Inicia juicio oral contra cinco comuneros de Salazar; están en la lista de presos políticos

TOLUCA, Edomex (apro).- El Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó auto de apertura del juicio oral contra cinco de los ocho comuneros del municipio Salazar que aún se encuentran detenidos en el penal de Santiaguito, por su oposición al despojo y venta de tierras para proyectos inmobiliarios.

De acuerdo con familiares de los comuneros, gente de la senadora Nestora Salgado les informó que esas cinco personas están incluidas en la lista de presos políticos entregada a la Secretaría de Gobernación, para su análisis como candidatos a la amnistía que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De las personas detenidas la madrugada del 31 de agosto de 2017 –mediante un fuerte operativo policiaco–, Cutberto Vilchis García, presidente de la Bienes Comunales, se encuentra sujeto a prisión domiciliaria por su avanzada edad, luego de cubrir una caución por 420 mil pesos.

Tras pagar 403 mil 616 pesos por concepto de reparación de daños, Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas, acusados de lesiones, están en proceso de suspensión condicional.

En tanto, a Fermín Esquivel Rojas, Daneyra y Yuriko Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Miguel Ángel Vilchis García, acusados de privación de la libertad y robo con violencia, se les mantiene en prisión preventiva en el penal de Santiaguito.

Gabriel Aldana, defensor de los campesinos, expuso que el 30 de septiembre de 2016, Mario Alberto de León Venegas intentó tomar posesión de un terreno que cuenta con una resolución agraria en la que se reconoce que es propiedad de los comuneros, de manera que no puede ser enajenada ni embargada.

Ese 30 de septiembre, abundó, De León Venegas llegó acompañado de tres personas –dos de ellas, armadas–, pero los pobladores se opusieron al despojo, desarmaron a aquellos y los entregaron a la autoridad competente. Sin embargo, el acta levantada por los vecinos en Lerma desapareció, por lo que se presume influencia política.

José Rojas, familiar de los detenidos, indicó que como pruebas les fueron aceptados varios testimonios, tres periciales, 15 videos y 40 imágenes relacionados con el día en que ocurrieron los hechos.

También el expediente agrario que los reconoce como propietarios de las tierras en disputa, el informe de los policías municipales de Lerma del 30 de septiembre de 2016, y la puesta a disposición de Juan Carlos Ríos Soto –una de las supuestas víctimas– por supuesta posesión de arma de fuego.

Otra prueba aceptada es la denuncia que presentó uno de los comuneros detenidos contra Juan Carlos Ríos Soto y Mario de León Venegas, por daño a bienes derivado del supuesto intento de éstos de apoderarse del terreno en que se sustentan las acusaciones en su contra, sin avances desde entonces.

Los testimonios de los policías federales que pusieron a disposición a Ríos Soto por la presunta posesión del arma es otra de las pruebas aceptadas.

Con estos elementos, los comuneros confían en demostrar que aquel día sólo intentaron impedir el despojo del terreno, después de que quienes los acusan pretendieron cercarlo al argüir que lo habían comprado a habitantes del pueblo de San Mateo Atarasquillo, una localidad que también forma parte del municipio de Lerma y colinda con Salazar.

Durante la audiencia, el Ministerio Público ofreció como prueba un video que supuestamente fue grabado por Mario Alberto de León el 30 de septiembre de 2016 (el mismo sirvió como base para la audiencia de vinculación a proceso de los ocho detenidos).

Esta prueba fue cuestionada por la juez, debido a que De León denunció el robo de su celular, lo que habría imposibilitado que grabara la escena. Posteriormente el MP corrigió e indicó que el video fue entregado por unos vecinos del poblado, de manera que también fue admitido como prueba.

Al término de la audiencia, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó el auto de apertura del juicio oral, lo turnará al Tribunal de Enjuiciamiento para que se insacule al juez que llevará el caso, y será éste quien fije fecha y hora para la siguiente audiencia.

Los comuneros han señalado que detrás del intento de despojo se encuentra la venta irregular de terrenos a grandes empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub, Pablo Escudero y León Manuel Bartlett –hijo de Manuel Bartlett, hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, entre otros, para la edificación de ambiciosos proyectos inmobiliarios.

Comentarios

Load More