CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo designó como director de Comunicación Social del ayuntamiento a Roberto Ramírez Bravo, dueño de una empresa informativa que recibe recursos públicos por concepto de publicidad oficial. Se trata del propietario del portal denominado La Plaza Diario, quien ayer tomó protesta como servidor público, pero se mantiene como empresario de medios de comunicación. En agosto pasado, Apro informó que durante la LXI legislatura local, que presidió el exdiputado priista Héctor Vicario Castrejón, se destinaron más de 17 millones de pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios” a medios de comunicación, sin criterios transparentes para la asignación de los recursos públicos. Entre los dueños de medios beneficiados destaca Ramírez Bravo, quien recibía 10 mil pesos mensuales del Legislativo. También está el caso del editor del portal Trasfondo Informativo, Julio Zenón Salgado, quien recibía 5 mil 800 pesos mensuales, pese a que se despeñaba como director de Cultura del ayuntamiento de Acapulco, durante el periodo del exalcalde perredista Evodio Velázquez. Incluso el director de comunicación social del Congreso en ese entonces, Jaime García Moreno, se adjudicó más de 400 mil pesos en los tres años que estuvo en el cargo, para beneficiar a su empresa Agencia Notymás por concepto de “servicios informativos”. A pesar de que públicamente se exhibió el conflicto de intereses, ninguno de los dos exfuncionarios fue investigado y sancionado para reintegrar los recursos públicos. Previamente, en noviembre de 2017, Apro informó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores gasta alrededor de 587 millones de pesos anuales para difundir publicidad oficial en medios de comunicación y la entrega de “apoyos económicos”. En el listado de beneficiados de la administración astudillista también aparece Roberto Ramírez, con 15 mil pesos mensuales, así como el exdirector de Comunicación Social durante el interinato de Rogelio Ortega Martínez, Arturo Solís Heredia, quien recibe la misma cantidad. Desde 2015, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar han manifestado su preocupación por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, pues durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre el gasto en publicidad. En el informe denominado “Libertad de expresión en venta”, las ONG consideran que los recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.