Urgen a AMLO a eliminar tipos penales usados para reprimir protestas sociales

Presentación del informe El Sexenio de la Resistencia, elaborado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Twitter @article19mex Presentación del informe El Sexenio de la Resistencia, elaborado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Twitter @article19mex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe eliminar los delitos ambiguos como “ultraje a la autoridad”, “ataque a la paz pública”, “sedición” o “terrorismo”, así como los demás tipos penales que las autoridades utilizaron para reprimir con violencia las manifestaciones a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, exigieron hoy organizaciones de la sociedad civil.

“La exigencia va para el gobierno federal y los locales”, insistió Luis Eduardo Knapp Moreno, coordinador de defensa en la organización Artículo 19, mientras presentaba el informe El Sexenio de la Resistencia, elaborado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

De acuerdo con el FLEPS, el gobierno de Enrique Peña Nieto será recordado por la represión y criminalización de la protesta social, por las “diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública”, así como por registrarse 175 violaciones a derechos humanos en los últimos 40 meses del sexenio

“El sexenio de Peña Nieto fue brutal por el ejercicio de la protesta, la represión fue la regla”, aseguró el activista, al añadir que “la protesta se ha visto como un tema de seguridad pública, como una protesta contra la paz y el orden público. Hay que cambiar el enfoque”.

Señaló que durante la administración priista, las autoridades hicieron un “uso arbitrario del sistema penal a partir de delitos redactados de manera muy ambigua”, pues recordó que “mentarle la madre a un policía era ultraje a la autoridad”, y que en algunas entidades los gobiernos cambiaron las leyes de movilidad y de uso de la fuerza pública para amedrentar contra la protesta.

El FLEPS enumeró en su informe los casos más emblemáticos de resistencia cívica durante el gobierno priista, ya sea desde el movimiento estudiantil #YoSoy132, pero también en la respuesta magisterial contra la reforma educativa, en las iniciativas de defensa del territorio o en las protestas por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa –algunas de las cuales “fueron reprimidas en varias partes del país” –.

https://twitter.com/Frente_Libertad/status/1074717661588807683

El documento también rememora el surgimiento del movimiento Mexicali Resiste, que protestó contra la privatización del agua en la ciudad bajacaliforniana –otorgada a la cervecera Constellation Brand para exportar cerveza a Estados Unidos– y fue reprimida en varias ocasiones; la brutal represión contra los maestros en Nochixtlán en junio de 2016, que terminó con siete muertos y 137 heridos; o los disparos de militares contra los comuneros de Ostula, en Michoacán, en julio de 2015.

La represión a las manifestaciones de repudio a la toma de posesión de Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012, “fue un indicador de qué sería la respuesta del Estado ante la protesta”, subrayó Layla Ahlam Vázquez, activista del centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria.

Durante esta protesta, las organizaciones observaron una “represión desproporcionada de las fuerzas policiacas” contra los manifestantes, que derivó en una serie de detenciones arbitrarias por el delito de “ataque contra la paz pública”.

A partir de la toma de posesión, la represión se volvió prácticamente cotidiana, señaló la defensora: en su registro “no completo”, el colectivo documentó 175 casos entre julio de 2015 y noviembre del presente año, lo que equivale a un acto represivo cada semana.

De estos casos, 57 ocurrieron en la Ciudad de México; otros 17 se registraron en Oaxaca y el Estado de México, mientras 14 fueron documentados en Michoacán; una tercera parte de ellos fueron casos de represión contra manifestaciones por los derechos laborales, principalmente el movimiento magisterial contra la reforma educativa.

En 98 casos, la policía estatal resultó la instancia represora, mientras que la Policía Federal lo fue en 20 casos y que en seis casos “se identificó la participación coordinada entre militares y policías civiles”.

Por ello, el FLEPS exigió al gobierno de López Obrador que establezca mecanismos para supervisar y vigilar las acciones de la policía, e investigar los abusos de la fuerza y las cadenas de mando.

El colectivo destacó la persistencia de las agresiones por razones de género en las acciones de represión a las protestas, en las que las mujeres a menudo reciben insultos, son tocadas o amenazadas de ser violadas.

Legislaciones restrictivas en los estados

El documento El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018, que condensa los movimientos más representativos ocurridos en los últimos seis años, destaca que el clima represivo se generalizó en los gobiernos federal y estatales, que aplicaron estrategias de control social “tendientes a estigmatizar la protesta y cerrar los espacios públicos”.

El colectivo FLEPS, formado en abril de 2013 por once organizaciones sociales, sostuvo que el sello distintivo del gobierno de Peña Nieto fue las “detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias derivadas del uso letal de la fuerza pública, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas e intimidación”.

De acuerdo con el informe, la política represiva del gobierno de Peña Nieto fue fortalecida por “legislaciones locales y federales que restringen y criminalizan el ejercicio de la protesta social a través de normas ambiguas, disposiciones que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o que restringen el uso del espacio público”.

Lo anterior fue detentado en al menos 15 estados donde las legislaturas locales aprobaron leyes “restrictivas a la libertad de expresión y la protesta social”, que consisten en “la obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas; la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse, así como determinados horarios”.

Las legislaciones restrictivas también se caracterizan por “la inadecuada regulación sobre armas y el otorgamiento de facultades amplias y discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de los derechos y la redición de cuentas”.

Legislaciones con esas características se registraron en Quintana Roo, Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El Frente destacó que durante el sexenio los actos de represión se distinguieron por “encapsulamientos, agresiones físicas y sexuales, detenciones arbitrarias, ataques con todo tipo de armamento letal y no letal, e incluso ejecuciones extrajudiciales”.

En cuanto a la judicialización de los integrantes de los movimientos sociales, se indicó que los delitos por los que son procesados son ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública, resistencia de particulares, sedición, terrorismo, entre otros.

Para el colectivo de organizaciones, al término del sexenio de Peña Nieto, es necesario cambiar el enfoque que considera la social como “un tema de orden público y de riesgo para la estabilidad”, por otro que privilegie los derechos humanos y seguridad ciudadana, “sin contraponer a la protesta con orden, y verlo como un ejercicio natural de derechos y autonomía que robustecen la democracia”.

En su informe, el FLEPS formuló recomendaciones a gobiernos locales y al federal “para garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta social”, de manera que sea posible “caracterizar de manera positiva el ejercicio  de la protesta, adoptar modelos de concentración política que faciliten la interlocución entre las personas movilizadas y las autoridades, derogar los tipos penales y las legislaciones que mitigan y criminalizan las manifestaciones, y garantizar la debida investigación y sanción de violaciones a derechos humanos en contextos de movilizaciones sociales”.

El Frente está conformado por la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Justicia para la  Paz y el Desarrollo; Centro Nacional de Comunicación Social;  Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios;  Espacio Libre e Independiente Marabunta;  Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz; Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos y Resonar.

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