CEDHNL rechaza la Guardia Nacional al señalar que las víctimas no han sido escuchadas

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- La Comisión Estatal de derechos Humanos de Nuevo León se pronunció en contra de la creación de la Guardia Nacional (GN), impulsada por el gobierno federal, pues considera que en su integración no fueron escuchadas las víctimas del combate al crimen organizado.

Además, su presencia en estados y municipios puede romper con el Federalismo, pues el Presidente está facultado para enviarla a cualquier entidad o municipalidad sin que la requieran los gobernantes, como ocurre ahora, con lo que se retrasaría el fortalecimiento de las corporaciones locales, dijo Sofía Velasco Becerra, presidenta del organismo.

Con la creación de la GN se ha establecido un plazo de cinco años para que el Ejército deje las calles, “pero nada garantiza que eso así sucederá, porque la experiencia demuestra que ese tipo de preceptos jurídicos pueden ser modificados, como ha sucedido recientemente y bien podrían argumentar que las condiciones, a cinco años de distancia, de ser esencialmente las mismas, prolongarían la permanencia de las Fuerzas Armadas”, alertó.

Si los afectados fueran tomados en cuenta por los Diputados, que determinarán el futuro de la nueva corporación que operará en todo México, tendrían “ evidencia material y tangible de quienes han vivenciado la actuación de las Fuerzas Armadas, ya que esas experiencias pueden abrir una nueva perspectiva para poder juzgar, con mayor objetividad, sobre la pertinencia de una reforma constitucional de este calado”.

En un posicionamiento sobre el tema difundido hoy, la ombudsman estatal celebró que hayan sido escuchados gobernadores, alcaldes, legisladores, organismos civiles y académicos, antes de que sea modificada la Constitución General para la creación de la Guardia, en medio de una crisis de inseguridad que desde hace 12 años ocasionó que el Gobierno Federal determinara incorporar a las Fuerzas Armadas al trabajo policíaco, “al margen de la Constitución, porque dicha acción se llevó a cabo sin existir fundamento”.

Al entregar esta postura al senador panista nuevoleonés Víctor Fuentes, para su estudio en la cámara alta, expuso que la pretendida creación de la GN tiene una configuración distinta a la contemplada actualmente por la Ley que es federalista y de carácter civil, dos características que pueden ser trastocadas por su manejo mayormente centralizado y militarizado, como se establece en el proyecto.

Al explicar que la propuesta quebranta el principio del federalismo, la titular de la CEDHNL explicó que el Presidente de la República está en condiciones de enviar la Guardia al estado o municipio que considere pertinente, una decisión unilateral que no necesariamente atiende la petición de los gobernadores o alcaldes, como actualmente ocurre.

Esta facultad discrecional del jefe del Ejecutivo federal puede inhibir la actuación de las policías estatales, dado que las Fuerzas Armadas, son la instancia más letal y poderosa del Estado.

“Una de las tareas más importantes que tienen los municipios es precisamente la de seguridad, en la que invierten una gran parte de sus presupuestos. Lejos de incentivar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, la Guardia Nacional podría constituirse en un menoscabo a su fortalecimiento, pues colocaría a las autoridades locales en una situación de confort, como ya ha sucedido”, expuso Velasco.

La iniciativa tampoco cuenta con diagnóstico claro que establezca con precisión que la creación de esta corporación sea la mejor respuesta para contener la creciente espiral de delincuencia y violencia que aqueja al país.

“Podemos concluir que después de doce años, el país no se ha pacificado, tan es así que por esa razón las Fuerzas Armadas siguen realizando dichas actividades, respecto de las que cabe señalar no se encuentran constitucionalmente facultados, ni adiestrados”, expuso.

Esto explica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incrementado sus recomendaciones a las fuerzas castrenses desde que intervienen en materia de seguridad pública.

Velasco Becerra señaló que el plan para combatir la violencia debe ser integral, con una observación a otros factores diferentes al uso de la fuerza.

“Una estrategia adecuada en materia de seguridad también debe contemplar el crecimiento económico, las políticas sociales, la atención a los jóvenes, la ampliación de la educación superior, la restauración del tejido social, la justicia transicional y el riguroso respeto a los derechos humanos, entre otras”, concluyó.

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