TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- El grupo parlamentario de Morena se pronunció en contra de la sentencia emitida el 27 de noviembre del año 2017, por el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, que otorgó más de 50 años de prisión a tres defensores del agua de Tlanixco (Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez), por las presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidas durante el proceso que les fue instaurado por la muerte de un floricultor de Villa Guerrero ocurrida en 2003. La diputada Nancy Nápoles recordó que los defensores del agua son considerados presos políticos y señaló que su caso revela falta de criterio jurídico y de profesionalismo de las autoridades competentes, pues ha estado lleno de irregularidades e incongruencias. Por ejemplo, los supuestos testigos presenciales aseguran que Faustino Trujillo Perdones pateó al hoy occiso, pero es imposible porque se trata de una persona con discapacidad que se movía en silla de ruedas; además, Benito Álvarez Zetina fue señalado como una de las tres personas que sujetó de los brazos al occiso, pero comprobó que se encontraba dando clases en una escuela de la Ciudad de Toluca en ese momento, mientras de Venancio Zetina González se dijo que estaba en el lugar de los hechos, pero es imposible porque falleció mucho antes de esa fecha. Estas pruebas testimoniales, destacó, fueron la base fundamental para el proceso. “¿Cómo una autoridad competente puede sentenciar a seis personas con la pena máxima, aun viendo que en el mismo proceso existen contradicciones entre los testigos y falsos testimonios?”, cuestionó. La condena de los defensores indígenas, prosiguió, genera duda e inconformidad, pues ninguno de los testigos de cargo estuvieron presentes en el momento de los hechos, como lo admitieron en sus primeras declaraciones, en las que incluso mencionaron que se enteraron de la muerte del señor Issak Basso tiempo después. “La sentencia nos arroja que existe igual grado de responsabilidad a los sentenciados, pero cada uno debió recibir su pena de acuerdo a su supuesta participación; tampoco se prueban las acciones que cada uno realizó”, destacó. La legisladora expuso que la investigación documental del caso Tlanixco, respaldada por la ONU, ejemplifica la complicidad de gobiernos, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación, dependencias gubernamentales y jueces, todos entrelazados en redes de corrupción que afectan a los pueblos indígenas. La morenista recordó que el problema detonó cuando en 1988 y 1989, por existir una baja en la afluencia del sistema de agua de la comunidad, las y los habitantes se ven en la necesidad de hacer uso del “río grande” (Texcaltenco) y hacen una toma formal del agua, pues históricamente había sido empleada para uso doméstico y agrícola. Alejandro Isaak Basso, representante de Usuarios del Rio Texcaltenco Unidos, A. C., se inconformó e ingresó un escrito a la Comisión de Aguas del Estado de México y a la Comisión Nacional del Agua; el gobierno del Estado de México defendió los intereses de las empresas y citó a las autoridades de la comunidad de Tlanixco para informarles que no podían tomar el agua del río porque estaba concesionado. Fue en 2002 cuando la Conagua anuló la concesión de la que gozaba la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial por las empresas de floricultores, “con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso del agua”. “El primero de abril del año 2003, indicó, acudieron 12 empresarios florícolas del municipio de Villa Guerrero a la comunidad de San Pedro Tlanixco, perteneciente a Tenango de Valle, con el propósito de adueñarse del manantial de agua conocido como “río grande”... la visita de los empresarios tenía como propósito principal quitar de las manos de los indígenas el uso del manantial para que ellos pudieran cubrir las necesidades de la producción de sus invernaderos”, refirió. La ONU documentó que los indígenas percibieron esta acción como una posible agresión e hicieron tocar las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad; los empresarios fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 300 personas, quienes los menoscabaron por su condición indígena, por lo que decidieron llevar a los floricultores a la delegación para que, mediante asamblea, decidieran la forma de resolver el conflicto, según usos y costumbres. En el transcurso, Isaak Basso falleció en circunstancias “todavía inciertas”, cuando iba por un camino escarpado. “Su cuerpo fue encontrado en el fondo de una barranca de 300 metros de profundidad”. Las otras 11 personas de la Asociación de Usuarios del río Texcaltenco, quienes tomaron otro camino, presentaron denuncias ante la autoridad jurisdiccional, inicialmente por privación ilegal de la libertad y luego por homicidio. En los meses posteriores, la Policía entró a la comunidad con órdenes de arresto en varias ocasiones y actuó “con gran violencia –tanto física como psicológica– hacia los habitantes… En algunos de los operativos realizados durante la madrugada, los policías habrían retirado de sus viviendas a personas desnudas o en ropa interior, sujetándolas contra el piso en las calles”. A partir de este suceso, en 2003 se detuvo a Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes recibieron la máxima sentencia durante los años 2006 y 2009. En 2006 también fueron detenidos: Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, y Dominga González Martínez fue detenida el 26 de julio de 2007 Todos fueron sentenciados a 50 años de prisión, sin tener la certeza de que hayan cometido el delito. Al día de hoy, después de realizar un profundo estudio al proceso, “encontramos una serie de violaciones e irregularidades que tuvieron que transitar los defensores indígenas de esta comunidad para ser juzgados”. De entrada, “pasaron más de diez años para que tres defensores indígenas pudieran ser sentenciados, diez años de prisión preventiva, diez años de violaciones a sus derechos humanos, diez años de completas irregularidades dentro de un juicio penal”, dijo, en alusión a los tres últimos casos. “La prisión preventiva a la que estuvieron sujetos fue excesiva, lo cual viola sus derechos humanos, aunado a su condición de personas indígenas que las hace encontrarse en una situación más vulnerable”, dijo Nápoles Pacheco. La legisladora recordó que la Organización de las Naciones Unidas demandó al Estado mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos, pues “sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos o el fondo de los juicios, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por el hecho de que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas… no parezcan estar basadas en pruebas imparciales y que, en consecuencia, no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal”. El grupo parlamentario de Morena, agregó, estará atento “de la resolución de la apelación interpuesta en contra de la sentencia antes mencionada, haciendo un llamado a la autoridad competente a resolver con pleno apego a Derecho”.