Primer Fiscal General: Una designación con estigma de desconfianza

La poco complicada designación de Alejandro Gertz Manero en el Senado como el primer Fiscal General de la República sigue contrastando con las suspicacias de diversos sectores sociales y políticos por su cercanía con el presidente López Obrador. Por ejemplo, organizaciones civiles como las agrupadas en el colectivo Fiscalía Que Sirva y el Observatorio Designaciones Públicas cuestionaron el proceso de selección, en tanto que el PAN votó en contra del nombramiento por considerar que el diseño del artículo 102 constitucional y la Ley Orgánica de la Fiscalía General no garantizan la independencia y autonomía de la institución que sustituye a la PGR.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso9.- Poco antes de ser electo por 91 votos a favor de 128 senadores, Alejandro Gertz Manero sintetizó con el siguiente panorama y cifras su desafío como primer Fiscal General: en el país se cometen 33 millones de delitos al año, pero sólo menos de dos millones son denunciados, y de esta cifra únicamente 200 mil se consignan. Es decir, existe un “marco de impunidad” del 99 por ciento en los ilícitos cometidos.

“Esta es la verdadera realidad en la que se dará el cambio de la Procuraduría General de la República”, sentenció Gertz, quien a sus 79 años vuelve a asumir el triple reto de configurar una nueva institución –como lo hizo en el sexenio de Vicente Fox al encabezar la entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública–; enfrentar el desafío del crimen organizado en medio de un plan nacional contra el robo de combustible que ha generado un contraataque de los huachicoleros y tragedias como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, y garantizar credibilidad e independencia tras cuatro años de intensas pugnas partidistas para que naciera la Fiscalía General.

Ante la elección de Gertz, organizaciones civiles agrupadas en el colectivo Fiscalía Que Sirva y el Observatorio Designaciones Públicas cuestionaron el procedimiento mediante el cual se seleccionó a Gertz porque, afirman, fue “sumamente apresurado”, carente de transparencia y porque “fue definido con antelación, en un proceso que fue ajustándose sobre la marcha y que atentó seriamente la certeza jurídica y la confianza ciudadana”.

Gertz Manero advirtió que hay más de 300 mil averiguaciones y carpetas de investigación que “están vivas” en la estructura damnificada de la Procuraduría General de la República y existen casi 100 mil mandamientos, entre órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que no se han cumplido.

“En esas circunstancias es en las que se maneja y en las que se trata de obtener una procuración de justicia”, se lamentó ante los senadores.

En su extensa trayectoria pública, Gertz no sólo ha trabajado para gobiernos del PRI, sino también para el PRD en el primer gobierno electo de Cuauhtémoc Cárdenas en la capital de la República como secretario de Seguridad Pública entre 1998 y 2000; para el PAN como primer titular de la SSP con Vicente Fox, y luego como diputado federal entre 2009 y 2012, antes de que retornara el priismo a la presidencia de la República, con Enrique Peña Nieto, de quien se distanció definitivamente hasta convertirse en un simpatizante de AMLO en la campaña de 2018.

En todos sus cargos públicos ganó fama de rudo, directo y defensor de sus propias estrategias, aun a costa de terminar mal con sus jefes directos, según sus distintos excolaboradores y biógrafos.

Encabezó en 1976 la primera batalla contemporánea contra el narcotráfico, conocida como Operación Cóndor, que provocó la migración de los capos de la droga de Sinaloa a Jalisco; fue secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y procurador federal de Defensa del Trabajo.

Tras la abrupta renuncia del primer jefe de la policía capitalina en el gobierno de Cárdenas, Rodolfo Debernardi, acusado de pertenecer a la mafia de viejos mandos corruptos conocidos como “La Hermandad”, proveniente de la época de Arturo El Negro Durazo, Gertz emprendió una “limpia” en la SSP de la Ciudad de México entre 1998 y 2000, al grado de enfrentarse a una rebelión de miles de policías auxiliares manipulados por los comandantes.

Su papel exitoso en la Ciudad de México lo acreditó para que el primer presidente de la República proveniente del PAN, Vicente Fox, lo nombrara como titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. No fueron buenas las relaciones entre Fox y Gertz. “Sólo logré tener un acuerdo directo con el presidente Fox”, confesó alguna vez, y renunció en agosto de 2004, aprovechando que se jubilaba del servicio público.

