TOLUCA, Edomex (apro).- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) confía que los seis defensores del agua de San Pedro Tlanixco recuperen su libertad en las próximas semanas, debido a los errores procesales que incluso fueron documentados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con José Antonio Lara Duque, coordinador general del CDHZL, en los siguientes días deberá resolverse el recurso de apelación promovido contra la sentencia de 50 años de prisión impuesto a los últimos tres acusados por la muerte de un empresario español, en 2003, en condiciones aún no esclarecidas. Luego de confirmar que los seis defensores detenidos por ese hecho se encuentran en la lista de presos políticos que podrían recibir la amnistía del gobierno de la República, Lara Duque indicó que, de existir disposición del Poder Judicial mexiquense, tendrían que ser liberados después de resolverse el recurso de apelación interpuesto por los errores detectados durante el proceso judicial. En 2007, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles fueron sentenciados a penas de los 50 a los 54 años de prisión. En noviembre de 2017 Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez recibieron una condena de al menos cinco décadas para cada uno. En julio de 2018 la ONU envió al gobierno de México un comunicado en el que manifiesta su preocupación, porque “el proceso judicial… carecería de las garantías del debido proceso, y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad habría sido adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua”. Los procesos judiciales seguidos a los seis presos políticos, refiere el documento, “se habrían visto afectados por varias irregularidades”. Entre ellas enlista una “ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo”, y el desconocimiento de la calidad de pueblo originario durante los juicios. Históricamente el agua de este río fue utilizada por la comunidad para uso doméstico y agrícola, pero en los 80 varias empresas florícolas, nacionales e internacionales, se asentaron en el municipio colindante de Villa Guerrero y formaron la Asociación de Usuarios del Río Texcaltenco, presidida por el empresario español Alejandro Isaak Basso. En 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anuló la concesión a la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial, “con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso del agua”. Los pobladores se movilizaron para denunciar la violación de este derecho y organizaron marchas y mítines. De manera infructuosa la Secretaría General de Gobierno del Estado de México convocó a mesas de trabajo con Conagua, los afectados y empresarios. La muerte de Alejandro Isaak Basso ocurrió el 1 de abril de 2003, cuando entró a la comunidad acompañado por 11 personas, con el argumento de que el agua llegaba “espumosa” a Villa Guerrero. Los indígenas percibieron esta acción como una posible agresión y sonaron las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad. Los empresarios fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 300 personas que los llevó a la delegación para que, mediante asamblea, decidieran la forma de resolver el conflicto, según usos y costumbres. En el camino se hicieron dos grupos que tomaron diferentes rutas. El primero, que llevaba a Isaak Basso, se fue por un camino escarpado. Posteriormente el cadáver del empresario se localizó en el fondo de una barranca de 300 metros de profundidad. Las otras 11 personas de la Asociación de Usuarios del río Texcaltenco presentaron denuncias ante la autoridad jurisdiccional, inicialmente por privación ilegal de la libertad y luego por el homicidio de Isaak Basso. En los meses siguientes, hasta 100 policías entraron a la comunidad con órdenes de arresto, y actuaron “con gran violencia –tanto física como psicológica– hacía los habitantes… En algunos de los operativos realizados durante la madrugada, los policías habrían retirado de sus viviendas a personas desnudas o en ropa interior, sujetándolas contra el piso en las calles.” En su comunicado, la ONU demandó al Estado Mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos, pues “sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos o el fondo de los juicios, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por el hecho de que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas… no parezcan estar basadas en pruebas imparciales y que, en consecuencia, no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal.” A finales de diciembre pasado, la diputada local de Morena Nancy Nápoles explicó que la investigación documental del caso Tlanixco, respaldada por la ONU, ejemplifica la complicidad de gobiernos, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación, dependencias gubernamentales y jueces, todos entrelazados en redes de corrupción que afectan a los pueblos indígenas.