Guanajuato, bastión del PAN y del crimen organizado

Incendio de patrulla en Jerecuaro, Guanajuato Foto: Especial Incendio de patrulla en Jerecuaro, Guanajuato Foto: Especial

Un informe de inteligencia militar al que este semanario tuvo acceso responsabiliza a los sucesivos gobernadores panistas de Guanajuato de la actual crisis de inseguridad, ya que desde hace una década se les advirtió que los cárteles michoacanos y el más poderoso de Jalisco tendían a controlar los municipios limítrofes. Además, los autores alertan que las señales del actual mandatario estatal, Diego Sinhué Rodríguez, así como la continuidad de la violencia, ya tienen a la población local arrepentida de haber votado por el representante panista en julio pasado. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con más de 4 mil asesinatos con armas de fuego en los últimos tres años y 3 mil delitos graves, como secuestros, extorsiones y homicidios el año pasado, la tierra del expresidente Vicente Fox se ha convertido en una de las entidades más inseguras y violentas del país, a pesar de que desde hace una década  autoridades de inteligencia castrense le previnieron al gobernador Juan Manuel Oliva y a los dos siguientes –Héctor López Santillana y Miguel Márquez– que Guanajuato estaba en la mira del crimen organizado.

Pero los panistas desairaron las advertencias y prefirieron invertir en votos para seguir gobernando, en lugar de atajar la llegada de grupos criminales de Michoacán y Jalisco que hoy se disputan el control del territorio con un grupo local llamado el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Por los caminos de Guanajuato el tráfico de drogas, el huachicoleo y el asalto de trenes son una constante. De acuerdo con documentos de inteligencia militar a los que este semanario tuvo acceso, desde la administración de Juan Manuel Oliva se detectó la presencia de Los Zetas y La Familia Michoacana en municipios limítrofes con Michoacán; posteriormente se registró también la llegada de Los Caballeros Templarios. A éstos se añadió hace poco el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sus pugnas con los otros grupos generaron una espiral de violencia que jamás se había visto en el estado.

Recientemente se desplegó un operativo especial con la Policía Militar, se incrementaron los elementos de las fuerzas de seguridad pública estatales, se instauró el Mando Único y se echó a andar Escudo, programa que implicó un gasto de 2 mil 700 millones de pesos en tecnología, pero las ejecuciones no siguen aumentando.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en tres años y medio se cometieron en Guanajuato 4 mil 97 homicidios dolosos, la mayoría con armas de fuego. En 2017 se contabilizaron mil 84 de esos crímenes, en 953 de los cuales se usaron armas de fuego, y de enero a junio de 2018 suman mil 203. El Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión señala que el año pasado hubo 3 mil 302 víctimas de estos delitos graves.

“La delincuencia organizada es un fenómeno que afecta a todas las entidades del país en forma diferenciada; sin embargo, existen factores diversos que permiten su desarrollo y expansión. En forma general podemos identificar en la entidad el accionar de organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación o alteración de moneda, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de menores e indocumentados, robo de vehículos, asalto organizado, robo y comercialización de carburantes, robo al transporte carretero y ferrocarrilero”, sostiene uno de los documentos militares mencionados.

En ese informe se asienta que, desde el comienzo de la expansión de La Familia Michoacana en 2008, se notificó al gobierno del estado sobre el incremento de la violencia y los delitos de diversa magnitud en los municipios limítrofes de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Como los gobiernos panistas de la primera entidad no aplicaron las medidas preventivas que se les propusieron, las organizaciones criminales se apoderaron de los controles político, administrativo y social de los territorios, “ejerciendo una dinámica hacia el centro del estado de Guanajuato”.

Precisa: “Tanto los restos de las organizaciones delictivas provenientes de Michoacán como de los integrantes del CJNG que se asentaron en los municipios limítrofes comenzaron su expansión hacia el centro de la entidad y fueron ampliando sus capacidades, habida cuenta que descubrieron una sociedad agraria progresista, una industria pujante y prometedora, pero sobre todo hallaron la mina de oro del huachicol, el gas natural y el robo a los ferrocarriles.

“Estas actividades habían estado presentes por mucho tiempo en el entorno estatal, pero limitadas a grupos delincuenciales de baja monta y poca organización, así como de gente de asentamientos irregulares a lo largo del desplante ferroviario que hacían su día a día con la sustracción de productos de toda clase transportados con la nula capacidad de las autoridades para contenerlo ya sea por ineficiencia, omisión o corrupción.”

Frente a este escenario, el diagnóstico señala que los grupos delictivos no tardaron mucho tiempo en percatarse de las ganancias que tendrían con estas actividades ilícitas y estalló la guerra entre ellos por controlarlas.

Se insiste en el informe que a los tres últimos gobernadores panistas se les pidió que tomaran medidas para enfrentar con urgencia esta situación, pero mostraron falta de interés para dedicarle recursos humanos, materiales y económicos a la crisis de seguridad.

“La inversión que no se realizó en su momento ahora resultará en extremo onerosa, se requieren fuertes cantidades en recursos humanos, equipamiento, logística, armamento y medios de inteligencia. Los gobiernos involucrados, exceptuando por el momento el actual de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, decidieron escatimar dinero a la solución del problema, la inversión en estos temas es muy cara y produce menos votos que convirtiéndolos en despensas.”

En el documento militar se advierte: “Se buscaron soluciones de emergencia por parte del gobierno de Miguel Márquez Márquez, como es el caso desesperado de acordar con la Sedena la creación de una brigada de policía militar, aportando gran parte de los costos que conllevó su implementación. Se buscó el remedio pero el mal ya estaba descontrolado y el cuerpo a punto de colapsar. Resulta evidente que, como se encuentra de desatada la delincuencia en todo el estado, se necesitará más que una brigada de Policía Militar y muchos más recursos para contener la enfermedad”.

