Nicolás Maduro, con todo en contra

Maduro. Reelección. Foto: Boris Vergara / Presidencia de Venezuela Maduro. Reelección. Foto: Boris Vergara / Presidencia de Venezuela

Este jueves 10 Nicolás Maduro asumió nuevamente la Presidencia de Venezuela, pero lo hace en un entorno complicado: muchos países no reconocen su triunfo electoral del pasado mayo, la inflación llegará a 10 millones por ciento, el PIB caerá este año otro 10% y la ciudadanía opina con los pies… el éxodo a los países vecinos ya es incontrolable. La nación, dicen analistas, está colapsada “en todos los órdenes: económico, social, político y en su democracia”. 

BOGOTÁ (Proceso).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciará este jueves 10 un nuevo periodo de gobierno, a pesar de que la oposición política y medio centenar de países rechazaron, por “fraudulentas y antidemocráticas”, las elecciones en las que logró reelegirse en mayo pasado y, por lo tanto, desconocen la legitimidad del mandatario. 

Según analistas venezolanos consultados por Proceso, el gobernante comenzará su segundo mandato en condiciones tan adversas, que su permanencia en el cargo se hará cada día más “insostenible”, a menos que él mismo produzca un giro “sorpresivo y radical” en la conducción del país.

La politóloga Elsa Cardoso señala que para el régimen de Maduro “las presiones han ido subiendo en forma cada vez más definitiva” y comenzará su nuevo gobierno en una situación “en extremo precaria”.

En 2018 el PIB de Venezuela se redujo por quinto año consecutivo, ahora en 15%, con lo que acumuló una contracción de 44.3% respecto a 2013, año en el que Maduro asumió la Presidencia tras la muerte de Hugo Chávez.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que en 2019 el PIB venezolano caiga otro 10% como resultado del desplome de la producción petrolera y de la inestabilidad política y social. Y el Fondo Monetario Internacional anticipa que este año la hiperinflación llegará a 10 millones por ciento, luego de que entre enero y noviembre de 2018 se ubicó en 1 millón 299 mil por ciento.

Esa descomunal alza de precios hace añicos los ingresos de los venezolanos. El salario mínimo decretado el pasado 30 de noviembre hoy equivale a 5.50 dólares y apenas alcanza para comprar 750 gramos de café. 

Esta escalada alcista, aunada a la escasez de alimentos y medicinas –que obedece a la debacle del aparato productivo nacional y a la falta de divisas para importar esos productos básicos–, ha provocado una ola migratoria nunca antes vista en América Latina.

El Centro para el Desarrollo Internacional, de la Universidad de Harvard, estima que entre 3.3 millones y 5.2 millones de venezolanos han emigrado. Estas cifras equivalen a entre 9.5% y 16.5% de la población del país. 

Al menos 1.1 millones se asentaron en Colombia, lo que ha llevado a Bogotá a solicitar asistencia internacional para atenderlos. Miles y miles de ellos piden ayuda en las calles de las principales ciudades colombianas para comer. Escenas similares se observan en Ecuador y Perú.

Falta de sensibilidad

Elsa Cardoso, doctora en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, dice que la severa crisis humanitaria, social, política y económica ha acabado por desbordar al país y ya afecta a naciones vecinas.

El gobierno de Maduro, dice la especialista en asuntos internacionales, ha mostrado “una total falta de sensibilidad social y de escrúpulos frente a la crisis humanitaria y parece dispuesto a pasar todas las facturas de su ineficiencia a la población, sin importar su sufrimiento, y al vecindario”.

Y advierte que, al colapso interno, se suma la creciente presión internacional contra el régimen, que no es reconocido por la mayoría de países latinoamericanos, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, al considerar que las elecciones en las que Maduro se hizo reelegir no fueron democráticas, libres, justas ni transparentes.

