CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abstuvo hoy de apoyar una resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la que el organismo desconoce el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y llama a adoptar medidas para obligarlo a organizar nuevas elecciones. Lo hizo seis días después de rechazar el pronunciamiento del Grupo de Lima --que desconocía la validez de la toma de posesión de Maduro, que se llevó a cabo hoy--, con el argumento de que México respeta el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En su resolución aprobada hoy –con 19 votos a favor, 8 abstenciones y una ausencia--, el Consejo Permanente de la OEA planteó que el nuevo periodo de Maduro “es el resultado de un proceso electoral ilegítimo”, por lo que decidió no reconocer su gobierno y le llamó a organizar nuevas elecciones. La resolución también urge los miembros de la OEA y a países observadores a adoptar “medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”. Luis Almagro, secretario general de la OEA –y promotor de las críticas contra Madura, al que define como jefe de un régimen dictatorial--, aplaudió la adopción de la resolución y afirmó que “el pueblo de Venezuela no está solo, seguimos trabajando para recuperar la democracia, los derechos y libertades de todos”. “Es un plan criminal”, reviró el representante de Venezuela en la OEA, quien en su discurso advirtió sobre “un primer precedente absolutamente peligroso”. En línea con el discurso de Maduro, el diplomático denunció que el posicionamiento de la OEA fomenta un “golpe de Estado” urdido desde Washington, y reafirmó que los demás países miembros del organismo no tienen capacidad para designar un presidente. En paralelo, el gobierno estadunidense vituperó hoy contra la “usurpación ilegítima del poder” de Maduro, y recordó, en una declaración, que Washington impuso sanciones contra siete ciudadanos y 23 empresas de Venezuela, y que sigue imponiendo restricciones de visas a funcionarios del país sudamericano. “Es tiempo para Venezuela que empiece un proceso transicional que pueda restaurar el orden constitucional y democrático mediante la realización de elecciones libres y justas que respeten la voluntad del pueblo venezolano”, sentenció el Departamento de Estado, que urgió el pueblo venezolano a trabajar con el líder de la oposición, Juan Guaido.