CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) persiste preocupación sobre la confianza de los inversionistas a raíz de las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior se refleja en la minuta número 64 de la reunión de la Junta de Gobierno del banco central, con motivo de la política monetaria anunciada el pasado 20 de diciembre, a la que asistieron Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, así como los subgobernadores Irene Espinosa Cantellano, Javier Eduardo Guzmán Calafell y Manuel Ramos Francia. También estuvieron presentes Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el subsecretario de la dependencia Arturo Herrera Gutiérrez. De acuerdo con el documento, la mayoría de los miembros consideró que el entorno, tanto interno como externo, presenta riesgos de mediano y largo plazos que pudieran afectar las condiciones macroeconómicas del país, por lo que es “particularmente importante” que, además de continuar con una política monetaria prudente y firme, se impulse la adopción de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión. Es decir, se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas y se lleven a cabo acciones que conduzcan a una mayor productividad. Como parte de las medidas para mejorar la confianza de los inversionistas, la mayoría de los asistentes mencionó la necesidad de ofrecer mayor claridad sobre el modelo de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en general sobre la política energética a seguir en los próximos años. En este sentido, uno de los integrantes recalcó que existen fuertes preocupaciones sobre el futuro de esa empresa productiva del Estado, así como de la Comisión Federal de Electricidad, y otro sostuvo que el fortalecimiento de la confianza podría requerir de esfuerzos considerables en distintos ámbitos y de un periodo prolongado. Respecto de la consolidación de las finanzas públicas, la mayoría destacó que el paquete económico para 2019 que presentó la SHCP ante el Congreso de la Unión es consistente con el fortalecimiento requerido en ese rubro, y que fue elaborado con base en un escenario macroeconómico con supuestos realistas. Algunos más consideraron que la implementación estricta de las metas fiscales constituye un reto, dado lo ambicioso de los nuevos proyectos del gobierno federal y la incertidumbre inherente a los supuestos macroeconómicos utilizados. Uno de los miembros de la Junta de Gobierno expresó que este reto es el de mayor trascendencia para las finanzas públicas en 2019, en virtud del deterioro de la confianza. Entre los riesgos a los que están sujetos estos supuestos, la mayoría resaltó la posibilidad de que las menores tasas impositivas en la frontera ocasionen una disminución en la recaudación mayor a la prevista; que la tasa de crecimiento de la economía sea menor al 2% contemplado en el presupuesto, derivado por ejemplo de un menor crecimiento mundial al esperado; y que la plataforma de producción de petróleo resulte inferior a la contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación. Como riesgos adicionales, uno de ellos detalló que puede intensificarse la disminución del gasto público, que regularmente ocurre al inicio de una nueva administración, como resultado de la salida de servidores públicos con mayor experiencia a consecuencia de las medidas de austeridad, y que tenga lugar una revisión de la calificación crediticia soberana que conduzca a un mayor costo financiero de la deuda pública En suma, la mayoría precisó que entre los elementos que han propiciado el ambiente de incertidumbre destacan: la intención de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la preocupación por el modelo de negocios de Pemex y el posible efecto de distintos proyectos legislativos impulsados por la fracción de Morena y partidos a fines. Alerta por incremento al salario Al interior del Banxico también existe preocupación por el impacto que podría generar a la inflación el aumento del salario mínimo general. De hecho, entre los riesgos que enfrenta la inflación destacaron, por ejemplo, que la cotización de la moneda nacional continúe presionada tanto por factores externos como internos. Adicionalmente, considerando la magnitud de los aumentos al salario mínimo recientemente anunciados, además de su posible impacto directo, se corre el riesgo de que propicien revisiones salariales que rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios. De igual manera, que persistan presiones en los precios de los productos agropecuarios o que se den nuevos incrementos en los precios de los energéticos. Los asistentes a la Junta plantearon que podría presentarse un escalamiento de medidas proteccionistas y compensatorias a nivel global. A ello anterior se suman riesgos de carácter estructural derivados de la posible adopción de políticas que pudieran conducir a cambios profundos en el proceso de formación de precios en la economía. “Por ello, se considera que el balance de riesgos respecto a la trayectoria esperada para la inflación se ha deteriorado y muestra un importante sesgo al alza, en un entorno de marcada incertidumbre”, según la minuta.