Ejidatarios exigen a Durazo retirar federales que operan en la minera Fresnillo PLC

HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).- Los titulares del ejido El Bajío, de Caborca, Sonora, exigen al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, que retire a los agentes federales encargados de resguardar la ilegal extracción de oro que realiza la empresa Fresnillo PLC.

El señor Carmen Cruz Pérez, representante legal del ejido y uno de los cinco titulares de este núcleo agrario, acusó que los elementos adscritos al Servicio de Protección Federal lo han amenazado de muerte a él y a sus familiares.

“Ellos traen armas largas y armas cortas y yo les he preguntado que quiénes son porque andan con su carita tapada y uno de ellos me respondió que a él tampoco le gustaban las injusticias, pero si Alfonso Durazo mandaba una orden de retirarse, ellos se retiraban”, relató.

Después enfatizó: “El doctor Alfonso Durazo sabía de este caso antes de que lo pusieran en donde está, nos prometió que si llegaban al poder nos iba a ayudar para resolver el problema, y hoy que está en el poder se nos volteó y esa es la realidad, porque yo fui a México para ver si me recibía, y no nos recibió ni a mí, ni al profesor que nos asesora”.

Y sentenció: “Yo le pido a al doctor Alfonso Durazo que por favor saque a sus gatilleros que tiene allí dentro de la mina porque nos están amenazando de muerte a mí y a mis hijos”.

El representante ejidal exhibió como prueba de su dicho una copia de la carpeta de investigación NUC66510, con sello del 29 de noviembre anterior, presentada en Caborca ante la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

En la querella de una extensión de seis cuartilla se exponen los hechos cometidos por personal de Minera Penmont S de RL, susbsidiaria del consorcio Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Baillères, quien ostenta una fortuna de 8 mil 100 millones de dólares, ocupa el lugar 143 entre los magnates más importantes, según la prestigiada revista Forbes; además que posee la segunda compañía minera más grande de México y una de las productoras de plata más importantes del mundo.

Los intrusos fueron acusados bajo los delitos de robo, despojo y lo que resulte, después de que durante los primeros minutos del pasado martes 29 de noviembre un convoy de ocho vehículos ingresó al predio ejidal maquinaria pesada y, unas horas después, otra caravana de camiones y viviendas móviles se introdujeron en el núcleo agrario resguardados por los agentes Servicio de Protección Federal.

De las unidades antes descritas, establece la demanda, descendieron al menos 60 personas entre trabajadores, operadores de la maquinaria pesada, y agentes estatales armados.

A fin de que el Ministerio Público tuviera más elementos de prueba contra los invasores, los denunciantes exhibieron copias del Certificado de Derechos de Tierras de Usos Común 006622, 006623, y 006625, que protegen a los titulares: Carmen Cruz Pérez, José Concepción Cruz Pérez, Jacinto Cruz Pérez (fallecido), Erasmo Cruz López, y Abel Cruz López.

Las minas “Dipolos” y “La Soledad” se convirtieron en los predios de la discordia desde 2002 cuando la mina se apropió de ellos de manera ilegal con la finalidad de extraer oro y plata.

A la fecha es incuantificable el saqueo que ha perpetrado Minera Penmont S de RL, pero en un estimado realizado por los juzgadores de este caso en 2010 se estableció que la minera con base en Canadá había extraído ilícitamente nueve toneladas de oro y cuatro toneladas de plata con un valor aproximado de 540 millones de dólares.

Esa cifra se ha disparado en la última década, no obstante que los ejidatarios cuentan con resolutivos favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Unitario Agrario, el saqueo continúa mediante la extracción de la solución cianurada que se quedaron en las “piletas ricas”, donde se sedimentan los metales preciosos, en este caso el oro y la plata.

“Luego que les llegó la sentencia pararon de sacar el metal por arriba y se fueron por abajo de la tierra; ellos siguen robándonos hasta la fecha; igual metieron a sus gatilleros que están protegiendo a la mina para que se siga llevando al concentrado que está en el agua cianurada y ante esto corre un peligro la gente porque la transportan en pipas y si se llega a accidentar una de éstas algo grave va a pasar puede envenenar el manto acuífero: entonces nosotros no queremos cargar con esa responsabilidad”, lamentó el señor Carmen Cruz.

En esta marejada de litigios, apro ha documentado el latrocinio del que han sido víctimas. Desde la controversial participación de Rafael Pavlovich, tío de la actual gobernadora sonorense, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; hasta las agresiones y amenazas que recibieron una tercia de reporteros a principios de este año.

Sin embargo, los ejidatarios con todo y los resolutivos a su favor no han logrado desalojar a la minera canadiense que se protege con agentes federales pagados con recursos públicos mexicanos.

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