Además, varios altos funcionarios del círculo íntimo de Maduro enfrentan sanciones de Estados Unidos y Europa; entre ellos la esposa del mandatario, Cilia Flores; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, quien es ministro de Comunicaciones; y el poderoso número dos del régimen, Diosdado Cabello. Todos ellos tienen cuentas y bienes congelados en el extranjero, y empresas europeas y estadunidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. 

Héctor Navarro, quien fue ministro de Educación en el régimen de Chávez, estima en 450 mil millones de dólares el monto de lo que se han embolsado por corrupción los funcionarios del régimen, cifra que equivale al doble del PIB de 2018.

Apenas en noviembre pasado, y pese a que el gobierno omitió la noticia en todos los medios públicos del país, los venezolanos se enteraron a través de portales independientes de que el exguardaespaldas de Hugo Chávez y extesorero nacional, Alejandro Andrade, fue sentenciado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de mil millones de dólares. 

La generalizada percepción de que la riqueza que llegó a las arcas públicas durante la década de altos precios del petróleo (2005-2014) fue dilapidada por la corrupción o por la ineficiencia gubernamental, aumenta la indignación que le produce a la mayoría de venezolanos la falta de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

“Pero esa indignación no se puede expresar en las urnas por el control que el gobierno ejerce sobre el organismo electoral”, señala Cardoso.

Todas las encuestas señalan que entre 80 y 90% de los venezolanos quieren la salida de Maduro, pero el presidente ganó oficialmente las elecciones el 20 de mayo de 2018 con 67.84% de los votos. 

Cardoso explica que lo hizo inhabilitando, por medio de la Contraloría y el Poder Judicial –bajo su control–, a candidatos opositores, usando con fines clientelares las bolsas de alimentos que otorga el gobierno a los sectores populares y “acomodando a su antojo” los centros de votación.

En las últimas elecciones que se realizaron en condiciones de cierta equidad, las legislativas de diciembre de 2015, la oposición arrasó y obtuvo las dos terceras partes de la unicameral Asamblea Nacional. 

Pero este organismo fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia –alineado con Maduro– y sustituido, en los hechos, por una Asamblea Constituyente que el gobierno hizo elegir con candidatos designados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y relegando a la oposición.

“Hay una clara mayoría de venezolanos que quiere un cambio. La población vive un ahogo alimentario, sanitario y en la cobertura de sus necesidades básicas. El gobierno ha encontrado hasta ahora salvavidas, aquí y allá, pero esto cada vez le está resultando más difícil”, asegura Cardoso.

Un fin próximo

El economista José Toro Hardy plantea que, si bien este 10 de enero Maduro iniciará un nuevo mandato de seis años, “la lógica indica que el régimen que él encabeza está llegando a su fin”.

Según el exdirector de la gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la hiperinflación, la recesión económica, la crisis humanitaria, el aislamiento internacional, la “corrupción descomunal”, las sanciones de Washington y Bruselas y la cesación parcial de pagos de la deuda externa en que ha incurrido el gobierno crean una “situación insostenible”.

Y a este conjunto de factores, señala, hay que agregar la destrucción de la industria petrolera venezolana por la falta de inversión y el saqueo al que ha sido sometida PDVSA, la cual aporta, por exportaciones de crudo, 96% de las divisas que recibe el país. 

Pero la producción de crudo de Venezuela cayó el año pasado 40% respecto a la de 2017, según reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El pasado noviembre la producción de hidrocarburos sólo llegó a 1 millón 130 mil barriles, lo que representa una baja de 780 mil barriles respecto al promedio de 2017. 

Toro Hardy señala que con el nivel de producción actual, Venezuela sólo está en capacidad de exportar unos 800 mil barriles de crudo al día, de los cuales sólo le generan divisas la mitad, que vende a Estados Unidos y a la India, porque el resto los usa para pagar deuda a China y a Rusia, y para el programa de cooperación que tiene con Cuba. 

