CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En dos meses Morena procesó cuatro propuestas de Guardia Nacional que fue modificando conforme aparecían diques de la oposición. Una de ellas nunca se materializó en dictamen y fue justo la que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería… pero nunca llegó al pleno de la Cámara de Diputados, aunque sí fue conocida como el “transitorio eliminado”. Después de los foros de consulta realizados entre el martes 8 y el sábado 12 en San Lázaro, y a pesar de tener ya amarrado el respaldo del PRI más algunos sufragios del PRD para avalar los cambios constitucionales, Morena se enfrentó a un nuevo documento redactado en la Secretaría de Gobernación (Segob) que debía cabildearse con los diputados de la oposición. Para que lo conocieran, los coordinadores parlamentarios René Juárez (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Tonatiuh Bravo (MC), Ricardo Gallardo (PRD), Arturo Escobar (PVEM) y Mario Delgado (Morena) fueron convocados a Gobernación el lunes 14. Los diputados llegaron a Bucareli a las ocho de la mañana. Pese a que la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, y sus colaboradores Zoé Robledo y Jorge Alcocer expusieron a los legisladores las bondades del documento – que “podía ayudar a generar consensos”, les dijeron–, no lograron su cometido. El mismo lunes 14 por la tarde el diputado morenista Pablo Gómez, a quien se encomendó la negociación con el resto de los grupos parlamentarios, vio que no había condiciones para que transitara y lo eliminó del dictamen final. Del extraordinario al transitorio El 19 de noviembre, Morena presentó en San Lázaro una propuesta de reforma a 13 artículos de la Constitución para avanzar en la creación de la Guardia Nacional; además, incluía cinco artículos transitorios. El quinto señalaba que “en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional…” y añadía que el trabajo de ésta sería revisado a los tres años por el Ejecutivo federal en coordinación con el Poder Legislativo. Asimismo, exceptuaba de la aplicación del 129 constitucional a “los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional”. Ese artículo dispone que en tiempos de paz ningún militar puede realizar funciones que no tengan que ver con la disciplina castrense. Semanas después, el 20 de diciembre, Gobernación ofreció a los diputados una nueva redacción del artículo quinto transitorio, el cual establecía que la Guardia Nacional estaría bajo la égida de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante los primeros cinco años y luego pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública, Y añadía: “…y por un plazo máximo de cinco años, como excepción a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo décimo segundo, y 129 de esta Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Sedena…”. La propuesta agregó dos transitorios más: el sexto y el séptimo, en los que exponía que las policías estatales y municipales serían sometidas a revisiones y, en caso de no observar mejoras, serían intervenidas; si persistía su mal desempeño, se retiraría a las entidades el dinero de las participaciones federales destinadas a la seguridad pública. En forma paralela a la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de ese dictamen, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunió con los diputados de Morena y les advirtió que si no se aprobaba la Guardia Nacional, se retiraría el Ejército de las calles. Al día siguiente, el 21 de diciembre, los coordinadores parlamentarios fueron convocados por la Segob para explicarles el dictamen recién avalado; a su vez, Durazo se reunió con gobernadores del PRI y el PAN. En el encuentro con Gobernación “se nos pidió en nombre del presidente que apoyáramos la propuesta. El PRI no alcanzó a llegar, pero nosotros le manifestamos nuestra diferencia y las razones por las cuales no podíamos apoyar dicho dictamen”, recuerda el coordinador de MC, Tonatiuh Bravo. Dice que también se lo comentaron a Sánchez Cordero cuando les pidió respaldar el dictamen, hacer una consulta y tomar en cuenta lo que en ella se expresara. De ahí, según el diputado Bravo, él y sus colegas se fueron a San Lázaro y a las 13:00 horas se reunieron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). “Ahí propuse que la Guardia Nacional se discutiera en el periodo ordinario de febrero, pero el morenista Mario Delgado no estuvo de acuerdo. Dijo que él sólo apoyaría los foros en enero si se hacía un periodo extraordinario. Su propuesta fue aceptada”, relata Bravo. En la reunión de Durazo con los gobernadores, éstos insistieron en que las Fuerzas Armadas continuaran apoyándolos, sobre todo porque él había declarado que sin Guardia se retiraría el Ejército. Varios expresaron su preocupación y él les dijo: “Hablen con los diputados para que los convenzan (a las tropas de la Sedena) de que apoyen”. Y así ocurrió por lo menos en el PRI, cuya bancada en San Lázaro estaba dispuesta a apoyar el dictamen del 20 de diciembre. “La presión provenía principalmente de los gobernadores del PRI y el PAN”; cada partido tiene 12 ejecutivos estatales. Los foros se acordaron ese 21 de diciembre y se agendaron para el periodo del martes 8 al sábado 12 de enero. En esos encuentros, gobernadores, presidentes municipales, organismos defensores de derechos humanos y académicos se manifestaron por que el mando de la Guardia Nacional