CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La confianza de la ciudadanía en la procuración de justicia sólo podrá recuperarse si el fiscal general es capaz de liderar una institución clave para enfrentar la impunidad y la corrupción histórica en México. Así lo destacaron los colectivos #FiscalíaQueSirva#, #VamosPosMás y Observatorio Designaciones Públicas, luego de precisar que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 20 de diciembre de 2018 “permite un amplio margen de discrecionalidad y mantiene en la opacidad una designación de alto interés público”. En un comunicado detallaron que, de acuerdo con el procedimiento aún vigente, el Senado debe enviar al Ejecutivo federal una lista de al menos 10 candidatos, quien a su vez remitirá una terna al Senado, a fin de que éste adopte una decisión final. Y en respuesta a la convocatoria se presentaron 52 candidaturas, de las cuales 27 cumplieron con los requisitos, por lo que deben ser evaluadas de forma objetiva y rigurosa, para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad. Los colectivos subrayaron que desde su constitución han advertido los problemas del actual mecanismo de selección, y han insistido en la necesidad de reformar la Constitución para adecuarlo a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano en materia de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana y rendición de cuentas, fundamentales para evitar influencias indebidas en el proceso de designación y garantizar la independencia de la persona elegida. En ese sentido, manifestaron que la convocatoria pública emitida mediante el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política tiene varios aspectos preocupantes, ya que no se especifican los criterios y el procedimiento que utilizará la Comisión de Justicia del Senado para integrar la primera lista que será remitida al Ejecutivo Federal. Tampoco se ha previsto que la Comisión realice entrevistas públicas a las 27 personas postulantes que cumplieron con los requisitos, para evaluar aspectos fundamentales de sus antecedentes y posibles conflictos de interés. Y no se han previsto mecanismos efectivos de participación ciudadana, como la posibilidad de objetar, apoyar o presentar información relevante sobre candidaturas específicas, ni la posibilidad de formular preguntas directamente, como se hacía en el pasado. Entre otros puntos, manifestaron su preocupación por el tiempo insuficiente para las comparecencias ante el Pleno del Senado. “Treinta minutos no permiten examinar el perfil de los y las finalistas para ocupar un cargo de tal relevancia, ni una valoración sustantiva y profunda de méritos, capacidades, experiencia y probidad de las y los candidatos”. Tras destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la autonomía de las fiscalías, que el proceso de designación del fiscal general se sujete a los estándares internacionales aplicables, señalaron que el proceso impulsado por el Senado de la República para la designación de la persona titular de la Fiscalía General está bastante alejado de ese objetivo. En ese sentido, hicieron un llamado al Senado para que corrija esas irregularidades y emita un acuerdo complementario al Acuerdo del 20 de diciembre de 2018 para atender las preocupaciones manifestadas. También exhortaron a los medios de comunicación a acompañar y monitorear el proceso, y aportar información relevante sobre candidatas y candidatos. “En otros países de la región, la prensa ha jugado un papel decisivo en la vigilancia del proceso, y en señalar y visibilizar posibles vínculos que requieren de mayor investigación en los antecedentes de las personas aspirantes”, recalcaron.