CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas en el país, el 18 de abril pasado, y ese tipo de delitos no tienen prescripción, por lo que los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía. Así lo destaca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un informe presentado este viernes en Washington. “Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, subraya. Sobre los efectos de esos actos, el informe agrega que los crímenes de lesa humanidad “suponen ciertas consecuencias, como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas”. De acuerdo con los expertos del GIEI, expulsados de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega, este tipo de delitos también abre la posibilidad de que “intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma”. El documento también menciona que la institución más represiva en el país centroamericano es la Policía de Nicaragua, a la que señala de utilizar armas de guerra para disolver las protestas, y sugiere una investigación a fondo del aparato estatal. “El GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como directores generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), y los subdirectores generales, Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”, entre otros. La investigación del GIEI cubre del 18 de abril al 30 de mayo, período en el que se registraron 109 muertes, de las cuales 95 ocurrieron con armas de fuego. Las víctimas presentaban impactos en la cabeza, cuello y tórax. Se determinó que de esas 109 muertes violentas sólo nueve han sido judicializadas. Esos casos, añade el GIEI, corresponden a funcionarios del Estado o simpatizantes del partido de gobierno. “La gran mayoría de las muertes ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”. Según los resultados, los actos de represión los coordinaron la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales (desde grupos de choque hasta parapolicías). “Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales identificadas como tales”, indican los expertos. Los actos de violencia en contra de los protestantes, agregan, no consistieron en “actos aislados, sino que fueron llevados a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país”. “Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, remarcan. “El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales”, continúa el informe. El pasado miércoles 19, el gobierno de Nicaragua informó al GIEI y al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sus misiones habían terminado y les pidió abandonar el país. Los miembros del GIEI y el Meseni viajaron de Managua a Estados Unidos el jueves, y este viernes presentaron en Washington su informe, que incluye 23 recomendaciones. El GIEI también apunta al Poder Judicial y al Ministerio Público como parte del esquema de violación a los derechos humanos en Nicaragua. Del Poder Judicial, explica que “no garantizó los derechos mínimos a los procesados”, mientras que el Ministerio Público presenta “graves deficiencias” y una “actuación parcializada”. Según el GIEI, en Nicaragua se registraron detenciones ilegales, se aplicaron de forma ilegítima contra los protestantes tipos penales de terrorismo y crimen organizado, y hubo una incongruencia entre los hechos y las acusaciones. En los juicios no se utilizaron como evidencia los videos difundidos en distintos momentos por los ciudadanos y tampoco hay pruebas de balística. (Con información de ‘El Nuevo Diario’ de Nicaragua)