CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el homicidio del periodista y locutor de la radio comunitaria Kashana, Rafael Murúa Manríquez, quien contaba con medidas de protección del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación “por la falta de mecanismos idóneos por parte de la autoridad para prevenir y evitar homicidios de comunicadores”, violencia que, subrayó, busca “inhibir el ejercicio profesional del periodismo”. En un comunicado, la CNDH condenó el homicidio del periodista, el primero del año y el 142 en la ominosa lista de comunicadores sacrificados registrada por la CNDH desde el año 2000. Al expresar sus condolencias y solidaridad para la familia de Murúa Manríquez y sus compañeros de radio Kashana, el organismo exigió “realizar una investigación inmediata que analice la línea vinculada con la labor periodística de la víctima”. Asimismo, solicitó al gobierno de Baja California Sur y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, medidas cautelares para familiares de Murúa y colaboradores de la radio comunitaria Kashana, a fin de “salvaguardar su vida y seguridad, así como también se les brinden medidas de contención emocional”. De acuerdo con el comunicado, el organismo tuvo conocimiento que el sábado 19, Murúa fue visto por última vez en la comunidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Un día más tarde, se dio a conocer su desaparición y el hallazgo del cuerpo del comunicador “con signos de violencia”, añadió la CNDH al manifestar su solidaridad con el gremio periodístico de Baja California Sur. Según información publicada en redes sociales, Murúa Manríquez era beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, debido a que había sido blanco de amenazas.