A prueba, la nueva correlación de fuerzas en la Corte

Con la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia a raíz de las designaciones de Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro y de Arturo Zaldívar como titular de la institución, a ambos y al pleno en su conjunto les aguardan pruebas difíciles tras los recientes desencuentros entre los poderes Judicial y Ejecutivo y el Senado mismo. Entre los retos destacan, por ejemplo, la resolución de la controversia en torno a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Morena.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las tensiones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para renovar su presidencia se mantuvieron hasta pocas horas antes de que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea resultara electo, en un proceso en el que se hizo ineludible la presencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El miércoles 2, cuando el pleno estaba convocado para elegir en sesión pública al nuevo presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los ministros se citaron para un desayuno privado. Fue una reunión tensa en la que se acentuaron las diferencias.

Ninguno de los cuatro candidatos cedía en su pretensión de ser el máximo representante del Poder Judicial de la Federación. Se habían configurado los dos bloques tradicionales: los ministros de carrera judicial y los llamados externos. Pero iban fragmentados. Cada uno con dos candidatos. 

De nueva cuenta se proyectaba la falta de consenso y la sombra de la división pública de hace cuatro años, cuando fue electo Luis María Aguilar después de cinco horas de votación, en una contienda con el propio Zaldívar.

Así llegaron a la sesión pública en la que asumió como ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, designado por el Senado apenas el 20 de diciembre a propuesta del presidente López Obrador. El nuevo ministro se debatía entre la amistad y el agradecimiento para emitir su voto.

En la ceremonia de investidura, el principal contrincante de Zaldívar –su viejo amigo Alberto Pérez Dayán– fue el encargado de darle el discurso de bienvenida. Pérez Dayán insistió en su postura de la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el equilibrio de poderes, con todo y las críticas que reciban los jueces constitucionales, como fue su caso apenas en diciembre pasado, cuando el Senado y la Presidencia de la República impugnaron su decisión de suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual nadie en el sector público debe ganar más que el primer mandatario de la nación (Proceso 2198).

Discursos reivindicativos

Con esa decisión, el ministro Pérez Dayán se colocó muy lejos de las consideraciones de López Obrador, al contrario de lo ocurrido en 2005, cuando, como magistrado, fue el único de los tres integrantes del Tribunal Colegiado que votó en contra de su desafuero como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, impulsado por el gobierno de Vicente Fox.

Un juez no debe buscar el acomodo fácil o la simpatía general. Debe hacer prevalecer el estado de derecho y tomar decisiones, populares o no, que preserven el orden supremo de la Constitución Mexicana. En el PJF la subordinación sólo se debe a la Constitución y a la ley, siempre y cuando ésta última no la niega o contradiga, expuso Pérez Dayán.

En su respuesta, González Alcántara también se expresó a favor del equilibrio de poderes y la autonomía del Poder Judicial, pero también dijo que éste tiene la obligación de ser “interlocutor de la sociedad con los demás poderes”, porque en los reclamos de justicia de la sociedad existe la idea “de que algo no funciona bien y/o algo no funciona ni en las instituciones ni en las leyes”.

De forma similar se ha expresado la mayoría oficialista de Morena en el Congreso; en particular el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien ha presentado diversas iniciativas tendientes a reformar el Poder Judicial, sobre todo para promover la rotación de jueces y en contra del nepotismo.

El nuevo ministro no perdió oportunidad para repetir una de las máximas juaristas preferidas de López Obrador: “Nada al margen de la ley y nada ni nadie por encima de nuestra Constitución”.

Después del protocolo de bienvenida, los ministros hicieron un receso para dar paso a la votación. La tensión se mantuvo durante más de una hora. La discordia se impuso en la llamada familia judicial. Pérez Dayán acabó con la incertidumbre cuando, al inicio de la sesión para designar al nuevo presidente, anunció que “para facilitar la votación” declinaba su candidatura. 

A partir de ese momento, en tan sólo 10 minutos y en una sola ronda de votos se decidió la elección para el periodo 2019-2022. El ministro Arturo Zaldívar ejercerá como presidente en cuatro de los seis años del gobierno de López Obrador.

La insistencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de mantenerse en la carrera y la falta de respaldo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández dividieron hasta el final a los ministros de carrera judicial, y con Zaldívar los externos –es decir, los que no provienen de la carrera judicial– se impusieron por primera vez desde que hace 24 años se definieron la actual estructura y funcionamiento de la Corte.

Con excepción de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien entre algunos ministros se le veía como candidato del PRI y de grupos empresariales, todos los externos respaldaron a Zaldívar Lelo de Larrea, empezando por Juan Luis González Alcántara Carrancá. A su favor votaron los ministros Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek. 

A los externos se sumaron las dos ministras con carrera judicial: Piña Hernández y Margarita Luna Ramos, quien pasará a retiro en marzo próximo. Los externos podrían consolidar su predominio en la Corte si el presidente de la República y el Senado optan por designar a alguien ajeno a la carrera de juez.

“Independencia no es aislamiento”

El ministro Arturo Zaldívar asume la presidencia de la SCJN y del CJF luego de nueve años como juez constitucional, con una propuesta de cambio en ambas instancias y cercano al discurso de austeridad de López Obrador, aunque ha advertido que cualquier reforma del Poder Judicial debe hacerse con la participación de los jueces.

En su primer discurso como presidente de la Corte, Zaldívar anunció “un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes”, pero reivindicó la independencia del Poder Judicial: “Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo; dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de nuestra independencia”.

