CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las recientes muertes de defensores de derechos humanos y periodistas en los primeros días del año, pese a que dos contaban con medidas del Estado mexicano, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), llamó a realizar una “profunda reflexión” sobre la efectividad de los instrumentos estatales de seguridad para esos gremios. En un comunicado de prensa, la ONU-DH hizo un recuento de los tres defensores asesinados este año -José Santiago Gómez Álvarez, Noé Jiménez Pablo y Sinar Corzo-, muertes que se suman a la del periodista José Rafael Murúa Manríquez, casos que engrosan la tendencia preocupante de violencia heredada en el sexenio pasado. El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, consideró que estos recientes casos “muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario cambios estructurales para atajarla”. Al recordar que en 2018 se cerró con las muertes de 13 defensores y de 12 periodistas, Jarab consideró preocupante que en los casos recientes “las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos”. Para el funcionario de la ONU-DH, las denuncias “deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir”. Subrayó que el hecho de que Rafael Murúa y Noé Jiménez contaran con medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, “debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia”. En ese sentido recomendó que “las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas”, además de que las sanciones para los perpetradores deben ser ejemplares. “Se deben esclarecer completamente estos crímenes, pues no debemos olvidar que la mejor medida de protección y de no repetición en los casos de agresiones contra defensores y periodistas es una investigación pronta y eficaz que logre justicia para las víctimas”, puntualizó el representante de la ONU-DH. Jan Jarab destacó que “México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”. Agregó que esas actividades “deben ser protegidas e incentivadas por el gobierno mexicano en su conjunto, pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho”. Tras solidarizarse con los familiares y compañeros de las víctimas, la ONU-DH hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia para “llevar a cabo investigaciones prontas y eficaces de los ataques contra los defensores y el periodista, exentas de prejuicios y en línea con el debido proceso y adoptar medidas de atención y protección eficaces para los familiares y colegas de las víctimas”.