CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobernadores del PRI respaldaron la creación de la Guardia Nacional, pero bajo modelo híbrido. El Revolucionario Institucional cuenta con 45 diputados federales, de los cuales Morena puede echar mano para lograr la aprobación de la nueva figura en la Cámara de Diputados. “Los gobernadores priistas estamos de acuerdo en impulsar la Guardia Nacional (…) pero debe ser híbrida y revisarse el método de evaluación”, adelantó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y actual vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago). En el primer día de los foros para analizar la conveniencia o no de crear una Guardia Nacional, mandatarios panistas se opusieron de tajo al dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en diciembre pasado, mientras que los priistas abrieron la posibilidad de respaldar la propuesta de Morena. Pero aunque los priistas se manifestaron en una primera posición, a favor, también es cierto que señalaron tres aspectos preocupantes: que la Guardia Nacional participe en la investigación de los delitos, por considerar que eso sólo debe competir a las fiscalías; que no se elimine a los policías auxiliares y que la evaluación de las policías estatales y municipales no quede bajo el peligro de retirarles el dinero federal que se les entrega para su entrenamiento. “Esperamos del Constituyente Permanente una reforma que disponga la creación de la Guardia Nacional bajo los más estrictos criterios de respeto a las soberanías estatales, privilegiando la coordinación, el trabajo conjunto con pleno respeto a los derechos humanos”, sostuvo el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno y actual presidente de la Conago. El trabajo de la Guardia Nacional con militares al frente no debe ser de carácter permanente sino temporal, y gradualmente pasar a un mando civil “como garantía para el respeto de los derechos humanos”, dijo. La Conago entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados un documento de análisis sobre el dictamen de la Guardia Nacional donde alerta sobre cambios necesarios en tres artículos: 21, 89 y el séptimo transitorio. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, y  su homólogo de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, ambos priistas, desgranaron las dudas. El artículo 21 de la Constitución, dijo Astudillo, establece que la Guardia Civil hará investigación de delitos, lo que debe estar solo en manos de las fiscalías. El séptimo transitorio es riesgoso, expuso Peralta, porque el consejo de seguridad interior puede decidir sobre los policías estatales, intervenirlos, desaparecerlos y hasta quitarles el dinero que se entrega en materia de seguridad si no resultan bien evaluados; y el artículo 89, añadió, faculta al ejecutivo a reglamentar a las fuerzas de seguridad en los estados, lo que puede vulnerar el ámbito de competencia de las entidades. Astudillo destacó que “dejar la situación como está sería irresponsable… vale la pena encaminar para el nacimiento de la Guardia Nacional. No debe militarizarse la seguridad pública pero se tiene que empezar con ellos. La Guardia Nacional no sólo es necesaria sino urgente, pero hay que revisar tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el registro de detenciones”. El también priista gobernador de Colima, y quien fue impulsado por José Antonio Meade para dicho cargo, José Ignacio Peralta, advirtió un peligro en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana esté a cargo de la parte administrativa y la Sedena de la parte operativa: “Esta dualidad es poco clara y puede ocasionar conflictos. Debe haber mayor claridad en su mando”, dijo. También demandó recursos extras a los estados, pues los cambios constitucionales prevén la realización de monitoreos a través de los conocidos C4, los cuales pasarán al sistema de información central. En tanto, el gobernador de Zacatecas, el priista Alejandro Tello, aclaró que la opción “no es mando militar sino civil” y propuso fortalecer la figura del policía de proximidad “aunque en este dictamen se desaparecen”. Se opuso a la permanencia del Ejército), “tiene que ser algo pasajero”, y dijo que además debe haber fiscalización a la guardia pero en manos de civiles “y la iniciativa no lo contempla”. El gobernador de Michoacán, único ejecutivo del PRD, Silvano Aureoles, hizo un mea culpa público: recordó que él votó a favor de la Ley de Seguridad Interior “porque mientras se requiera al Ejército se le debe legalizar su participación”. Y consideró que la participación del Ejército debe “ser temporal y transitoria”. Sobre este punto, el gobernador de Jalisco, postulado por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, acusó que la participación de la Guardia Nacional y del Ejército en tareas de seguridad pública no es transitoria, “la verdadera intención no es transitoria sino permanente” y sostuvo que “debe permanecer la seguridad pública bajo el mando civil”. El panista Javier Corral, ejecutivo estatal de Chihuahua, se manifestó en contra desde el inicio de su intervención: “este es el modelo equivocado que no hay que aprobar”. “Si la Ley de Seguridad Interior fue un error, la Guardia Nacional, sobre todo subordinada a la Sedena, es un error. Es un error más grave que los intentos de Calderón y Peña Nieto de militarizar la seguridad pública”. El panista se manifestó a favor de una Guardia Civil “con instrucción militar”. Y no se debe romper la supremacía de lo civil sobre lo militar, sostuvo Javier Corral. En tono similar se manifestó el también gobernador panista por Durango, José Rosas Aispuro. En tanto que el gobernador de Tamauipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, advirtió que “estamos a favor de una suma de esfuerzos con la federación, pero no se debe entender como subordinación o sometimiento de los gobiernos estatales”. Aceptó que muchos gobiernos estatales se han mantenido en un estado de confort y pidió que el dictamen incluya un transitorio donde se haga una asignación de elementos de la policía federal a los estados. Mañana participarán presidentes municipales; el jueves, viernes y sábado participarán investigadores, organismos empresariales e integrantes de la sociedad civil. El periodo extraordinario para aprobar la Guardia Nacional se realizará los días 16 y 17 de enero próximos. Por tratarse de una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos de los presentes; es decir, si asisten los 500 diputados, Andrés Manuel López Obrador necesita de 333 votos. El bloque Morena-PES y PT cuenta con 314 votos, más 11 del PVEM suman 325 votos; aun así, el partido en el poder requiere de ocho votos más que tendrán que ser de la oposición. Pueden ser algunos de los 45 del PRI u 11 de la fracción del PRD.