A la Semarnat, una funcionaria acusada de amañar consultas

Los indígenas y defensores de los derechos humanos que se oponen a megaproyectos energéticos recibieron como una pésima noticia el nombramiento de Katya Puga como subsecretaria de la Semarnat en el gobierno de López Obrador. La acusan de realizar consultas amañadas para abrirle camino a varias obras del gobierno anterior que afectaban el territorio y el medio ambiente en estados como Puebla, Oaxaca y Sonora. Según los activistas, antes de que esos proyectos fueran suspendidos mediante amparos, las maniobras de la funcionaria causaron conflictos entre los pobladores y represión contra los líderes opositores.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 7 de diciembre Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), nombró subsecretaria de Planeación y Política Ambiental a Katya Puga Cornejo, quien como funcionaria de la Secretaría de Energía del sexenio pasado fue señalada por pueblos y comunidades indígenas de simular consultas para autorizar megaproyectos energéticos. 

La subsecretaria se encargará del aspecto ambiental de proyectos emblemáticos de la actual administración, como el Tren Maya, el sistema aeroportuario de Santa Lucía-Ciudad de México-Toluca y la refinería en Paraíso, Tabasco.

En este último caso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) emitió el viernes 14 una orden de suspensión al desmonte de 230 hectáreas en Dos Bocas, por no contar con permisos de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo.

El desmonte se inició el 8 de septiembre y a finales de noviembre, aún en el periodo de transición, la actual titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, sostuvo que los terrenos eran de Pemex y contaban con los permisos necesarios para construir la refinería, cuyas obras puso en marcha el presidente López Obrador el pasado domingo 9.

Las consultas han sido un tema recurrente de López Obrador. Como presidente electo justificó, en una consulta sin controles, la decisión de cancelar el proyecto aeroportuario en Texcoco; sometió a una “consulta” proyectos del arranque de su gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, e incluso ofreció realizar otra para decidir si se debe o no perseguir delitos cometidos por funcionarios de administraciones pasadas.

Los rastros de Puga

En el Valle del Yaqui igual que en el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Negra de Puebla y en la Tarahumara, Katya Puga ha dejado la huella de los amparos que han promovido, y en algunos casos ganado, las comunidades en contra de consultas amañadas, lo que detuvo diferentes obras del sexenio de Peña Nieto.

De acuerdo con el portal Declaranet, Puga Cornejo es politóloga por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ocupó diferentes cargos en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en áreas de participación ciudadana de la Secretaría de Salud. De 2011 a 2013 laboró en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde incursionó como “consultora sobre derechos indígenas”.

Fue en 2013 cuando se incorporó a la Sener, primero como directora de Vinculación Social en la subsecretaría de Electricidad y después, con una dirección general indeterminada, en la subsecretaría de Hidrocarburos bajo el mando directo del entonces secretario Pedro Joaquín Coldwell.

En estas últimas posiciones Puga Cornejo fue acusada por representantes de pueblos, consultados por Proceso, de sembrar discordia y fragmentar las comunidades, simular procedimientos y hacerse acompañar de personal que intimidó a opositores a los megaproyectos.

El vocero de la comunidad yaqui Mario Luna, quien fue preso político, advierte: “Hoy (Puga Cornejo) queda al frente de Semarnat y no podemos esperar cosas buenas. Hay un conflicto latente sobre el Acueducto Independencia, y con esta persona creemos que no va a cambiar para nada y se van a seguir complicando las cosas”.

El más reciente informe de conflictividad (julio de 2018) de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, documenta entre otros casos el de obras de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el Gasoducto de Agua Prieta; el recién cancelado gasoducto de Transcanadá en Puebla; el campo Eólica del Sur, en el Istmo de Tehuantepec, y el Gasoducto Topolobampo, que atravesaba la Sierra Tarahumara. 

Anunciados desde el comienzo de la administración de Peña Nieto, dichos proyectos se licitaron y las consultas a la población se realizaron cuando los trabajos estaban por iniciarse o ya se habían iniciado. Todos los procedimientos fueron ajenos a los estándares internacionales que derivan del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, signado y ratificado por México.

Ese instrumento de la OIT establece el derecho de los pueblos y comunidades a una consulta previa, libre e informada. En la mayoría de los casos Puga Cornejo aplicaba la consulta con la obra ya comenzada y adjudicada a empresas. Además, lo hacía en lugares inapropiados y dejó evidencias de coerción, así como del uso de información sesgada.

En noviembre de 2017 dejó el cargo y un año después reapareció como responsable de la consulta para realizar el Tren Maya, replicando su esquema usual.

El pasado 22 de noviembre, en entrevista con La Jornada, informó que el proyecto se licitaría este diciembre; a mediados de 2019 tendría listo el Manifiesto de Impacto Ambiental y se realizarían varias consultas en las comunidades, lo que sigue pendiente.

El Istmo y las eólicas

Después de una reunión en la que Katya Puga pretendía reestablecer las deficiencias de una consulta celebrada en el Istmo de Tehuantepec en 2014, la indígena zapoteca Bettina Cruz y el defensor de derechos humanos Rodrigo Peñaloza fueron agredidos, primero verbalmente, por un grupo de hombres armados.

Los identificaron de inmediato: eran trabajadores de una constructora al servicio de Eólica del Istmo (originalmente, la española Mareñas Renovables) que construye el parque eólico más grande de América Latina para abastecer a Oxxo, Heineken y otras empresas del Grupo Femsa. 

A decir de Cruz y Peñaloza, los sujetos escoltaron a Puga hasta su hotel y se fueron a toda prisa.

