MÉRIDA, Yuc. (apro).- Dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Yucatán exigieron la eliminación de privilegios a los magistrados y pidieron mejorar con esos recursos las percepciones de la base trabajadora. En conferencia de prensa --encabezada por la secretaria general del gremio, Patricia Solís Reyes--, los líderes sindicales destacaron que los trabajadores del Poder Judicial que sacan el trabajo diario han recibido en los últimos años un exiguo incremento salarial de entre 2% y 3%. Detallaron que los empleados de menor jerarquía, es decir, los auxiliares administrativos, choferes, archivistas, secretarias, intendentes de mantenimiento y limpieza, auxiliares de biblioteca, bodegueros o mecanógrafos, reciben sueldos de entre cinco mil a diez mil pesos al mes. En contraparte, el magistrado presidente gana 107 mil 960 pesos al mes, en tanto que los otros diez magistrados y los consejeros de la Judicatura reciben más de 92 mil pesos. Los dirigentes sindicales señalaron que los más altos funcionarios del Poder Judicial, además de sus onerosos salarios, son beneficiados con otros privilegios, como el pago de su servicio de telefonía, choferes, vales de gasolina, así como un fondo de retiro que va del 80 al 100% de su sueldo nominal. Explicaron que esos funcionarios pueden jubilarse a los 15 años de servicio con el 100% de sus salarios, y a partir del tercer año devengan el 80%, lo que representa una carga para el presupuesto del Poder Judicial. Ni los jueces gozan de los beneficios que tienen los 11 magistrados y los consejeros, subrayaron. Por ello, insistieron en la necesidad de reducir la inequidad, procurando un aumento salarial para los aproximadamente mil 300 trabajadores. De acuerdo con los inconformes, lo óptimo sería un aumento de 30% o cuando menos de 15%, y para ello propusieron que los magistrados y consejeros se sumen al plan de austeridad y canalicen esos recursos a la mejora salarial de los empleos que menos ganan. También se quejaron de que hasta ahora no se han firmado las condiciones generales de trabajo, “lo que es de vital importancia para el trabajador, pues esto le garantiza seguridad y estabilidad laboral”, además de que muchos de los empleados tienen hasta un lustro trabajando sin que se les haya dado su base. En ese sentido, urgieron a los magistrados y consejeros de la Judicatura firmar las condiciones generales de trabajo, autorizar el aumento de sueldo para los que menos ganan y respetar el escalafón y la carrera magisterial.