CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó a sus funcionarios iniciar acciones legales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Secretaría General de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por su parte, la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, anunció el fin del acuerdo con Naciones Unidas que dio paso a la creación de la Cicig. La Cicig, creada en diciembre de 2012, tiene como objetivo ayudar al Ministerio Público y al gobierno de Guatemala a combatir el crimen en el país. Entre sus principales logros está haber descubierto la red de corrupción que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldett, actualmente sometidos a juicio. La Cicig también promueve un juicio político contra el actual mandatario, Jimmy Morales, por un presunto caso de financiamiento ilegal de su campaña por la Presidencia. Este lunes, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por familiares de las personas procesadas gracias a la Cicig, Morales ordenó a la Procuraduría y a la Cancillería “hacer denuncias ante autoridades nacionales” contra personas y autoridades de la Comisión por “actos violatorios de las leyes como prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”. En los últimos días, la Cicig había denunciado en redes sociales que sus integrantes estaban siendo retenidos sin motivo aparente. El sábado 5, la Comisión dijo que uno de sus funcionarios, Yilen Osorio, fue retenido por autoridades migratorias que le impidieron el ingreso al país.   La ONU rechaza dichos de Morales Tras recibir la carta en la que el gobierno de Guatemala anuncia el fin del acuerdo por el que se crea la Cicig, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo rechazar el contenido de dicho documento. “El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo”, dijo Guterres, según un comunicado. Por su parte, la directora de Seguridad Ciudadana de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adriana Beltrán, dijo que la decisión unilateral del gobierno de Guatemala “no sólo viola sus obligaciones internacionales, sino también es una movida evidente por parte del presidente Morales y sus aliados para tratar de garantizar la impunidad de sus actividades ilegales”.

“En los últimos dos años, el gobierno guatemalteco ha tratado de socavar los avances logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad y de poner fin a las investigaciones de gran corrupción. En este proceso, ha intentado repetidamente de desafiar al más alto tribunal de Guatemala”, agregó Beltrán.