MÉRIDA, Yuc., (apro).- La diputada panista Kathia Bolio Pinelo presentó hoy en el Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en materia de delitos contra cadáveres, para sancionar a quienes difundan en los diferentes medios de comunicación fotografías de personas fallecidas. Al hacer uso de la tribuna para exponer el sentido de su iniciativa, la legisladora cuestionó a los medios de comunicación que lucran con las imágenes dolorosas de personas fallecidas trágicamente, algunos de los cuales “no dejan nada a la imaginación”. Destacó que la exhibición de ese tipo de fotografías es ofensiva para sus lectores, además de que muchas veces suelen ser acompañadas con textos que insultan al fallecido y a sus familiares. Argumentó que a ello responde su propuesta de modificar dos fracciones y adicionar una al artículo 231 del Código Penal del Estado en materia de delitos contra cadáveres, para sancionar a quienes expongan, difundan o publiquen con o sin el consentimiento de los familiares, en los medios de comunicación fotografías de personas fallecidas. Por otra parte, la diputada Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado para establecer y precisar como objetivo fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción la erradicación en los órganos de gobierno de los actos de corrupción perpetrados por servidores públicos y particulares. Lo anterior, a través de políticas de prevención, identificación y sanción, que impidan permanentemente a los responsables tener trato alguno con el sector público. También propuso que para evitar que personas condenadas por actos de corrupción puedan acceder a cargos de elección popular, se establezca y precise que para ser gobernador, diputado o presidente municipal, uno de los requisitos sea no haber sido condenado por dichos actos. En relación con los funcionarios públicos y los particulares a quienes se haya condenado por el delito de corrupción, López Escoffié propuso para los primeros la inhabilitación permanente para seguir trabajando en el gobierno, y para los segundos, la inhabilitación permanente para celebrar acuerdos de trabajo con el sector público.