MÉRIDA, Yuc. (apro).- Asesorada por un abogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) presentó un recusamiento contra la juez federal Miriam de Jesús Cámara Patrón, para removerla del juicio de amparo que lugareños promovieron para retirar la megagranja de cerdos instalada de manera irregular en el municipio de Homún, en la principal zona de recarga del anillo de los cenotes de la entidad. Activistas de los derechos humanos del Equipo Indignación, defensores de la infancia de Homún y representantes de los lugareños agrupados en la asociación civil Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), que se constituyó para proteger los recursos naturales de esa demarcación, destacaron que la argucia de la empresa intenta deslegitimar la imparcialidad de la juzgadora. En conferencia de prensa, reiteraron que la megagranja se instaló con permisos irregulares, sin consultar al pueblo maya, en suelo particularmente vulnerable a la contaminación y en plena reserva geohidrológica del anillo de los cenotes, que es una de las zonas de recarga de aguas substerráneas más importantes del mundo. Recordaron que hace dos meses la juez cuarta de distrito, encargada de atender el juicio de amparo promovido por niños de Homún, ordenó, como medida precautoria mientras se resuelve el fondo del asunto, la suspensión de actividades de la megagranja y el desalojo de miles de cerdos que ya se encontraban en ella. No obstante, la instrucción fue reiteradamente desacatada por la empresa. Los activistas explicaron que la recusación de PAPO contra la juzgadora “tiene como efecto inmediato la paralización de las actuaciones del juicio hasta que se resuelva si procede o no, lo cual demorará por presentarse en fechas festivas”. Sin embargo, resaltaron, “parece en realidad un recurso para impedir la toma de muestras de agua residual, de aire, de suelo y de alimento que suministran a los cerdos para analizar en laboratorios y que tenía que hacerse precisamente en estos días en la granja”. Argumentaron que la recusación “no tiene mayor sustento, pretendería evitar que se desarrollen las pruebas periciales y ganar tiempo para eliminar cualquier evidencia de contaminación generada por tres meses de estancia de los cerdos, lo cual nos obliga a preguntarnos por qué han impedido reiteradamente y a toda costa la entrada e inspección judicial a la granja”. Señalaron que la recusación firmada por José Enrique Ortiz García, como representante de la empresa PAPO, se suma a otras actuaciones recientes en el juicio de amparo por parte de la megagranja, como el cambio de abogados, entre los cuales figura Gerardo Carrasco Chávez. “Eso llama la atención debido a que es abogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C., y, en este caso, se encontraría defendiendo a una megagranja porcícola que obtuvo autorizaciones con irregularidades, sin consultar al pueblo maya y cuyo funcionamiento en una zona de suelo tan vulnerable presenta un enorme riesgo de contaminación de una de las reservas de agua más importantes a nivel mundial: el anillo de los cenotes”, acusaron. Recordaron que la megagranja porcícola obtuvo la licencia de funcionamiento a través del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Yucatán, “instancia que, ante la falta de respuesta del ayuntamiento de Homún, que es el único que puede otorgar dicha licencia, se extralimitó en sus funciones, usurpó una atribución del cabildo y la otorgó, además de que el recurso lo resolvió en 48 horas hábiles, una rapidez inusitada”. Insistieron en que el escrito de recusación contra la juez “no presenta ninguna de las causales específicas y objetivas establecidas en la ley de amparo, entre las cuales están el parentesco o amistad con alguna de las partes o un interés personal en el asunto, sino que apela a la octava causal”. Explicaron que la empresa acusa a Cámara Patrón de litigar a favor de los quejosos y asesorarlos, “pero lo hace con engaños, puesto que señala que la juez cuarta se basó en la violación al derecho a la consulta para otorgar la suspensión”. “Y sostiene, falsa y dolosamente, que dicha afectación no fue demandada por los quejosos, lo cual es evidente mentira, puesto que la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada es uno de los fundamentos de la demanda original de amparo”, añadieron. Denunciaron que la empresa y sus asesores legales, “torciendo la lógica para adecuarla a sus intentos de deslegitimar a la juez, intentan acusarla de prejuzgar el asunto y se dicen indefensos debido a que ella plantea ‘que de un asomo a los permisos concedidos no se aprecia que se haya respetado' el derecho a la consulta”. Consideraron que lo anterior “es particularmente grave”. “De manera infundada, falaz e incluso melodramática, por ese razonamiento inculpan a la juez de ‘parcialidad rampante’, mientras que se refiere a los asesores del pueblo maya de Homún como ‘grupos falaces que controlan a los ahora quejosos’ y en otra parte del escrito como ‘grupos rapaces’”, resaltaron. Añadieron que en el escrito de recusación, la empresa “lamenta” que los quejosos se autodenominen “mayas, indígenas mayahablantes u originarios del pueblo maya de Homún”, como en otros juicios, “con lo que parece negar el derecho de las personas, individual o colectivamente, a presentar recursos para hacer valer sus derechos”. “De acuerdo con el escrito, pareciera que únicamente considerarían justa e imparcial una resolución que permitiera operar a una granja con capacidad para 49 mil cerdos en un suelo cuyas características lo hacen particularmente sensible a la contaminación, en plena zona de recarga de la reserva de agua subterránea más importante a nivel mundial, el anillo de los cenotes, a pesar del agravio y del despojo que represente para el pueblo maya de Homún, a quienes, efectivamente, no se les consultó”, reclamaron. Y señalaron que ese recurso legal de la empresa contra la juez, “sin sustento y con argumentos absurdos, es grave y lo entendemos como una forma de obstaculizar la justicia”.