CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de Morena para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos conlleva el riesgo de una mayor interferencia política, menores contrapesos y exclusión social, advirtió la organización civil México Evalúa, en un comunicado firmado en conjunto con la ONG Ombudsman Energía México. Ambas agrupaciones consideran que un modelo adecuado de buen gobierno para Pemex es asunto de todos los mexicanos, por lo que demandan que las propuestas de modificación al marco jurídico se realicen en un diálogo abierto y nacional. La iniciativa, detalla el comunicado, modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura y afecta mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. México Evalúa recuerda que el 9 de enero, el grupo parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Las modificaciones pretenden garantizar al Ejecutivo federal, a través del director general de Pemex, mayor control sobre la labor estratégica y operativa de la empresa, y debilitar al Consejo de Administración para los procesos de toma de decisiones”, alerta. Ambas organizaciones consideran que con la iniciativa se  excluye a la sociedad en los procesos de toma de decisiones, “perjudicando principalmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, lo cual resulta trascendental no sólo para la empresa estatal, sino para México”. En ese contexto, agregan, “consideramos de suma importancia que dicha reforma sea discutida tomando en cuenta la opinión de representantes sociales y especialistas en el sector. Un análisis riguroso sobre el papel que debe tener Pemex como empresa estatal y las características de su gobierno interno es materia de interés social y público, y debe realizarse de manera abierta y plural”. Entre los riesgos que anticipan de aprobarse el texto, tal y como se presentó, está una excesiva centralización del poder y proceso de toma de decisiones en la figura del director de Pemex, lo que podría eliminar contrapesos y equilibrios internos “en detrimento de la transparencia” e invita a la discrecionalidad y la corrupción en una sola figura. También alertan que la incorporación de soberanía y seguridad energética como principios que debe perseguir Pemex “generarían una gran incertidumbre jurídica respecto del papel de Pemex en el modelo energético actual”. Subrayan que la introducción de elementos que fortalecen la interferencia política podría desincentivar la promoción de la transparencia y la mejora de mecanismos internos para combatir la corrupción y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. “Darle al director general facultades para modificar el Plan de Negocios por razones políticas, emitir lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones; o regular la operación del sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas –todos ellos elementos contenidos en la iniciativa– podría incrementar el riesgo de corrupción y disminuir el apego a los principios de transparencia y competencia que establece la Constitución”.