor eficiencia sus desechos. El país, en su conjunto, produce entre 6 mil 500 y 7 mil toneladas diarias de basura. Pero esas promesas no se han cumplido, o por lo menos no como debían. A principios de este año, una tormenta arrastró otra vez montones de desechos hasta una playa ubicada a 16 kilómetros al norte de Beirut; y otra vez miles de personas salieron a protestar. Y es que el gobierno NO ha hecho su tarea ni ha supervisado puntualmente los trabajos de las empresas privadas en las que delegó la gestión de la basura. Según informó en ese momento el semanario libanés ‘Le Commerce du Levant’, entre 1996 y 2016 las arcas públicas desembolsaron unos 2 mil millones de dólares para recolectar y procesar la basura del país. Antes esta labor la monopolizaba una empresa conocida como Sukleen, pero ahora la han relegado a un segundo plano otras cuatro, con excelentes conexiones políticas y jugosos contratos. Bajo el título “Los nuevos reyes de los desechos”, el periódico levantino destacó que el más beneficiado era el grupo Al Jihad, encabezado por los hermanos Al Arab, quienes mantienen una estrecha relación con el actual primer ministro, Saad Hariri, al grado de que uno de ellos es el jefe de su servicio de seguridad. Debido a la opacidad de las concesiones, se ignora cuánto ha gastado bajo esta nueva modalidad el gobierno, pero se calcula que los contratos ascienden ya a unos 700 millones de dólares. A pesar de ello, ninguno de los nuevos concesionarios ha mejorado la recolección y gestión de los desperdicios, ni ha avanzado en la construcción de más vertederos y plantas de tratamiento, como se comprometió a hacer. Por su parte, el gobierno tampoco ha emprendido la descentralización prometida y, al contrario, ha dejado a los municipios al garete. Esto ha provocado que los vertederos informales se multipliquen, pasando de 600 a casi 3 mil. Lo que el ministerio del Medioambiente sí ha hecho es aprobar una nueva ley que prevé el establecimiento de plantas de incineración, para presuntamente convertir los residuos en energía. Ello ha disparado las alarmas de ambientalistas y expertos, debido a la toxicidad que implica. Beirut ya supera en 3.5 veces la tasa máxima de contaminación establecida por la Organización Mundial de la Salud, y los médicos libaneses reportan un acelerado aumento de problemas respiratorios, asma y cÁncer en los 150 puntos donde ya hay incineradores; casualmente, en las localidades más pobres. Pero la tentación de transformar la basura en energía es grande, porque el suministro eléctrico es otro de los rezagos del país. Los 15 años de guerra fratricida y los choques con Israel han dejado severamente disminuidas las instalaciones, y hoy todavía el gobierno programa cortes diarios que van de tres hasta 12 horas según la zona. Esta incapacidad gubernamental ha dado pie a un jugoso negocio de generadores eléctricos privados e ilegales –unos 3 mil 500 en todo el país– que permiten a 85% de la población (refugiados incluidos) contar con fluido eléctrico las 24 horas: cuando se corta el suministro estatal, se activa el privado, lo que se calcula aporta a sus proveedores unos mil 250 millones de dólares anuales. Pero esta convivencia se rompió en octubre pasado, cuando el ministro de Comercio, Raed Khoury, impulsó una nueva norma para que los dueños de los generadores pusieran medidores a sus clientes y cobraran una tarifa fija de 0.30 centavos de dólar por kilovatio-hora. Ellos cobran cuotas mensuales de entre 36 y 72 dólares, según el número de amperios, por lo que perderían mucho dinero, y se rebelaron. Eso dio pie a una situación “surrealista”, según dijo a Natalia Sancha --corresponsal de El País en Beirut-- Rami Rajeh, un miembro de la plataforma política Beirut Medinati: “El gobierno tiene el monopolio de la producción de electricidad, pero admite su incapacidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y, en paralelo, amenaza a un colectivo ilegal (los generadores privados), que decide hacer una huelga”. Sin embargo, Rajeh explicó que esta duplicidad no se limita al suministro eléctrico, sino a casi todos los servicios –agua, teléfono, internet, etc.–, por lo que prácticamente todos los consumidores pagan dos facturas mensuales: una oficial y otra informal, lo que inevitablemente conduce a un doble costo, que un amplio sector de la población no puede pagar. Ante tanta precariedad, a lo que ha apostado Líbano para reflotar su maltrecha economía es a la ayuda internacional para los refugiados, ya que debido al conflicto armado en la vecina Siria y al avance del yihadismo en su propio territorio, los inversionistas extranjeros huyeron y el antes floreciente sector turístico se derrumbó. Tanto, que el crecimiento anual de la economía libanesa cayó desde 2011 del 8% al 1%. El balance que hace el Banco Mundial es ampliamente deficitario. Las pérdidas, desde que se inició el conflicto sirio, se calculan en 21 mil 625 millones de dólares, mientras que las aportaciones internacionales en el mismo lapso apenas superan los 7 mil. Y el número de refugiados, pese a que oficialmente se cerró el flujo en 2015 y algunos miles han retornado a Siria, se mantiene estable. Según los datos, hay 1.5 millones de refugiados sirios (un millón registrados por la ONU y otros 500 mil sin registrar), descontando que en estos siete años 145 mil hijos de estos refugiados ya han nacido en Líbano. El “país de los cedros” acoge además a unos 300 mil refugiados palestinos, que llegaron con anterioridad. Entre este colectivo el desempleo llega al 50% –en comparación con el 20% de la población local– y se calcula que hasta el 70% vive por debajo del umbral de la pobreza. Apenas el 50% de los sirios registrados entre tres y 18 años ha podido ser absorbido por el precario sistema educativo libanés, y sobra decir que también este grupo es el que más padece la carencia de servicios. Ante este devastador panorama, desde que en diciembre de 2016 por fin logró conformarse un nuevo gobierno en Líbano, el primer ministro Hariri no ha cesado de solicitar aportaciones multimillonarias a la comunidad internacional, aduciendo que si bien tiene la responsabilidad de velar por los refugiados, su primera obligación es proteger a sus ciudadanos y evitar el colapso del país. Quién sabe si lo logre, porque llega poco dinero y a cuentagotas…