ROSARNO, Italia (proceso.com.mx).- En un rincón del campamento de San Ferdinando, en Calabria, extremo sur de la península italiana, el inmigrante Ibrahim, el único que accede a hablar, cocina en una olla unos diminutos boquerones. La comida que prepara en una parrilla de gas impregna de un olor dulzón el aire caliente de la improvisada choza en la que el hombre está sentado sobre un deteriorado colchón. Es sábado, pero para él no es un día libre. Como los miles de jornaleros africanos que trabajan en los campos en todo el sur de Italia, mal vistos por el nuevo gobierno italiano, también hoy hará lo que sea con tal de hallar empleo. Ibrahim es senegalés y tiene un permiso temporal de residencia. Tuvo la “buena suerte” de escapar del infierno de Libia, de no morir –como diez de sus compañeros– al cruzar el Mediterráneo, y ahora trabaja en la cosecha de cítricos, que terminará en marzo. Pero no le pagan por hora sino por tarea realizada: un euro por una caja de mandarinas, 50 centavos por una de naranjas. Así gana unos 25 euros al día, cerca de la mitad de lo establecido por ley laboral local, en una jornada de diez o 12 horas que se desarrolla, casi siempre, sin descansos y a la intemperie. –Quítale también los tres euros que hay que darle al “jefe negro” –comenta. Él es uno de los esclavos de la cosecha en el sur de Italia. Inmigrantes que no tienen contrato de trabajo ni seguro médico, ni derecho a subsidios y están a merced de lo que digan los capataces y los intermediarios –algunos africanos, otros locales– que consiguen esta mano de obra a precio de esclavitud, también con la bendición de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa. Esos esclavos vienen de Senegal, Ghana, Nigeria, Togo, Costa de Marfil, Ghana, Congo y otros países africanos, y la mayoría llegó por mar desde Libia. Los eligen al amanecer, como si se tratara de un mercado de ganado, y quienes los reclutan también les piden pagar el pizzo, una comisión que va de tres a cinco euros y que los jornaleros restan de su paga. Racismo “Es la mejor expresión de un sistema fallido. Porque la agricultura calabresa, pese la riqueza en sus recursos naturales, ha sido destrozada. Y ellos, los inmigrantes temporaleros, son las últimas víctimas de este sistema”, dice Sara Urbano, responsable de los proyectos de inmigración de la Fundación Con il Sud, que hace trabajo de inclusión social en el sur de Italia. “Aquí las cosas funcionan mal desde hace tiempo. Antes, hasta los noventa, este trabajo lo hacían las mujeres y los italianos más pobres”, añade. A esta situación se suman ahora los actos de racismo contra los africanos y las políticas antiinmigración del nuevo gobierno italiano, promovidas en particular por Matteo Salvini, el ministro de Interior y líder de la Liga, partido que siempre ha tenido la agricultura como uno de los temas predilectos de su agenda. “Los indocumentados deberán irse”, llegó a decir Salvini en una de sus visitas a Rosarno. En sus raíces, sin embargo, el problema remite a las fallas del sistema económico, dice Vincenzo Vinarello, fundador de la cooperativa Goel, que intenta llevar adelante una economía sustentable y antimafia. “En el origen está el hecho de que en las últimas décadas el precio pagado a los productores por los distribuidores ha bajado estrepitosamente, sobre todo por la fuerte competencia de productos provenientes de fuera. Eso hundió al campo italiano, en particular en el sur”, asegura Vinarello. De esta manera muchos productores –entre ellos los pequeños terratenientes doblegados por la masiva importación a precios bajísimos– han caído en las garras de las ‘ndrinas calabresas, las células de mafiosos locales que se han infiltrado en el negocio de la agricultura junto con criminales africanos. “Han arruinado a la agricultura”, añade Vinarello. Ésta es también la tesis que se ha manejado en los recientes informes del Instituto Eurispes, el Observatorio sobre la Criminalidad en la Agricultura y el principal gremio de los agricultores, Coldiretti, como apareció en el último reporte de 2017. “El