En su controvertido proyecto de Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla a toda la Policía Militar, incluida la Tercera Brigada, con sede en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. Una particularidad de este cuerpo castrense es haber participado en la represión lo mismo de civiles que de movimientos sociales como los del magisterio disidente y los electricistas. Mediante datos obtenidos a partir de solicitudes de información, Proceso documenta el modus operandi de esta siniestra brigada en las últimas dos décadas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cada paquete contenía un overol azul, botas y casco. Se encontraban bajo escudos enormes y kendos en una formación impecable, inanimada, que se multiplicaba por cientos en el patio de barracas que ocupan los elementos de la Primera Brigada de Policía Militar (PM). Con dirección a la puerta 8 del Campo Militar Número 1-A, decenas de autobuses de turismo calentaban motores. Los elementos de la Primera Brigada estaban concentrados desde el 11 de septiembre de 2013, a la espera de una orden que, sin ser explícita, se anticipaba para desplazarse al Zócalo capitalino a desalojar de la Plaza de la Constitución a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los maestros disidentes habían levantado un campamento para protestar contra la Reforma Educativa. Aquel día, Proceso recorrió el Campo Militar para recoger testimonios en los juzgados castrenses. El 13 de septiembre se dio el ultimátum. El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que los inconformes tendrían hasta el mediodía para retirarse o serían desalojados. El objetivo era sacarlos de ahí para que Enrique Peña Nieto encabezara su primera ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia como presidente de México. Minutos antes de la hora fijada, dos cohetones anunciaron el repliegue magisterial que se condujo pacífico por la calle de Mesones, llegó al Eje Central y avanzó; parecía que tendrían el camino libre para confinarse en el Monumento a la Revolución. No obstante, por la calle Madero apareció la turba uniformada, lanzando piedras y adoquines. En la esquina de 16 de Septiembre los presuntos federales, con uniformes descuidados y notorio desaliño, detuvieron a la dirigencia magisterial oaxaqueña que desfilaba en la vanguardia y desataron las golpizas por avenida Juárez. No era la primera vez que la Primera Brigada de PM participaba así –con uniforme de Policía Federal– en un control de multitudes, pues desde 1999 un convenio de colaboración entre las secretarías de Gobernación (Segob) y la de Defensa Nacional (Sedena) dio origen a la Policía Federal Preventiva (hoy PF) y se mantuvo a través del tiempo. Dicho convenio se renovó año tras año hasta 2009, después de la Segob con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), creada por Vicente Fox, mantenida por Felipe Calderón y, aunque sin rastro documental posterior, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo evidencia de sus actividades en operativos como el del 1 de diciembre de 2012. La Primera Brigada, pero principalmente la Tercera Brigada, cuya sede está en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, están contempladas, al igual que toda la PM, en el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar la Guardia Nacional. Aunque su participación no es novedad. Planteada por el nuevo mandatario como eje de su política de seguridad, la Guardia Nacional se haría cargo de los delitos del fuero federal y también del fuero común, con una reforma constitucional de por medio. Pero el plan ya está en marcha, aun sin reforma ni ley, desde el 2 de diciembre, según declaraciones del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Desde 1999, la Sedena, la Segob primero y la SSP después, con intervención y firma de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, suscribieron convenios de colaboración que fueron obtenidos por Proceso a través de solicitudes de información. Dichas solicitudes a la Sedena (folio 000700131412) y a la SSP (0002200148812) establecen precisamente la comisión de tropas de la PM para la integración de la PF desde hace dos décadas; a través de ésta aquellas participaron en las represiones más sonoras contra movimientos sociales, así como en la “guerra contra el narco” declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, días después de asumir el cargo. Engaños de guerra El envío de la PF desde 2008 para hacer frente a la inseguridad devino en quejas de los ciudadanos víctimas de extorsiones, revisiones ilegales y allanamientos sin orden judicial; algunas veces sufrían golpizas, torturas y asesinatos que nunca se investigaron, por lo que las autoridades chihuahuenses promovieron el arribo del Ejército en marzo de 2009. El cambio fue de uniforme. Cientos de elementos pertenecientes a la Tercera Brigada de PM, quienes se desempeñaban como policías federales, se sumaron al convoy de militares de infantería en un aparatoso desfile de vehículos que atravesó varias entidades para posicionarse en el norte. El cambio de uniforme fue recogido en testimonios obtenidos por Proceso entre oficiales de la Tercera Brigada que participaron en ese despliegue, como años antes, en 2005, lo habían hecho en el Operativo México Seguro, el más aparatoso y perjudicial enviado durante el gobierno de Vicente Fox a Nuevo Laredo, Tamaulipas, punto de partida para que la violencia se extendiera por todo el noreste. En marzo de 2010, el Operativo Conjunto Chihuahua daba signos de fracaso. El cambio de uniforme no impactó en las conductas de los militares, que en un año acumularon oficialmente 630 denuncias contra soldados y 348 contra policías federales que, en muchos casos, también eran soldados. La violencia no cedía en Chihuahua y, para entonces, la Tercera Brigada era objeto pesquisas judiciales militares: uno de sus principales mandos, el general Joaquín Morales Ojeda, fue preso por corrupción, mientras que a varios jefes operativos destacamentados en Huehuetoca, Estado de México, se les acusó de haber tomado parte en un secuestro y dos homicidios; uno de ellos incluso fue señalado de tener nexos con el cártel de Los Zetas y de venderles una USB con información de operativos y despliegues de los años en que la Tercera Brigada estuvo en Tamaulipas con funciones de Policía Federal. Dichos casos fueron revelados en la edición 1871 de Proceso y, aunque la mayoría de los oficiales detenidos demostró que todo se obtuvo mediante confesiones arrancadas bajo tortura militar (Recomendación CNDH 041/2011), expedientes como el 482/2010, radicado en el Juzgado IV de Justicia Militar, permiten confirmar las actuaciones de la Tercera Brigada en los operativos de mayor impacto de la PF, inclusive hasta bien entrado 2011. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2201, ya en circulación)