CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La caja de Pandora que es la historia del narcopoder en México volvió a abrirse con expedientes del pasado reciente. En especial, uno relacionado con el periodo en que Ignacio Morales Lechuga fue procurador general de la República durante 20 meses en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La caja fue entreabierta por el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes, testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Cifuentes relató en la corte de Nueva York que sobornó a al exprocurador general Ignacio Morales Lechuga, sin aportar ninguna prueba más que su dicho. Cifuentes afirmó que le pagó a Morales Lechuga a cambio de protección familiar y que alcanzó a tener en su nómina hasta 70 policías federales. -¿Lo sobornaba? –preguntó uno de los tres abogados de El Chapo, Jeffrey Lichtman. -Sí, señor –afirmó Cifuentes, quien estuvo asociado al cártel de Sinaloa, al referirse a Morales Lechuga. El testigo colombiano se extendió cuando mencionó que “tenía 70 policías federales (mexicanos) en su nómina…pero la nómina la pagaba yo. Los federales no sabían que todos trabajaban para mí”. De inmediato, en su cuenta de Twitter y en declaraciones a varios medios, Morales Lechuga afirmó que “son totalmente falsas y por lo tanto calumniosas y difamadoras las acusaciones hechas en mi contra por parte de un narcotraficante en el juicio de Joaquín Guzmán”. “Estas afirmaciones generan, cuando menos, responsabilidad civil. Me reservo el derecho para hacerlo valer”, sentenció el actual notario público 116 de la Ciudad de México, quien también fue embajador mexicano en Francia. Al recordarle en un mensaje de tuit el episodio del enfrentamiento entre agentes policiacos y militares en Llano de la Víbora, en Tlalixcoyán Veracruz, en noviembre de  1991, Morales Lechuga sentenció en su cuenta de Twitter que la recomendación 126/1991 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida en diciembre del mismo año, aclaró el asunto. Aquella recomendación acreditó la hipótesis de que el enfrentamiento entre militares y soldados en el Llano de la Víbora fue producto de una “confusión”. El relato de los hechos realizado por la CNDH señala que hubo un operativo denominado “Halcón” para interceptar un vuelo con cargamento de droga y que llegaría a esta pista clandestina. Casualmente, en esa misma zona, horas antes, hubo un operativo encabezado por el teniente de infantería José Alfredo Coronel Vargas para interceptar cargamentos de droga. La CNDH recibió 14 videocasettes proporcionados por la PGR, la Secretaría de la Defensa y hasta la embajada de Estados Unidos (¿estuvieron presentes agentes de la DEA?) para emitir su recomendación. “La muerte de los siete agentes de la Policía Judicial Federal ocurre en el operativo envolvente o de flanqueo (cursivas propias) que ordenó el general Morán Acevedo entre las 8:00 y 9:00 horas, cuando se reportó el cese de hostilidades”, afirmó la CNDH en su exposición de los hechos. La CNDH concluyó que el general Alfredo Morán Acevedo sí tenía noticias de que las personas que sostenían enfrentamientos con elementos del ejército podían ser elementos de la PJF y ordenó una investigación al procurador militar en contra de dicho general. Esta fue la “verdad histórica” que quedó de aquel tremendo enfrentamiento que despertó dudas por todos lados. El jefe de la Policía Judicial Federal era en ese momento el procurador general Ignacio Morales Lechuga. El 16 de noviembre de 1991, la revista Proceso publicó un extenso reportaje sobre el Llano de la Víbora. Los testimonios recabados coincidieron en que siete judiciales fueron acribillados a mansalva. El reportaje de Homero Campa planteó muchas dudas que aún se mantienen: ¿qué hacían elementos del ejército en una pista clandestina? ¿cómo llegó ahí una camioneta cargada con barriles de turbosina? ¿quién, realmente, disparó primero? ¿dónde quedó el video de aquel enfrentamiento? ¿qué hacía el avión de la PGR que detectó la avioneta de los narcos y que, supuestamente, filmó los hechos? ¿cómo pudieron escapar los narcotraficantes en medio de dos operativos que tenían para atraparlos? Años después, el periodista veracruzano Miguel Angel López Velazco, publicó su libro Masacre en el Llano de la Víbora. Mejor conocido como Milo Vera, el columnista relató que durante muchos años comandos armados controlaron El Llano de la Víbora y que las pistas clandestinas estuvieron protegidas por elementos de la extinta PJF. En junio de 2011, Milo Vera fue asesinado en esta ola tremenda e impune de crímenes a periodistas en Veracruz. El Llano de la Víbora, 27 años después, aún sigue destilando su veneno y demuestra la cabeza de la hidra que siempre ha sido el narcopoder en México. www.villamilinforma.com