TOLUCA, Edomex. (apro).- Los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo (PT) pidieron al fiscal general Alejandro Gómez que informe sobre el curso de la investigación que se realiza con motivo de la denuncia por desaparición forzada de Alan Fernando Alabad Montoya, de 20 años de edad, presuntamente a manos de policías municipales de Cuautitlán Izcalli. El punto de acuerdo, turnado a comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen, fue promovido por la diputada Beatriz García y secundado por el petista Armando Bautista. En él se exige al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) esclarecer los hechos y procurar justicia conforme a derecho. En la exposición de motivos, García Villegas refirió que en días pasados se acercaron a ella los padres del joven, quien desapareció a las 2:40 del pasado sábado 8. “El único testigo del incidente narra cómo su amigo y él fueron agredidos por policías municipales en la autopista México-Querétaro, municipio de Cuautitlán Izcalli, donde por última vez vio a Alan Fernando”, expuso. La diputada destacó que en un primer momento los padres de la víctima emprendieron la búsqueda por iniciativa propia, pero no tuvieron éxito. Sin recursos económicos ni asesoría, se presentaron a declarar el jueves 13 para dar inicio a la investigación. No obstante, reprochó, a la fecha “la FGJEM se ha negado a proporcionarles datos sobre la investigación, asegurándoles que ya habían identificado a los policías involucrados, así, de palabra y sin más detalle”. García Villegas subrayó que en la búsqueda de personas desaparecidas debe aplicar el principio de “enfoque humanitario”, que consiste en la atención centrada en el alivio del sufrimiento y de la incertidumbre, basada en la necesidad de respuestas a los familiares, de conformidad con el artículo 5 fracción IV de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. De igual manera, precisó que el ilícito cometido por servidores públicos o particulares con la autorización o el apoyo de un servidor público, seguido de la abstención o negativa a reconocer el hecho o a proporcionar información, es considerado un crimen de lesa humanidad. “Se trata de un delito perpetrado constantemente (en México), condenado en Cortes Internacionales de Derechos Humanos, como en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs el Estado Mexicano, o el más reciente, la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, durante la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra la delincuencia organizada”, detalló. E indicó que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas contabilizó 35 mil 424 personas no localizadas a enero de 2018, de las cuales 8 mil 987 son mujeres (de todas edades). De esta última cifra, mil 790 casos corresponden a víctimas registradas en el Estado de México, d ellos que mil 779 son investigados por la FGJEM y 11 por la Procuraduría General de la República (PGR). “Es urgente la implementación de un debido proceso, eficaz, ante las necesidades apremiantes de las y los mexiquenses, castigando a las personas culpables para que se proceda a la reparación del daño en protección de las víctimas”, manifestó la diputada. Las Fiscalías Especializadas de las entidades, agregó, deben facilitar la participación de los familiares en la investigación de estos delitos y brindarles información periódicamente sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos, con fundamento en los artículos 70, fracción XX y 71 de la Ley General en la materia. “Tratándose del Estado de México, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares es el área que se encarga de investigar, buscar, localizar y reintegrar a su núcleo familiar a las personas que hayan sido reportadas como desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas en el territorio mexiquense”, indicó. Esta Fiscalía tiene la función de atender a las familias que están pasando por la terrible experiencia de tener un ser querido extraviado o ausente, “lo que a decir de la madre y padre de Alan Fernando no ha acontecido en este caso, vulnerando sus derechos al acompañamiento, a ser informados de manera oportuna de las acciones de búsqueda de las autoridades, y a acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes abiertos”, concluyó.