CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a las expresiones de “punto final” y “borrón y cuenta nueva” para los casos de corrupción e impunidad de los últimos 50 años, activistas y académicos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador medidas efectivas para alcanzar la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición por violaciones graves a los derechos humanos. En conferencia de prensa, miembros de organizaciones sociales y víctimas de abusos presentaron este martes sus propuestas para la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, así como la implementación de un un nuevo modelo de reparación y un mecanismo de participación de la sociedad civil en dichos proyectos. Durante la exhibición de los documentos, entregados a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Araceli Rodríguez –madre de Moisés Hernández García, un policía federal desaparecido tras la represión en Nochixtlán, Oaxaca– y Miguel Ángel Moreno, abogado de la comunidad de Arantepecua, Michoacán, víctima de abusos policiales, se pronunciaron en contra del “borrón y cuenta nueva”, y señalaron que ello va contra el compromiso que López Obrador hizo con las víctimas, como candidato y presidente electo. Al exigir la atención a las propuestas planteadas, Rodríguez resaltó que, tras la reunión de López Obrador con víctimas, el pasado 14 de septiembre, tuvieron una “luz de esperanza” y piden que “no sea enterrada”. “Queremos verdad y justicia, castigos ejemplares para quienes nos tienen en la incertidumbre”, clamó la madre de Luis Ángel León Rodríguez, oficial de la Policía Federal desaparecido en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en 2009. José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que ante un panorama desolador, “con registros de más de 40 mil desaparecidos, 30 mil cuerpos sin identificar, 200 mil personas ejecutadas y 15 mil casos de tortura, muchos de ellos por miembros de fuerzas armadas, números que superan a los registrados en países con conflictos armados, lo que claman las víctimas es que realmente haya verdad y justicia, para que mínimamente se vaya recuperando la confianza en las instituciones”. Tras recordar que, como candidato López Obrador se mostró abierto para aceptar la creación de un Mecanismo Internacional, Guevara Bermúdez manifestó que hasta ahora no habido acercamientos con las organizaciones para materializarlo. Por lo pronto, dijo, la propuesta de la sociedad civil sobre el Mecanismo Internacional contra la Corrupción y la Impunidad tendría que ser creado a partir de un convenio de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para mantener autonomía en la investigación de “crímenes atroces y de macrocriminalidad”. Respecto de la Comisión Nacional de la Verdad, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), destacó que la propuesta es que sea un ente creado por el Congreso, en busca de explicar los orígenes de la violencia, así como entender patrones e identificar perpetradores de graves violaciones a derechos humanos, considerando dos periodos: el de la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, de 2006 a la fecha, y el de la “violencia política”, de 1965 a 2006. En cuanto al nuevo modelo de reparación integral de daños, Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, explicó que el proyecto planteado al gobierno de López Obrador se fundamenta en el “derecho humano de las víctimas de violaciones a derechos humanos a una reparación integral del daño digna, que le permita recuperar la confianza en las instituciones, lo que es ajeno a programas sociales. Las víctimas no quieren donativos ni becas”, soltó. Michael Chamberlin, de Open Society Justice Initiative, explicó que la propuesta de crear un mecanismo de protección de testigos y víctimas tiene como objetivo “abatir la impunidad y la continuidad de los crímenes atroces”, sobre todo cuando hasta ahora “se ha soslayado el tema de seguridad de testigos, que no ha funcionado, y en muchos casos los testigos han sido ejecutados y los procesos judiciales se han caído”. Para la aplicación de las propuestas, Mariclaire Acosta, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvo que es indispensable la participación de víctimas y sociedad civil, pero que “no sea empleada con propósitos meramente legitimadores, sino efectiva, representativa, robusta y sostenible en el tiempo”. En representación de la Secretaría de Gobernación, el responsable de la Unidad de Derechos Humanos, Aarón Mastache, se comprometió a tomar en cuenta los documentos presentados para “ser integrados en el Plan Nacional de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Desarrollo, que en estos momentos se está elaborando”.