volumen de negocios de las agromafias subió 30% en el último año (2017), alcanzando los 21 mil 800 millones de euros al año”, escribieron los autores del reporte de Coldiretti. “Treinta mil terrenos agrícolas están en manos de las mafias”, añadieron. Parte del problema, además del atraso económico del sur, es que también la ‘Ndrangheta ha empezado a ver al negocio agrícola como una buena inversión. “Les sirve para reinvertir el dinero que ganan ilegalmente y también para robar fondos de la Unión Europea, lo que implica un riesgo muy bajo de acabar en la cárcel”, explica una fuente judicial. El dato no es irrelevante. Según un informe de la ONG Oxfam, Italia –uno de los mayores productores agrícolas de Europa– recibe subsidios para mantener bajos y competitivos los precios de cítricos, tomates, peras en conserva, tabaco, vinos y licores. Con todo, alguna iniciativa judicial para frenar el fenómeno criminal en Italia fue llevada adelante. En 2011, el ordenamiento italiano reconoció por primera vez la existencia de los caporali (capataces) y en 2016 el entonces centroizquierdista gobierno endureció las penas contra éstos. “Esta mañana pusimos bajo arresto domiciliario a otro, un empresario local. Y a otros los detuvimos el año pasado. Es un pequeño paso adelante, logrado gracias a esa ley”, cuenta el fiscal de la ciudad de Cosenza, Mario Spagnuolo. Ajustes legales Los datos confirman los avances obtenidos gracias a las nuevas medidas. Según el Cuerpo Nacional de Inspectores del Trabajo, desde la entrada en vigor de la última ley hasta febrero pasado la policía pudo identificar a más de 5 mil víctimas de explotación laboral –alrededor de 400 de ellos, en el sector de la agricultura– y hubo 360 casos de empresarios que hacían uso de esta injusta práctica. Y eso, aunque “la ley sólo golpee el último eslabón del sistema”, como insiste Vinarello. Pero la situación podría incluso empeorar si, como han sugerido Salvini y Gian Marco Centinaio, ministro de Agricultura, el actual gobierno decide eliminar la ley de 2016. “Esa ley debe ser cambiada”, dijo Centinaio el pasado junio. “En lugar de simplificar, complica”, añadió Salvini. “Si eliminan la ley, también eliminarán el efecto de disuasión de la explotación laboral que ha producido”, razona Nino Quaranta, campesino del consorcio Macramé, un proyecto que trabaja para integrar a los inmigrantes en la agricultura de una manera legal y digna en la llanura de Gioia Tauro y que es una de las experiencias de la Italia que se resiste a las políticas antiinmigrantes del actual gobierno. “Aquí me pagan unos 44 euros por seis horas de trabajo, como dice la ley, y en una situación mucho menos agobiante que la que vivía antes”, dice Pape, un senegalés de 21 años que hace un mes empezó a trabajar con Macramé. “Espero poder juntar la suma que necesito para irme del campamento y alquilar una casa, pues la situación allí es terrible”, añade. Pape se refiere al segundo campamento de San Ferdinando, una colección improvisada de tiendas de campaña donde no hay agua potable, electricidad ni servicios y donde hace ocho años explotó una de las más dramáticas revueltas de jornaleros, detonada por el asesinato a tiros de dos de ellos por el hijo de un capo de la ‘Ndrangheta y que acabó en enfrentamientos entre la policía y los inmigrantes. Pero no fue el único incidente. En junio pasado fue asesinado Sacko Soumayla, un sindicalista maliense de 29 años que había ido a buscar chatarra para las chozas de unos compañeros, lo que nuevamente resultó en una rebelión. “La vida puede ser muy difícil por aquí”, dice Lamine, otro inmigrante de 38 años que llegó a Italia en 2012. También en agosto fallecieron unos dieciséis jornaleros que iban abarrotados en camiones conducidos por capataces; uno de los vehículos se volcó y los inmigrantes fueron dejados durante horas sin acceso a un hospital. Entonces incluso el ministro de Exteriores, Enzo Moavero, se dijo conmovido y recordó la tragedia de Marcinelle, Bélgica, en la que perdieron la vida 136 mineros italianos a mediados del siglo pasado.