El caso fue denunciado y difundido por organizaciones como Fundar y Cemdha, que alertaron sobre los peligros para Bettina­ Cruz. Como ella ha sido hostigada y encarcelada por su defensa del territorio comunitario, cuenta con medidas cautelares del sistema interamericano y se encuentra dentro del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, pero esto fue inútil porque su botón de pánico no funcionó.

En la consulta, realizada en octubre de 2014, las organizaciones civiles ProDESC, Poder, Centro Tepeyac y CódigoDH, así como un grupo asesor de científicos de varias universidades y el entonces Relator Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, observaron diversas anomalías. Entregaron sus resultados a la Sener, que los desestimó, pero consiguieron que los tribunales admitieran a trámite tres amparos.

El 14 y el 21 de noviembre pasados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de la Sener. Conforme al criterio del ministro José Ramón Cossío, la consulta fue previa porque se realizó antes de iniciar las obras. 

ProDesc calificó esa decisión de regresiva, dado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece que el involucramiento de la comunidad debe hacerse desde el diseño de un proyecto y no después de asignar concesiones y manifiestos de impacto ambiental.

Las pruebas aportadas por el Relator Especial y las organizaciones –explica la coordinadora de ProDesc, Alejandra Ancheitia– mostraron que no se reunieron los requisitos de consulta previa ni ésta fue culturalmente adecuada, pues no hubo intérpretes al zapoteco del Istmo, no se dio información suficiente y adecuada, y no hubo un ambiente libre pues se registraron actos de intimidación. Por eso el caso todavía puede presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Ancheitia expone: “La designación de Katya Puga en la Semarnat no es la mejor noticia para las organizaciones de derechos humanos que acompañamos este tipo de procesos”. 

Otra mala nueva para dichos defensores es la decisión de la SCJN, pues la primera semana de noviembre pasado se realizó una consulta con vicios similares en Unión Hidalgo, Oaxaca.

El Yaqui y las sierras

En Loma de Bacúm la tierra es sagrada. Ahí murieron los guerreros de las matanzas históricas, como la “guerra del Yaqui”, y el territorio abunda en plantas medicinales y comestibles. María del Carmen García Vázquez no quiere que por ahí pase un gasoducto que cause daños ambientales.

No está dispuesta a que el yori (el “hombre blanco” invasor) se apodere de sus lugares. Dice que al analizar el contrato que les presentaron resultó que hablaba de ceder y no sólo de rentar sus tierras. Aceptarlo implicaría perder su territorio sagrado y hasta su comunidad.

Por eso tramitaron un amparo y han resistido incluso la violencia de otros miembros de la tribu que sí están de acuerdo con la obra. Estos últimos líderes yaquis, citados por Puga Cornejo, firmaron de conformidad en hoteles y restaurantes de Ciudad Obregón, donde a decir de García Vázquez “los compraron”.

La defensora yaqui opina del nombramiento de Puga: “Muy mal el puesto que le dieron, porque ella no está a favor del ambiente. Fue aliada de las empresas y por todo lo que hizo ocurrió toda esta injusticia, la criminalización a Loma de Bacum y el encarcelamiento de Fidencio”.

Se refiere a Fidencio Aldama, su esposo, que está en prisión, acusado de cometer un homicidio durante el ataque de un grupo antagónico de yaquis que fue a reclamar por el amparo que mantiene frenado el gasoducto, pese a que la mayoría de los habitantes se opone a que atraviese sus tierras.

La obra es de IEnova, filial de Sempra Energy, una trasnacional estadunidense ampliamente favorecida en los últimos sexenios y que, en el de Peña Nieto, consiguió asociarse con Pemex, en absoluta opacidad, para construir por ejemplo el gasoducto Los Ramones II, donde su contratista es la brasileña Odebrecht.

El presidente de IEnova en México es Carlos Ruiz Sacristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo y miembro del consejo de administración de OHL México. 

En agosto pasado, IEnova designó directora general a Tania Ortiz Mena López Negrete, prima de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena (jefa de Katya Puga), así como del ministro de la SCJN Antonio Gutiérrez Ortiz Mena.

Y es en la SCJN donde se tramita uno de los amparos que mantienen suspendida la obra de IEnova en su paso por el Yaqui.

Mario Luna, el vocero comunitario detenido ilegalmente en 2014 por oponerse al Acueducto Independencia, afirma que Puga Cornejo “estuvo a cargo de la consulta sobre el gasoducto y aquí dejó una consulta que no fue real ni apegada a los estándares internacionales. No hubo consulta previa, informada ni fue de buena fe. No fue limpia porque hubo coerción sobre las personas, ni fue en los espacios culturalmente adecuados, conforme a normas internacionales”.

Señala que esa funcionaria fue responsable de que la “consulta indígena” se realizara en hoteles y restaurantes de Ciudad Obregón, sin presencia de la comunidad, cuando debió ser en las Guardias Tradicionales, que son los sitios culturalmente propicios. Esto provocó la división de la tribu. 

Otro caso documentado en el estudio de la CDPIM es el de la Hidroeléctrica de Coyolapa, en la Sierra Negra de Puebla, donde Katya Puga también se encargó de la consulta. Antes de que el proyecto quedara detenido por un amparo costó muertos y desaparecidos, como ha denunciado principalmente el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Entre otros casos conflictivos, Puga Cornejo promovió el gasoducto El Encino-Topolobampo, de Transcanada, que cruzaría la Sierra Tarahumara y actualmente está suspendido por un amparo. 

El reportero le pidió una posición sobre los antecedentes de Puga Cornejo a la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Este reportaje se publicó el 16 de diciembre de 2018 en la edición 2198 de la revista Proceso.

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