fuera civil. El domingo 13 a las 16:30 horas, la Segob y la Consejería Jurídica (CJ) de la Presidencia elaboraron la última versión del documento “Propuesta alternativa Segob/CJ”, en el cual retomaban parte de sus propuestas anteriores y se incluyó el ya famoso “cuarto transitorio”, que decía: “De manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”; es decir, presentaba aquí el corazón de la reforma: legalizar el trabajo de los militares en tareas de seguridad pública. Para estar en sintonía con dicho artículo, otros transitorios fueron modificados, como el 1 del dictamen del 21 de diciembre, que establecía que la Guardia Nacional haría los trabajos del artículo 21 constitucional (es decir, tareas de seguridad pública que corresponden a los municipios). En el documento de la Segob/CJ se planteó en cambio que la Guardia iniciara sus funciones, cuando entrara en vigor el decreto, “con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y la Policía Naval”. Añadió: “En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal...”. Y luego se enlazaba con el cuarto transitorio, según el cual “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”. Ya con su redacción de propuesta, la Segob decidió invitar para el lunes 14 a los coordinadores parlamentarios con el fin de informarles sobre el documento y pedirles su respaldo. El diputado Tonatiuh Bravo sostiene que nunca lo rechazaron de manera explícita, pues se les expuso en forma general. Aunque los legisladores contestaron que preferían “tomar esos elementos y analizarlos, el propio PRI comentó que ellos todavía creían convenientes algunos cambios”. Prosigue: “Al final, lo único que les dijimos es que esa seguía siendo una traba porque parecía que lo que quitaban en un lado –el mando militar– lo regresaban en otros artículos. Ese seguía siendo el principal problema; veíamos avances en el federalismo y otros puntos, pero había aspectos que todavía teníamos que revisar, y justamente el cuatro transitorio tenía que ver con eso”. Pablo y el transitorio Al salir del encuentro en Bucareli, los coordinadores parlamentarios convocaron a la Jucopo y acordaron realizar una “mesa de trabajo” para las 17:00 horas. En esa mesa, PAN, PRD y MC rechazaron tajantemente el cuarto transitorio. Y aun cuando el PRI se mostraba vacilante, Pablo Gómez, quien encabezó los trabajos, determinó que, como no había consenso suficiente, se eliminaba el famoso transitorio del dictamen final, que se sometió a votación el miércoles 16, aunque los legisladores sí dejaron el que hacía referencia a la ley de la Policía Federal; es decir, dejaron la reforma a medias. En la mesa de trabajo, relata Tonatiuh Bravo, “Martha Tagle (MC), Verónica Juárez Piña (PRD) y Jorge Galván Espadas (PAN) comentaron el cuatro transitorio y se opusieron. Pablo Gómez admite que, efectivamente, no debía ir”. Agrega: “Creo que (los de Morena) vieron que toda la oposición no estábamos de acuerdo; por lo tanto, para qué sostenerlo. La representante del PRI, María Alemán, dijo que ellos preferían que no viniera”. Según él, Gómez no quería modificar el borrador de Segob/CJ: “en general se resistía a cualquier cambio”. No obstante, indica: “Todos planteamos nuestra petición de que se eliminara, y Pablo Gómez dijo: ‘Está bien, no lo tomen en cuenta’”. El jueves 17, en entrevista colectiva a Pablo Gómez –a quien el priista Enrique Ochoa Reza y la perredista Verónica Juárez Piña atribuyen la eliminación del cuarto transitorio–, respondió: “Yo no lo eliminé; lo eliminamos todos… nadie lo quería”. Y aclaró “No iba a tener la mayoría necesaria en el pleno. Por lo tanto, no valía la pena incluirlo; podíamos poner en peligro todo el proyecto”. –Ese día, en la mesa, ¿alguno de los diputados le comentó a Pablo Gómez si eliminar el cuarto transitorio iba a generar el veto del Ejecutivo federal? –se le pregunta al diputado Bravo. –No. Nadie le dijo eso. Nosotros partimos de que estábamos negociando con el partido mayoritario. Ellos (los de Morena) tendrán que hacer su mecánica de trabajo, pero nosotros lo dimos como acuerdo firme con la mayoría. Bravo también aclara que nunca se votó, pues era una mesa de trabajo. Sólo se hicieron los comentarios. El martes 15, el documento que salió de la mesa que encabezó Pablo Gómez, y en el cual se eliminó el cuarto transitorio, se difundió entre los 500 diputados federales. Y así, sin el transitorio que elaboró Segob/CJ y cuya eliminación molestó al presidente López Obrador, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la sesión del miércoles 16 “una Guardia Nacional deslactosada”. Tonatiuh Bravo se dijo sorprendido por el rechazo de López Obrador. Lo mismo pasó con los legisladores de Morena, pese a que se les turnó el documento el martes 15. Lo que pasó es que se centraron en el artículo 21 constitucional. En entrevista, el morenista Javier Hidalgo admite que sus compañeros de bancada consideraron que la permanencia de los militares en las calles no se estaba tocando, pues durante los foros todos reconocieron que la participación de las Fuerzas Armadas era necesaria. Además, como en los foros se dijo que la nueva institución tendría un mando civil, la permanencia de las tropas ya no estaba a discusión. Por eso a los morenistas y a los integrantes de la fracción de MC les sorprendió el reclamo de López Obrador.  Este texto se publicó en la edición 2203 de la revista Proceso, ya en circulación.