MADRID (apro).- El juicio contra los 18 líderes independentistas de Cataluña que permanecen presos, inició este martes en el Tribunal Supremo con la fase denominada “cuestiones previas”, trámite en el que las defensas de los acusados reclamaron que el juicio lo lleve un tribunal catalán y no este alto tribunal. En rechazo de esa exigencia, el fiscal de la Sala, Jaime Moreno, argumentó que el caso debe quedar en el TS, porque los hechos que se juzgan significaron “un atentado grave al interés general de España”. Las sesiones ordinarias iniciarán hasta 2019. El arranque del juicio se produce en la misma semana que el gobierno de Pedro Sánchez celebre su Consejo de Ministros en Barcelona, provocando una enorme polémica, porque algunos sectores del independentismo lo consideran una provocación y desde el gobierno se busca darle normalidad al hecho de sesionar en cualquier lugar de España. Los partidos que ahora conforman el bloque de derecha, entre ellos el Partido Popular y Ciudadanos (C´s) han criticado con severidad que el presidente Sánchez celebre el Consejo de Ministros en Barcelona y que busque un encuentro con Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, quien ha azuzado a los Comités de Defensa de la República (CDR) a intensificar sus protestas para este viernes 21, cuando tendrá lugar ese evento. Mientras tanto, en Madrid, al inicio del juicio por el “proces” (proceso) de independencia, las defensas de los líderes independentistas coincidieron en pedir que sus defendidos sean juzgados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, porque la planeación y ejecución de los hechos juzgados tuvieron lugar en esa comunidad autónoma. Este es quizá uno de los juicios más polémicos que vive España, por las opiniones divididas de juristas y especialistas en derecho –unos no ven el delito de rebelión y otros, en sintonía con el gobierno, sí consideran que se produjo con el referéndum del 1-O)—y por las discrepancias en el sentido del encarcelamiento provisional de los 18 líderes del “proces”. El Supremo juzgará a los 18 líderes por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, al impulsar el proceso independentista para escindir a Cataluña del resto de España. Las tres acusaciones argumentaron que el caso debe ser juzgado por el Supremo, el que tiene competencia ante la aprobación de la llamada “Ley de transitoriedad” –aprobada por el Parlament de Cataluña—, que era la guía de la ruptura, y la declaración unilateral de independencia, cuyo resultado “afectó a todo el territorio” español. Estos hechos, argumentó el fiscal Moreno, se enmarcan en los fines del delito de rebelión que observa la fiscalía en el proceso unilateral hacia la independencia que se aceleró con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, popularmente conocido como el “1-O”. En la vista, la abogada del Estado, Lucía Pedreño, señaló que “la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación” y que los actos por los que se juzga a los líderes independentistas, encabezados por el exvicepresidente Oriol Junqueras, produjeron una afectación a “todo el país”. En su opinión, las defensas “no han sido capaces” de demostrar que no existen los hechos sucedidos en el exterior, como fue la promoción de la votación el 1-O desde el extranjero y la intervención de un lobby estadunidense. Esto, por sí mismo, es materia suficiente para que el caso siga en manos del Tribunal Supremo. La tercera es la “acusación popular” que encabeza un representante de Vox, el partido de ultraderecha que ha irrumpido en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y que ha llegado a exigir la ilegalización de todos los partidos y movimientos independentistas, lo cual los convertiría en clandestinos. Su alegato se basó en cuestiones técnicas de por qué el caso debe mantenerse en el Tribunal Supremo.