Los bailarines, en el desamparo

Hace ocho años la actriz y senadora María Rojo dio el primer paso para otorgar a los creadores artísticos la seguridad social. Pero no pasó nada. Ahora, en los diálogos para la transición cultural, la comunidad dancística planteó con precisión y rigor esas demandas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En tiempos de arranque de la nueva administración de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, donde diagnosticar y asignar recursos son parte de sus primeras acciones, se han suscitado actividades y pronunciamientos de profesionales de la danza en torno al tema de la dignificación en sus condiciones de trabajo.

El 13 de noviembre se realizó la mesa de diálogo Encuentro y Diálogo de la Secretaría de Cultura en Transición, establecida con la comunidad de la danza del país en el auditorio del Centro de Cultura Digital. Esta reu­nión, encabezada por Lucina Jiménez, actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, recogió las urgencias de bailarines, coreógrafos, maestros, periodistas y gestores para organizar la elaboración de un diagnóstico.

La demanda sobre la seguridad social para los artistas de la danza fue pronunciada por la bailarina y coreógrafa Lidya Romero. La artista tiene una trayectoria inagotable y renovadora desde 1979, cuando creó la agrupación independiente Forion Ensamble, y hasta la fecha como directora del grupo El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento. Es una representante de la danza contemporánea de México que ha vivido varias transiciones de gobierno con ausencia del tema de las condiciones laborales.

Además de su pronunciamiento en la mesa de diálogo, la urgencia del asunto laboral volvió a salir el 27 de noviembre entre los resultados de la consulta nacional de danza que realizó Periplo Gestión Creativa, dirigida por Erandi Fajardo, quien ha estado muy de cerca en todo este proceso de diagnóstico de la danza. De hecho, ella formó parte, como moderadora, de la mesa mencionada.

La consulta, distribuida del 14 de agosto al 30 de septiembre a través de un formulario en línea con usos de la cuenta de Periplo Gestión Creativa de Facebook y de la base de datos de esta organización, concentró en un eje temático las preocupaciones respecto a las condiciones laborales de 691 participantes de 188 ciudades de los 32 estados del país.

La gestora cultural explica en entrevista que el eje Entornos de contratación, gestión autónoma y de trabajo de artistas “requiere de una política pública que estimule la constitución de asociaciones civiles y empresas culturales, contratos y convenios únicos con un perfil adecuado a los servicios que ofrecen los artistas y las agrupaciones culturales, respetando condiciones de trabajo y tiempos de pagos, seguridad médica y de vivienda así como de ahorro y crédito”.

Antecedentes 

En coherencia con el Derecho a la Cultura, logrado constitucionalmente el 4 de diciembre de 2008, la actriz María Rojo presentó en la Cámara de Senadores, dos años después a ese hecho, una iniciativa de ley que hubiera sido el primer paso para reconocer a los artistas como trabajadores culturales.

Consistía en el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores a la Seguridad Social, generado a la vez con recursos federales y aportaciones de aquellos artistas y gestores que voluntariamente se incorporarían al IMSS. El fideicomiso público sería administrado por el Conaculta, institución antecesora de la Secretaría de Cultura federal.

Desde hace ocho años la propuesta no ha sido atendida por los legisladores.

En 1980, en su 21ª Conferencia General en Belgrado, Yugoslavia, la recomendación internacional de la UNESCO relativa a la condición laboral de los artistas expresaba a sus países miembros, entre ellos México, “crear y mantener las condiciones materiales” que faciliten el trabajo artístico (https://www.proceso.com.mx/541567/unesco-y-la-precariedad-del-trabajo-cultural).

El organismo explicaba desde entonces que “los artistas, en tanto contribuyentes con su trabajo al desarrollo de la sociedad, deben tener igualdad de condiciones respecto a los demás ciudadanos, así como derecho a gozar de la seguridad social”. Y reconocía el derecho del artista “a ser considerado como un trabajador cultural y a gozar en consecuencia de todas las ventajas jurídicas, sociales y económicas correspondientes a esa condición de trabajador, teniendo en cuenta las particularidades que entrañe su condición de artista”.

Sin embargo, las condiciones laborales de los artistas no han cambiado y, ante tal instalada situación, la UNESCO decidió lanzar una consulta mundial sobre las condiciones en las cuales los artistas desarrollan su trabajo, la cual estuvo abierta hasta el pasado 23 de noviembre; considera que sus resultados “servirán para informar a los responsables políticos y enviar un mensaje alentador a la comunidad global”.

El nudo

Elena Román, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ha construido un modelo de análisis de los campos laborales artísticos titulado Y usted ¿baila o pinta? No, yo trabajo, el cual fue aplicado en la comunidad de danza contemporánea de Ciudad de México en primera instancia.

Publicado en 2016, el estudio ofrece la localización de los factores predominantes en la imposibilidad de que a los artistas de la danza contemporánea de esta ciudad se les conciba como trabajadores culturales que viven dignamente. Explica una especie de nudo de factores difícil de deshacer.

Una vez más, la histórica ausencia de leyes de tipo laboral, fiscal y de salud que regulen y dignifiquen la especificidad de este arte como trabajo, que contribuye al desarrollo de la sociedad cuando la refleja y/o la reflexiona vía el cuerpo, es causa que ha mantenido rígido el nudo.

Expone:

“No existe a nivel federal ni local una legislación que regule y contenga una figura jurídica laboral de los agentes de los campos especializados del arte. Por lo anterior, los y las creadoras de este campo especializado están implícitamente regulados por las leyes laborales para cualquier trabajador en este país.”

Sobre las leyes de orden fiscal, menciona: “Los creadores deben darse de alta como prestadores de servicios, sin que esto tenga ninguna adecuación con respecto de sus obligaciones fiscales por las características de su labor”.

Y aquellas relativas al acceso a la salud, como el régimen voluntario del IMSS que deja en desventaja a la mayoría de bailarines, coreógrafos, docentes independientes y gestores porque implica aportaciones puntuales de dinero mes a mes, siendo que todos ellos presentan “altos índices de incertidumbre con respecto a la certeza de ingresos económicos”. La investigadora ubica que tal incertidumbre refleja una violación del derecho al pago adecuado y a tiempo.

Los resultados del análisis fueron explicados por Elena Román los pasados 16 y 17 de agosto en el Foro Internacional sobre la Condición de las y los Creadoras/es, organizado por la UNESCO, la Feria Internacional de las Culturas Amigas, el gobierno de la Ciudad de México y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entre ellos destaca también otro factor que tira fuerte del nudo que se ha establecido como norma: la ponderada aspiración de satisfacción y reconocimiento social de los agentes de la danza contemporánea, porque inhibe la conciencia y la exigencia colectiva de condiciones laborales dignas para la profesión.

Sin embargo, el estudio no es desalentador. Propone una integración equilibrada de políticas culturales del Estado y de organización colectiva de los agentes de la danza contemporánea para deshacer el nudo.

Este texto se publicó el 30 de diciembre de 2018 en la edición 2200 de la revista Proceso.

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