“Por eso es que el gobierno ha dejado de pagar deuda externa y por eso no puede­ importar los alimentos y las medicinas que demanda la población ni las materias primas e insumos que necesita el de por sí colapsado aparato productivo”, dice el economista.

La consultora Ecoanalítica estima que en 2018 las exportaciones de Venezuela llegaron a unos 13 mil millones de dólares, menos de la mitad de las reportadas en 2017. Las importaciones, por su parte, se ubicaron en unos 11 mil 500 millones de dólares el año pasado, la tercera parte de las registradas hace tres años.

“Esto habla de la situación asfixiante que enfrenta el gobierno. Aquí sólo hay dinero para que la cúpula en el poder se aferre a él y para repartir las migajas en el aparato clientelar”, afirma Toro Hardy.

Señala que para recuperar la industria petrolera se requiere una inversión de unos 30 mil millones de dólares, que el gobierno no tiene ni ninguno de los socios que le quedan –China y Rusia– está dispuesto a aportar.

Esta inversión, explica, sería para recuperar en siete años la producción de crudo de hace dos décadas, que llegaba a 3.2 millones de barriles diarios. Por el contrario, Ecoanalítica prevé que este año la producción de petróleo caerá a unos 500 mil barriles diarios, lo que significaría la insolvencia total para el gobierno de Maduro. 

De acuerdo con el exdirector de PDVSA y consultor en asuntos energéticos, el “colapso” del país se ha dado “en todos los órdenes: en el económico, en el social, en el político y en su democracia, y no se ve por ningún lado que exista la mínima disposición del gobierno para intentar un cambio de rumbo”. 

Dice que para que haya democracia en un país debe existir un gobierno legítimo, elegido por el pueblo; debe haber separación y equilibrio entre los poderes del Estado y debe garantizarse el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, “nada de lo cual existe hoy en Venezuela”.

Considera que, por eso, este jueves 10, cuando Maduro inicie un nuevo mandato, “terminarán de caer las máscaras de nuestra supuesta democracia y desaparecerá cualquier vestigio de legitimidad”.

El Frente Amplio

El gobierno de Maduro ha tenido éxito en su propósito de aniquilar a la oposición política. Sus principales líderes están en la cárcel, en el exilio o inhabilitados para postularse a cargos públicos. 

Cardoso afirma que las condiciones de competencia electoral equitativa están cerradas por la existencia de un árbitro parcial (el Consejo Nacional Electoral) y que la posibilidad de diálogo entre el gobierno y la oposición para encontrar una salida negociada a la crisis fue rota por Maduro.

Esto porque el mandatario decidió el año pasado convocar sorpresivamente a elecciones mientras había pláticas con líderes opositores en la República Dominicana. Hasta los facilitadores de ese diálogo, como el presidente dominicano Danilo Medina y el exmandatario colombiano Ernesto Samper, expresaron en privado su molestia con Maduro. 

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –amplia coalición política creada la década pasada para enfrentar al chavismo– también fue víctima de sus divisiones internas y de la lucha de sus principales dirigentes por el liderazgo y las candidaturas.

Cardoso señala que la etapa de la MUD parece superada por el desgaste interno y la implacable persecución oficial y lo que ahora se abre paso es una nueva alianza opositora denominada Frente Amplio. 

La organización congrega a grupos civiles, sindicatos, juntas vecinales y dirigentes de izquierda, centro y derecha, que coinciden en la necesidad de “restaurar el orden democrático en Venezuela”.

Este frente, dice la politóloga, es “una lucecita al final del túnel, que tiene la ventaja de haber surgido desde la base de la sociedad, desde las regiones”.

Y sostiene que puede consolidarse “como una opción real de gobierno en los próximos meses”, cuando se pondrá a prueba, como nunca antes, la capacidad de Maduro para sortear todos los obstáculos que le plantea su segundo mandato de gobierno.

Este reportaje se publicó el 6 de enero de 2018 en la edición 2201 de la revista Proceso.

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