Pidió al pleno de ministros “dar vuelta a la página”, “olvidar nuestras diferencias” y “trabajar en equipo” para lo que anunció como nuevas “políticas públicas” del Poder Judicial. De forma reiterada, dijo que México vive “un momento extraordinariamente complicado”, aunque subrayó el papel “extraordinariamente importante” de la Suprema Corte en la transición democrática del país.

“No se podría explicar la transición democrática de México sin el papel de esta Suprema Corte; ha sido un poder equilibrador, ha sido un poder que ha sabido establecer y cuidar la división de poderes, pero ha sido también –ante todo– una defensora y desarrolladora de los derechos humanos de todas las personas”.

Propuesto como ministro por el entonces presidente Felipe Calderón, el nuevo presidente de la Corte llegó al máximo tribunal desde su práctica de litigante corporativo. En esa condición, representó ante la propia Corte a las instituciones crediticias beneficiadas por el rescate bancario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en una revisión de amparo para impedir la realización de auditorías con las que se pretendía reducir el monto del rescate a Bancomer, Bital (hoy HSBC), Banamex y Banorte. 

Desde que se integró al pleno de ministros en diciembre de 2009, se ha expresado a favor de los derechos humanos. Con apenas unos meses en el cargo, propuso sancionar a funcionarios federales y no sólo estatales y municipales por el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos. 

Encargado del juicio, propuso sancionar a los funcionarios federales del IMSS, entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ya fallecido, y cercano a Calderón. Molesto con el proyecto de resolución, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo buscó y le espetó: “para eso no te pusimos”. Al final, sólo fueron sancionados funcionarios locales.

En marzo de 2012, ya en el último año del sexenio de Calderón, Zaldívar volvió a ser objeto de presiones del gobierno federal. La razón fue su propuesta de otorgar un amparo “liso y llano” por violaciones al debido proceso. La consecuencia era liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez, quien había sido acusada de secuestro por Genaro García Luna, el hombre fuerte de Calderón. 

En conversaciones informales con la prensa, Zaldívar confirmó esas nuevas presiones del gobierno calderonista, pero sin entrar en detalles de los exfuncionarios o enviados que lo buscaron, ni del tipo de advertencias o amenazas de que fue objeto. Este semanario confirmó en ese entonces en el Poder Judicial que éstas alcanzaron a su familia, mientras que otros ministros fueron amenazados con que se haría público su patrimonio si liberaban a Cassez (Proceso 1890). 

El proyecto de Zaldívar no fue aprobado, pero dejó la frase “del efecto corruptor” que tuvo en todo el proceso penal el montaje de García Luna durante la detención de Cassez, quien salió hasta el siguiente año, ya en el gobierno de Enrique Peña. El nuevo proyecto de resolución estuvo a cargo de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación.

El caso Caro Quintero 

En noviembre de 2013, Zaldívar fue el encargado de revertir el amparo mediante el cual había sido liberado, tres meses antes, Rafael Caro Quintero, exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara. El sinaloense llevaba 28 años de prisión, acusado del asesinato del agente antidrogas de Estados Unidos, Enrique Camarena.

Como integrante de la Primera Sala de la Corte, en la que se resuelven los asuntos penales y civiles, Zaldívar propuso revocar el amparo otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado penal de Jalisco a pesar de que un año antes, como presidente de esa Sala, formó parte de la mayoría que se negó a atraer ese amparo por carecer de “méritos suficientes” para ser resuelto en el máximo tribunal.

En noviembre de 2017, al otorgar un amparo a la organización Artículo 19, ordenó e impuso un plazo perentorio a la Cámara de Diputados para legislar sobre la publicidad oficial con el fin de evitar su manejo arbitrario y que sea utilizada como un mecanismo de censura indirecta. En abril del año pasado, la entonces mayoría del PRI en San Lázaro aprobó la Ley General de Comunicación Social que mantiene la discrecionalidad, por lo que se encuentra bajo revisión constitucional en la propia Suprema Corte. Lo que resulte será de aplicación obligada para el gobierno de López Obrador.

Lo mismo pasará con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se ha convertido en factor de discordia entre la Corte y el Senado y la Presidencia de la República.

Como parte de los “duros señalamientos” hechos al Poder Judicial, sobre todo por los altos salarios de los ministros y magistrados, la aplicación de esa ley en el PJF “resulta problemática en el marco de las garantías institucionales que la Constitución establece”, señaló Zaldívar en diciembre pasado, cuando dio a conocer su propuesta para dirigir la SCJN.

Ahí aseguró que el principal desafío para el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) será la defensa de la independencia judicial “sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes”.

En sus propuestas incluye el restablecimiento de los comités de ministros y ministras que dejaron de operar desde la llegada de Juan Silva Meza a la presidencia de la Corte. Luis María Aguilar, contra quien Zaldívar compitió hace cuatro años, mantuvo el mismo control unipersonal en la SCJN.

Habló también de la creación de un ómbudsman para el personal del PJF, así como de desarrollar políticas de igualdad de género tanto en la carrera judicial como administrativa y de transparencia en la designación de jueces.

Sin precisar, se refirió a la implementación de “programas de austeridad” en el Poder Judicial Federal, a las compras consolidadas y a la “contención de salario de mandos superiores”.  

Este reportaje se publicó el 6 de enero de 2019 en la edición 2201 de la revista Proceso.

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