Exigen que se acate recomendación de CNDH para garantizar justicia a activista asesinado en Tlapa

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares del activista Antonio Vivar, asesinado a tiros durante un desalojo en Tlapa, en 2015, exigieron a los gobiernos federal y estatal cumplir la recomendación 85 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La recomendación, difundida en diciembre pasado, determina que soldados y policías federales y estatales, así como funcionarios y autoridades ministeriales de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, encargados de investigar los hechos, incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos de profesores.

Incluso advierte que la actuación de siete agentes del Ministerio Público de la Fiscalía estatal y de la Procuraduría General de la República (PGR) no garantizó el acceso a la justicia, porque a casi cuatro años de la tragedia, la carpeta de investigación no ha sido consignada y permanece en fase de integración.

Como ejemplo, la CNDH citó la omisión de la Fiscalía estatal, que se ha negado a remitir a la PGR, sin causa justificada, tres casquillos hallados en la escena del crimen y un fragmento de plomo extraído del cuerpo del joven activista.

Por ello, familiares de Antonio Vivar y profesores del magisterio disidente que participaron en las protestas para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acatar los puntos de la recomendación de la CNDH para garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas.

También exigieron que los procesos administrativos ordenados por el organismo se cumplan, y alcancen a las autoridades federales y estatales de ese entonces para determinar su participación directa e indirecta en el desalojo ordenado el 7 de junio de 2015, cuando perdió la vida el activista, y ocho docentes fueron detenidos y sometidos a tortura.

Por su parte, los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señalaron que, pese a que la recomendación de la CNDH es tardía, quedó demostrado el uso excesivo y letal de la fuerza en operativos policiaco militares para tratar de contener movimientos de protesta social.

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