Además, señala que ahora la sociedad guanajuatense está desorientada con las señales del gobernador Rodríguez Vallejo, quien ratificó al procurador Carlos Zamarripa Aguirre, que ha estado en más de dos sexenios en el puesto, y al secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, a pesar de que ambos han sido incapaces de reducir la violencia.

CJNG contra el Cártel de Santa Rosa

Los más de 4 mil asesinatos dolosos con armas de fuego son la expresión de la guerra entre cinco grupos criminales por el control de Guanajuato: La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG.

“La prospectiva resulta de lo más preo­cupante, en virtud de que conforme las organizaciones criminales se van asentando y su control se hace más firme, sus métodos de actuación alcanzan niveles de eficiencia y cooptación de autoridades, y prácticamente nadie se escapa de su nociva influencia, por los que es de extrema urgencia la actuación de la fuerza del Estado en la contención de este fenómeno, dadas las afectaciones sociales, económicas y de todo tipo que causa”, expone el informe de inteligencia militar.

Al explicar la presencia de los grupos delictivos provenientes de Michoacán, indica que cuando existen pugnas entre ellos es común que los grupos derrotados o sin líderes se vayan a otras entidades y traten de incorporarse en otros grupos criminales o se reorganicen en nuevas células.

Se supone que esto ocurrió desde 2010 con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, algunos de cuyos sobrevivientes se refugiaron en Jalisco y otros en municipios colindantes de Guanajuato: Coroneo, Los Apaseos, Tarandácuaro, Acámbaro, Tarimori, Salvatierra, Santiago Maravatío, Uriangato, Moroleón, Yuriria, Pénjamo e incluso Celaya.

En tanto que el CJNG llegó a las poblaciones más importantes: San Miguel Allende, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Pénjamo y León. Esta última ciudad les interesa mucho porque tiene la mitad de la población estatal y su actividad económica es la más importante.

Destaca que el CJNG tiene una estructura piramidal en donde se ubican en orden descendente los líderes, lugartenientes, sicarios, transportistas o movedores por tierra, mar y aire. Además, cuenta con una red de abogados, financieros y tecnócratas, además de tener contactos con médicos para atender a sus heridos.

Este cártel ha tenido un éxito extraordinario y existen evidencias de que opera en toda Norteamérica y varios países de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Por eso es la organización más fuerte en esa disputa contra los michoacanos y el local cártel de Santa Rosa de Lima, que en 2017 se dio a conocer mediante un video en el que se ve a un centenar de sujetos fuertemente armados. El pasado 16 de julio, el comandante de la 16 Zona Militar, con sede en Irapuato, Bernardo Ramírez García, aseguró que estas dos últimas organizaciones se disputan la plaza de Guanajuato.

Por su parte, las autoridades estatales consideran que hasta 90% de los homicidios dolosos tienen relación con el robo de hidrocarburos.

Inconformidad

Ante la violencia e inseguridad que sufre Guanajuato en los últimos tres años, los autores del informe militar registran la inconformidad de los ciudadanos, quienes “reconocen que tal vez haya sido un error brindarle la confianza al partido político que ahora los tiene sumidos en esta vorágine de angustia y miedo, e incluso han externado abiertamente que tal vez el elegir otra opción política el pasado 1 de julio hubiera sido lo conveniente”.

Advierte que para la población es difícil entender cómo por un lado se reciben reconocimientos y acreditaciones internacionales por altos estándares en la actuación policial y por el otro el Estado se clasifica como el más violento del país:

“Para la ciudadanía en general no se entiende el mensaje o discurso que emite la autoridad; entiende lo que percibe, las estadísticas y lo que le impacta. La sociedad civil ha calificado a las corporaciones de seguridad pública y a sus autoridades como un sistema lleno de opacidad, complicidad, ineficacia, indolencia, desidia y negligencia, y se han inmerso en grupos organizados con propuestas incluyentes para empujar a un sistema incluyente entre autoridades, ciudadanos y grupos organizados que den pie a cambios profundos en búsqueda de un sistema más justo, transparente, con voz de las víctimas en los procesos penales.”

A partir de esta evaluación ciudadana recogida por los autores del diagnóstico se recomienda incrementar el apoyo a los órganos de inteligencia del Sistema de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, dotándolos de la máxima capacidad para que, sin dejar de observar las limitaciones que la ley impone, se transformen en un eficiente auxiliar que provea de “inteligencia ministerial” e inteligencia operativa necesaria para atacar de raíz a las organizaciones delictivas.

Mientras que a los poderes Ejecutivo y Legislativo le proponen abrir mesas de diálogo directamente con la sociedad civil en busca de soluciones contra la corrupción, la delincuencia y la impunidad, pero también a fin de establecer mecanismos formales de corresponsabilidad, en los cuales los ciudadanos tengan voz y voto, y no sólo propongan iniciativas, sino que validen su factibilidad y viabilidad jurídica, operativa y financiera.

En tanto, indican los analistas militares, se realizan operativos policiacos desarticulados, con conflictos de liderazgo y mando, con información cruzada e incluso filtración de información hacia usuarios no autorizados. De ahí que urge tener el registro de los policías dados de baja y que podrían estar actuando bajo las órdenes de los grupos criminales.

Por esas razones la inteligencia militar expone que urgen cambios sustanciales y que el gobierno estatal “impulse el estado de derecho y políticas públicas para abatir los niveles de inseguridad”, así como invertir en las áreas de inteligencia ministerial y operativa.

Este reportaje se publicó el 16 de diciembre de 2018 en la edición 2198 de la revista Proceso.

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