Durante el gobierno de Calderón fue un crítico frontal de la “guerra contra el narcotráfico” diseñada por Genaro García Luna. Se refugió en las labores académicas y periodísticas desde las instalaciones de la Universidad de las Américas, en la Colonia Roma.

Al reportero Ricardo Ravelo le declaró en julio de 2007: “El problema de la policía no se ha podido resolver porque no se ha visto en toda su dimensión. La policía es una estructura vertical que se hizo para servir al poder y no a la justicia ni a la sociedad. Eso es lo que hace que los policías locales, municipales y estatales ejerzan un control, pero se vuelven cómplices, sicarios, encubridores y socios de los narcotraficantes” (Proceso 1600).

Los vicios del sistema de procuración de justicia los padeció él mismo. Así lo narró a este semanario cuando le explicó al reportero Jorge Carrasco su odisea para exigir justicia por el asesinato de su hermano Federico Gertz Manero. Acusó directamente a Laura Mora Servín y a sus hijas Alejandra Guadalupe y Laura Cuevas Morán –suegra del actual gobernador mexiquense Alfredo del Mazo– de ser las responsables del homicidio de su hermano.

Denunció a Laura Mora Servín, concubina de su hermano durante 40 años, como probables responsables de la muerte de Federico Gertz, abogado de 82 años que falleció como consecuencia de daños irreparables a su salud y por habérsele prescrito medicamentos que le hicieron perder la razón.

El Ministerio Público capitalino determinó primero que se trató de una muerte por abandono y luego cerró el expediente señalando que se trató de una muerte “por causas naturales”.

“Hay una fuerza poderosa que está detrás de todo esto”, aseguró Gertz Manero. “¿Quién tiene la capacidad de ordenar que la Procuraduría de la Ciudad de México advierta que nunca va a consignar a nadie en ese asunto y tenga el aval de una juez federal y de un magistrado de un tribunal colegiado?”, se preguntó. Y señaló al consejero jurídico del entonces presidente Peña Nieto, Humberto Castillejos, como operador para que “este asunto no vaya a lastimar a alguien del poder” (Proceso 2130).

Su carrera política se suspendió cuando él apareció en 2009 en la lista de diputados plurinominales de Convergencia, partido liderado por el exgobernador veracruzano Dante Delgado, quien siempre hizo alianza electoral con el PRD y con Andrés Manuel López Obrador para mantener el registro.

Dejó la diputación federal en 2012 y se desmarcó cuando Convergencia se convirtió en Movimiento Ciudadano y decidió integrarse al frente opositor que apoyó la candidatura presidencial de 2018 del panista Ricardo Anaya.

AMLO ya había mencionado en 2006 a Gertz como posible secretario de Seguridad Pública si ganaba la presidencia de la República en su primera campaña. Doce años después, a instancias de Alfonso Durazo, exsecretario particular y vocero de Vicente Fox, Gertz se incorporó al equipo de López Obrador en la campaña de 2018.
Para sorpresa de muchos observadores, no se quedó como asesor o titular de la Secretaría de Seguridad Pública sino como encargado de despacho de la PGR en diciembre de 2018, al tomar posesión López Obrador. Y desde ese momento ha ocupado un lugar central en la estrategia de combate a la delincuencia y, en especial, contra el robo de combustibles, tras el plan lanzado el pasado 27 de diciembre.

Prácticamente todos daban por un hecho que la bancada mayoritaria de Morena en el Senado apoyaría al exprocurador capitalino Bernardo Bátiz como primer Fiscal General y no al nieto del empresario alemán y cónsul honorario del imperio austrohúngaro, Cornelius Gertz.

Sin embargo, en el tramo final de la elección del Fiscal General, la posición de Gertz se fortaleció con el apoyo de los senadores del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD e, incluso, de algunos legisladores del PAN que lo vieron con buenos ojos por su amplia experiencia.

Finalmente, el PAN decidió votar en contra de su designación bajo el argumento de que el diseño del artículo 102 constitucional y la Ley Orgánica de la Fiscalía General no garantizan la independencia y autonomía de la institución.  

Este texto se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.

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