Ante la decisión unilateral del presidente Donald Trump en cuanto al tratamiento de los migrantes centroamericanos que desde Tijuana solicitan asilo en Estados Unidos, la nueva embajadora de México ante Washington, Martha Bárcena, puntualiza: México no será un “tercer país seguro”. En vísperas de que este lunes 24 el canciller Marcelo Ebrard dé a conocer la posición oficial de México sobre el problema, Bárcena sostiene que, por razones humanitarias, “la salida más conveniente es darles una visa que permita a los centroamericanos trabajar de manera temporal en México”. WASHINGTON (Proceso).- Aun cuando admite que la decisión del presidente Donald Trump de obligar a inmigrantes centroamericanos a quedarse en nuestro país mientras se procesa su caso en cortes de Estados Unidos coloca a México en “un callejón sin salida”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador responderá con acciones jurídicas para proporcionar apoyo temporal a los migrantes, sostiene la nueva embajadora de México ante el gobierno de Estados Unidos, Martha Bárcena. “Ante la decisión unilateral de Estados Unidos teníamos básicamente dos opciones que se dividen a su vez en tres modos de acción”, comenta a Proceso la colaboradora de López Obrador, la primera diplomática mexicana ante la Casa Blanca, al tiempo que enlista las acciones que ponderan las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Gobernación (Segob) sobre la migración: Primero, dice, “la opción de rechazar la propuesta de Trump, lo cual puede llevarnos a violar el principio de no devolución de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados”; segundo: “aceptar, y aceptar quiere decir aceptarlos (a los centroamericanos) en territorio mexicano y entonces capturarlos y deportarlos a sus países de origen; o aceptarlos por razones humanitarias y construir el marco jurídico que les permita quedarse en territorio mexicano en lo que se decide su proceso de asilo en Estados Unidos”. El lunes 24, el canciller Marcelo Ebrard dará a conocer la respuesta oficial de gobierno de López Obrador al madruguete de Trump. La diplomática adelanta a Proceso lo que, asegura, anunciará el canciller: “Por razones humanitarias la salida más conveniente es darles una acogida temporal con un marco jurídico preciso de una visa que les permita trabajar en México.” El jueves 20 a las 8 de la mañana (tiempo de la Ciudad de México), John S. Creamer, encargado de negocios de la legación de Estados Unidos en México. envió una carta a Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, para comunicarle que en ese momento la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, notificaba la decisión de Trump al Congreso federal de su país. “Haciéndolo efectivo inmediatamente, los Estados Unidos iniciarán el proceso de implementar la sección 235 (b) (2) (C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad con respecto a ciudadanos no mexicanos que pueden arribar por tierra (sea o no por un puerto de entrada designado), buscando entrar a Estados Unidos por México como inmigrantes indocumentados”, según la misiva que recibió Seade. Trump, con su determinación unilateral, pretende obligar al gobierno de López Obrador a fungir como filtro migratorio o de sala de espera para los 3 mil centroamericanos asentados en la frontera norte de México que intentan pedir asilo en el país vecino. La decisión unilateral Bárcena relata que desde la noche del miércoles 19, Ebrard ya sabía lo que comunicó Nielsen horas después: “Nos fuimos a su oficina y él (Ebrard) dijo: la oficina de la secretaria Nielsen nos acaba de informar que mañana, en una comparecencia ante el Congreso, va a anunciar la aplicación de la cláusula 235 de su ley de inmigración de manera unilateral”. De inmediato el canciller mexicano solicitó a la consultoría jurídica de la SRE un análisis sobre las bases legales de Estados Unidos para actuar unilateralmente. Los asesores jurídicos establecieron que, aun cuando Barack Obama intentó hacerlo cuando estuvo en la Casa Blanca, declinó ante la posibilidad de que fuera impugnado ante las cortes. Eso no le importó a Trump, quien arguyó que nada legal le impide tomar su decisión unilateral. Los asesores jurídicos le enumeraron al canciller las tres opciones planteadas por Bárcena durante la entrevista con Proceso. Frente al anuncio en Washington y ante una falta de comunicación inmediata (desde la noche del miércoles) entre la SRE y Gobernación, esta última rechazó que los migrantes centroamericanos se quedarán en México mientras se procesa su caso de asilo en Estados Unidos. Según la nueva embajadora, cuyo nombramiento fue ratificado por el Senado mexicano la madrugada del viernes 21, “Gobernación me dice que no fueron avisados o consultados sobre el posicionamiento del gobierno de México. Y que no es que estén en contra, porque legalmente es impecable. Lo que pasa es que ellos no habían hecho el análisis del impacto presupuestario, y finalmente quien tiene que operar es Gobernación, no Relaciones Exteriores”. (Adelanto de la entrevista publicada en Proceso 2199, ya en circulación)